Expulsar a la Guardia Civil de País Vasco y Navarra. Ese es el objetivo que persigue EH Bildu y que cobra especial relevancia en un contexto de negociación por los Presupuestos Generales del Estado. Más aún después de que su otro gran objetivo, el fin de la política de dispersión de presos de ETA, ya esté virtualmente conseguido, a falta de llevar a 26 terroristas a cárceles próximas a sus lugares de origen. Los cuadros estadísticos revelan que el número de efectivos del Instituto Armado ya se ha mermado en otras regiones sensibles, como Cataluña, desde que Pedro Sánchez es presidente; en el País Vasco también se aprecia un ligero descenso en las cifras.

Bajo el recurrente lema “Alde Hemendik” ["Que se vayan", en euskera], el partido abertzale ha lanzado relanzado su campaña exigiendo que los miembros del Instituto Armado abandonen País Vasco y Navarra. Los dirigentes de la formación insisten en que la presencia de la Guardia Civil en ambas regiones está fuera de lugar, toda vez que ETA anunció su disolución hace años.

Así, la expulsión de la Guardia Civil pasa a ser la principal reivindicación ante el Gobierno central. La premisa es clara y quedó expuesta en el polémico cartel diseñado por EH Bildu el pasado 12 de octubre, en el que se mostraba a un miembro del Instituto Armado de espaldas con una maleta a su lado. “Bake garaia da” [“Es tiempo de paz”], reza el mensaje que lo acompaña.

El impacto visual se multiplicó al máximo exponente después de que EH Bildu mostrase una imagen en la que se podía ver el cartel colgando de la fachada de un edificio de la céntrica Plaza Circular, en Bilbao. En realidad, era un montaje y el cartel nunca estuvo ahí, aunque sí se colgó en diversos espacios públicos del País Vasco. Asociaciones del Instituto Armado como Jucil, AUGC o APROGC criticaron la “campaña de odio” y exigieron al ministro Fernando Grande-Marlaska que expresase su “condena” por los hechos.

Con todo, EH Bildu insiste en su mensaje. Los portavoces de la formación Bakartxo Ruiz y Unai Urruzuno afirman en una entrevista en Público que la presencia de la Guardia Civil en “Euskal Herria” tiene “menos sentido que nunca”, correspondiendo a una “lógica del pasado” que correspondía a una “política antiterrorista”. Y que “las fuerzas de ocupación” deben abandonar la región.

La reivindicación de EH Bildu coincide con la negociación de los últimos flecos de los Presupuestos Generales del Estado. Y el partido abertzale es una de las piezas con las que Moncloa trata de armar el puzle de sus cuentas.

Guardia Civil en Cataluña y País Vasco

Por su parte, Marlaska ha afirmado en varias ocasiones que la Guardia Civil es un elemento “vertebrador” del Estado y que no va a salir de ninguna comunidad. Así se expresó a partir de la polémica por la cesión de las competencias de Tráfico en Navarra, que deja en el aire el futuro de más de un centenar de agentes que desempeñan estas funciones en la Comunidad Foral. También a partir de las declaraciones de líderes independentistas catalanes que, como EH Bildu, piden la retirada del Instituto Armado.

Sin embargo, los cuadros estadísticos revelan una clara reducción en el número de efectivos en Cataluña, y en menor medida en el País Vasco. En los últimos cuatro años, 265 agentes han abandonado Cataluña respecto a la plantilla de 4.780 que había en 2018. En el caso del País Vasco, las cifras son más o menos estables, con ocho guardias civiles menos en el mismo periodo de tiempo; si bien la pérdida más sustancial se ha registrado en la Policía Nacional, con una reducción de 41 efectivos respecto a los 1.272 que había cuando comenzó a gobernar Pedro Sánchez.

El fin de la política de dispersión

El esfuerzo por echar a la Guardia Civil del País Vasco cobra mayor importancia después de que EH Bildu haya visto consumado su otro gran objetivo de cara al Gobierno central, que es acabar con la política de dispersión penitenciaria para los presos de ETA. “Si para sacar a los 200 presos [de ETA] hay que votar los Presupuestos, pues votamos”, afirmó Arnaldo Otegi en el transcurso de las negociaciones de las anteriores cuentas generales. Y ahora, a finales de 2022, la dispersión ya está virtualmente extinta.

Como contó Vozpópuli, el Ministerio del Interior ha gestionado el acercamiento progresivo de los etarras en dos fases diferenciadas. La primera se centró en sacar a los terroristas que cumplieran condenas en cárceles ubicadas en la mitad sur de la Península. Una vez logrado, se puso en marcha la maquinaria para llevar a todos los condenados a País Vasco y Navarra. En total, Fernando Grande-Marlaska ha dado luz verde a 356 traslados desde que asumió la cartera de Interior.

Actualmente apenas quedan 26 terroristas que aguardan su traslado definitivo a cárceles próximas a sus lugares de origen. Allí les aguarda una política penitenciaria gestionada por el Gobierno vasco, después de que Moncloa aprobase la cesión de las competencias en mayo de 2021. Desde entonces, el ejecutivo regional ha concedido el tercer grado a una treintena de presos etarras. Asociaciones de víctimas como la AVT denuncian que los traslados al País Vasco son la “antesala” de “libertades condicionales”.

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