Luis Bárcenas solicita penas de prisión de que superan los 40 años de cárcel para José Manuel Villarejo, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el resto de acusados en la trama Kitchen. El que fuera tesorero del Partido Popular les atribuye una decena de delitos -entre ellos revelación de secretos, prevaricación y allanamiento- por la operación de espionaje de la que fue víctima para documentación sensible del partido en pleno caso Gürtel.
Así lo plasma en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que actúa contra el total de 11 acusados por la conocida como operación Kitchen. Bárcenas solicita penas que superan los cuarenta años de cárcel para Villarejo así como para otros mandos policiales implicados en la causa, aunque para su exchófer Sergio Ríos Esgueva reclama una pena inferior, de 33 años de cárcel.
En el escrito presentado este mismo martes en la Audiencia Nacional, Bárcenas asegura que fue víctima de una trama orquestada por el Ministerio del Interior y ejecutada por la conocida como policía patriótica, para sustraerle "pruebas de un procedimiento judicial" con fondos reservados del Ministerio que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz.
"A parte de las órdenes dadas por el ministro, que estaba al tanto de todos los movimientos del operativo siendo informado puntualmente por Francisco Martínez y las motivaciones que pudieran tener estos para conseguir, ocultar, destruir o en definitiva salvaguardar la información que pudieran pensar era comprometida para el partido, la finalidad adicional que gustaba tanto a Villarejo como a Enrique García Castaño sería realmente la de incautar y mantener dicha documentación en su poder sin entregárselo a sus superiores, para poder obtener algún tipo de beneficio personal", reza el escrito.
Cospedal, de testigo
Así las cosas, pide sentar en el banquillo a Villarejo; Sergio Ríos Esgueva, el exministro Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el número dos de la Policía Nacional Eugenio Pino; el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño; el que fuera jefe de seguridad de Cospedal en Castilla-La Mancha Andrés Gómez Gordo; el exjefe de la UDEF José Luis Olivera; su homólogo en Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas y los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez.
A todos ellos -excepto Ríos Esgueva- les atribuye un delito de asociación ilícita, tres delitos de secuestro y otros tres de amenazas, allanamiento de morada, tenencia ilícita de armas, coacciones, revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho pasivo, tráfico de influencias, malversación, allanamiento de persona jurídica y tres faltas de lesiones.
Su defensa ,que ejerce la letrada Marta Giménez, reclama también que en el juicio declaren más de 30 personas como testigos, entre las que se encuentran la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; su exjefe de gabinete José Luis Ortiz y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. El instructor de la causa, Manuel García Castellón, les citó a declarar a los tres en calidad de imputados a lo largo de la investigación, aunque les archivó la causa contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción.
Su mujer y su hijo, las víctimas
Integran la lista el cura de la trama Silverio Nieto; los policías José Francisco González y Jesús Vicente Galán; los notarios Alberto Vela y Enrique Augusto Franch y el director de Soto del Real, José Luis Argenta. Bárcenas da especial importancia al testimonio que puedan aportar los internos de esta cárcel hasta el punto que quiere también que el tribunal cite a su compañero de celda de 2013, el encargado del módulo 4 en el que ingresó aquel año y el funcionario de la cárcel encargado de su seguridad.
Del mismo modo quiere que declaren en calidad de perjudicados su mujer Rosalía Iglesias y su hijo Guillermo Bárcenas. De hecho, explica que su familia ha sido víctima de esta operación parapolicial en el marco de la cual se llegó a producir en 2013 un asalto a su casa. El 23 de octubre de ese año, un hombre disfrazado de falso cura (Enrique Olivares) entró en su casa y secuestró a su mujer, su hijo y la empleada del hogar. El objetivo, según él mismo dijo, era obtener documentación "que pudiera hundir al gobierno".
Después de haberse ganado la confianza de Rosalía Iglesias sacó del maletín un revólver, encañonó a la mujer y pidió los pendrives y la documentación que pudiera tener sobre la caja B del Partido Popular. Bárcenas achaca estos hechos al clan y recalca que el falso cura tenía información personal de la familia a la par que conocía la distribución de la casa. En concreto señala a Ríos Esgueva, el chófer familiar que acabó captado por la red a cambio de 2.000 euros mensuales que salían de los fondos reservados del Estado.
Al respecto explica que la operación se urdió en la cúpula del Ministerio del Interior y se ejecutó por parte de la policía patriótica, teniendo pleno conocimiento de ello el entonces director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. Durante los dos años que se alargó la Kitchen, la trama captó colaboradores para conseguir los archivos que ocultaba, a la par que buscó frenar el avance del caso Gürtel, entonces en plena ebullición en la Audiencia Nacional.
Al respecto sostiene que Marcelino Martín Blas conocía el objetivo del operativo y delegó su control en García Castaño, alias 'El Gordo'. El acusado -considerado pieza clave del caso Villarejo- compró material informático y una pistola con fondos reservados del Estado, mientras que el resto de altos mandos policiales ejecutaron la acción. Bárcenas se ampara también en las agendas de Villarejo así como en los oficios policiales para actuar contra los 11 acusados que se sentarán en el banquillo por la trama Kitchen.
