En el número 4 de la Vía Coleggio di Spagna, en Bolonia, se erige el Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles, una institución académica fundada por el cardenal Gil de Albornoz en 1364 y que seis siglos y medio después está en pie de guerra contra el Gobierno y, en concreto, contra el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El cardenal fundó el centro con el fin de acoger a jóvenes españoles para que estudiaran en la universidad más antigua del mundo. Lo hizo mediante disposición testamentaria y nombró herederos universales a los propios alumnos, conocidos popularmente como bolonios.
Por los pasillos de este palacio medieval han desfilado como colegiales Antonio de Nebrija, Juan Ginés de Sepúlveda, el Conde de Romanones y Leandro Fernández de Moratín, entre otros. También lo visitaron Ignacio de Loyola, Benito Pérez Galdós y Miguel de Cervantes. En la actualidad el centro continúa ofreciendo becas a 12 universitarios españoles al año, seleccionados por su expediente académico.
Varones, católicos, hijos legítimos...
Hasta ahora, todos varones, católicos e hijos legítimos, es decir, nacidos del matrimonio. Así se estipula en los estatutos del colegio, aunque fuentes cercanas a la Junta del Patronato sostienen que desde hace 50 años ya no se pide a los becarios que acrediten ser hijos legítimos y, desde el pasado verano, se anunciaron por vez primera becas para mujeres. Eso sí, por ahora no en la sede del colegio. No obstante, aseguran estar "dispuestos a dialogar" para modificar algunos aspectos "dentro de la legalidad y no de forma unilateral como pretende el Gobierno".
El Ministerio de Exteriores solo cuenta con un representante entre los cinco que componen la Junta de Patronato
El Ministerio de Exteriores, que cuenta con un representante entre los cinco que componen la Junta de Patronato, quiere cambiar por decreto estos requisitos al considerarlos inconstitucionales. Pero tropieza con la negativa del propio presidente, Iván de Arteaga y del Alcázar, marqués de Ariza, Almunia y Valdemediano y jefe del linaje de los Albornoz; la de la Asociación Cardenal Albornoz y la del grueso de los ex colegiales.
Estos defienden que se trata de una institución de carácter privado, que no recibe subvenciones públicas de ningún tipo y que, además, es ajena al derecho español. Así se reconoce también en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo durante la era Zapatero a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El entorno del Colegio de Bolonia cree que, detrás de la modificación de los estatutos, el Ejecutivo esconde la intención de "intervenir" un palacio que alberga un patrimonio de valor incalculable. También acusa al Gobierno de utilizar el Consejo de Estado para elaborar un dictamen ad hoc con el que avalar sus pretensiones. "Cuando el Colegio estaba prácticamente cayéndose a pedazos no se acordaba nadie de él ni se preguntaba al Consejo de Estado para viabilizar su intervención. Nos defenderemos", advierten la institución a través de su cuenta oficial en Twitter.
Decreto de 1919
La reforma estatutaria de esta entidad, explican, está expresamente prevista en el artículo 3 del real decreto de 20 de marzo de 1919, donde esta competencia se atribuye exclusivamente a un órgano denominado junta de patronato.
Por otro lado, existe un conflicto interno en torno a la figura del rector del centro, gestor del patrimonio de la institución. Un conflicto que ha llegado a los tribunales. El catedrático y ex colegial Ángel Martínez tomó posesión como tal en 2015, fue nombrado por el Rey y así apareció en el BOE. Pero más tarde se acordó la revocación del recién elegido rector. Por entonces el titular de Exteriores era el 'popular' José Manuel Gracía-Margallo.
"Toda esta polémica se origina porque uno de los ex colegiales llamado Fernando Suárez dice ser el representante perpetuo de los estudiantes, pero estos no le han votado, no quieren ser representados por la gerontocracia. Como Suárez no lo asume comenzó a mover el tema de los estatutos y consiguió el nombramiento de un nuevo rector sin que pasase por el Consejo de Ministros", denuncian fuentes conocedoras del entuerto.
Borrell solicita un dictamen
Así las cosas, en octubre de 2019, el departamento de Exteriores, entonces liderado por Borrell, solicitó al Consejo de Estado "su criterio para llevar a cabo la modificación de los estatutos y del reglamento del Colegio, y sobre el sentido de esa modificación, particularmente sobre si resulta posible o necesario adaptar esos textos al régimen jurídico de las fundaciones en España, eliminando aquellos aspectos que resulten contrarios a la Constitución".
La solución al embrollo se torna complicada y ya se ha traducido en numerosos pleitos tanto en España como en Italia
Esta orden se amplió por otra de la actual ministra González Laya, de fecha 6 de octubre de 2020. Y el dictamen del Consejo de Estado fue entregado al ministerio el pasado 4 de febrero. Según ha podido saber este diario, el asunto aún no está resuelto en Consejo de Ministros, pero el Gobierno avanza en su idea de cambiar los aspectos de los estatutos que considera inconstitucionales.
¿Tiene competencia para ello? El núcleo duro de la Junta del Patronato echa mano del decreto de 1919 por el que se rige el Colegio e insiste en que no, puesto que es una institución privada, pero el dictamen del Consejo de Estado -órgano presidido por la ex vicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega- asegura que sí y que el Colegio es una "dependencia" del Ministerio del Estado, hoy Ministerio de Exteriores.
Varapalo del Consejo de Estado
El análisis del Consejo de Estado supone un varapalo para el marqués de Ariza (presidente del patronato) y todos los colegiales defensores de su postura. El texto concluye que se trata de una institución singular, española, secular, vinculada con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de base originariamente fundacional privada, con la consideración y unas características propias que lo aproximan a las de las entidades públicas.
El entorno del jefe del linaje Albornoz esta idea supone "una contradicción in adiecto", una "aberración": "O se es una entidad privada o no se es".
El informe señala que en modo alguno puede considerarse una institución foránea y eclesiástica. Asegura que el Colegio es una fundación, pero reconoce que no cabe aplicar a la misma el régimen normativo actual de las fundaciones.
Competencias del Gobierno
Según el dictamen, el Gobierno "tiene competencias para aprobar unos nuevos estatutos de la institución, a propuesta exclusiva de Exteriores". La iniciativa para modificar o elaborar los Estatutos -dice- corresponde a la Junta de Patronato, pero el Ministerio de Exteriores puede instar a que se haga o ejercerla en su lugar, caso de ser desatendida la solicitud formulada, en virtud de las competencias de ordenación y supervisión de la institución que le corresponden. Los estatutos se aprobarán en Real Decreto que pase por Consejo de Ministros.
Y deben acomodarse a las exigencias constitucionales y, al tiempo, respetar las singularidades propias del Colegio, fruto de su histórica configuración.
Insta a la Administración a adoptar las medidas precisas para poner fin a la anómala situación en que se encuentra la institución porque, según el dictamen, la Junta de Patronato está funcionando de manera "irregular" y "se ha impedido la toma de posesión al rector legítimo".
Colegio "privado" desde su origen
Fuentes de la Asociación Cardenal Albornoz explican a este diario que el Colegio de Bolonia "jamás ha sido una dependencia del Ministerio de Exteriores, ni sus bienes forman parte de ningún inventario público, ni está inscrito en el Registro de fundaciones español".
Desde la entidad sostienen que el departamento que hoy lidera González-Laya "nunca ha ejercido protectorado" y que su función se limita, de acuerdo a los estatutos, a "colaborar en que las decisiones de la junta de patronato pudieran producir pleno efecto en Italia, donde radica el colegio, en un contexto de 1919".
Según recuerdan desde la asociación, los estatutos son normas de derecho privado aprobadas por decreto. "Ninguna norma convierte al Colegio en público y no lo hace el real decreto por el que se constituyó. No tiene ningún requisito de la fundación pública ni se ha constituido con aportaciones del Estado. Tampoco la mayoría de los derechos de voto del Patronato pertenecen al sector público institucional", aclaran.
Y zanjan apelando a García De Enterría, catedrático de Derecho Administrativo y Letrado del Consejo de Estado: "Sin una atribución legal previa de potestades la Administración no puede actuar". "Falta la norma que atribuya al Ministerio la potestad que este invoca. Ninguna norma se la da, por lo que vulnera el principio de legalidad consagrado en la Constitución y formulado doctrinalmente por García de Enterría", señalan.
Desde la Asociación Cardenal Albornoz manifiestan su "voluntad de abrir un diálogo para proceder a las actualizaciones necesarias de los estatutos siempre en el marco de la legalidad, respeto a la voluntad fundacional y a la dotación de la institución".
La solución al embrollo se torna complicada y ya se ha traducido en numerosos pleitos tanto en España como en Italia.
