La Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la investigación para Antonio Brufau, Isidro Fainé, Repsol y Caixa en el caso Villarejo. Los magistrados revocan de esta forma el archivo acordado por el magistrado instructor el pasado mes de julio al considerar que todavía quedan diligencias pendientes de practicar; entre ellas tomar declaración al responsable de KPMG que elaboró la pericial para la petrolera. De esta forma dan la razón a la Fiscalía Anticorrupción y a Luis del Rivero, que recurrieron ante la Sala de lo Penal el archivo de todos ellos.
En un auto de este mismo lunes los magistrados precisan en lo que respecta a Antonio Brufau que, aunque no hay "ningún documento escrito o sonoro" que le implique directamente en la contratación del comisario jubilado, hay indicios que apuntan que la "iniciativa" de contratar sus servicios de espionaje pudo partir de él y que fue informado "con detalle" de los resultados de las gestiones del grupo Cenyt. Se refieren los magistrados a los servicios que se encargaron al entramado empresarial de Villarejo en 2011 en plena operación de la petrolera mexicana Pemex y Sacyr para hacerse con el capital de Repsol.
Tanto el presidente de la petrolera como Fainé explicaron en sede judicial que este pacto les preocupó especialmente por el peligro que entrañaba, si bien mientras el banquero delegó la gestión del asunto en Repsol, el presidente de la petrolera dijo que de esto se encargó el departamento de Seguridad. El magistrado Manuel García Castellón así lo entendió y les archivó la causa al considerar que no se podía acreditar su participación en la contratación de Villarejo. Sin embargo la Sala ahora revoca su criterio.
Hay indicios de que la orden de investigar pudo partir de la presidencia de Repsol y de que el presidente pudo ser informado de los resultados
La preocupación de los presidentes
La Sección Tercera recuerda la declaración del exjefe de Seguridad Rafael Araujo (que dijo que la orden le vino dada por un superior jerárquico) y del secretario del consejo de Repsol, Luis Suárez de Lezo, que admitió la posibilidad de que hubiera hablado con Brufau de este asunto. "Por lo tanto hay indicios de que la orden de investigar pudo partir de la presidencia de Repsol y de que el presidente pudo ser informado de los resultados. También los hay de que la investigación pudo conllevar el acceso a ficheros informáticos con datos reservados sobre llamadas telefónicas y otras comunicaciones de diversas personas relacionadas con Sacyr", responde ahora la Sala de lo Penal.
En lo que respecta a Isidro Fainé reiteran que no hay material que le involucre en este encargo de espionaje de manera directa y añaden, además, que había departamentos en CaixaBank con competencia para contratar de modo autónomo estos trabajos. Sin embargo, entienden que las diligencias practicadas en la pieza número 21 del caso Tándem ponen de manifiesto "indicios" que hacen necesario seguir investigando al actual presidente de la Fundación La Caixa. Entre ellos destacan el hecho de que hablara con Brufau de este asunto y de que informara de los hechos al exjefe de Seguridad de Caixa Miguel Ángel Fernández Rancaño.
El compliance de Repsol
Los magistrados de la Sección Tercera estudian también la situación de Repsol y Caixa como personas jurídicas. En lo que respecta a la petrolera, recuerdan que el magistrado del caso Villarejo acordó el archivo tras escuchar al representante legal en sede judicial. El mismo explicó que la compañía tenía un sistema de cumplimiento normativo instaurado desde 2005 y que no se incumplió la normativa interna con la contratación del funcionario en activo porque fue llevada a cabo por el jefe del área competente (Rafael Araujo).
Los magistrados cuestionan el criterio y precisan que hay flecos en esta contratación que hace que dudan de su carácter lícito. Uno de ellos fue el hecho de que el servicio se fraccionó en tres pagos para que no superaran la cifra de 100.000 euros y se pudiera autorizar desde el área de Seguridad. Además, recuerdan que Cenyt no figuraba como proveedor de la petrolera y que no se formuló contrato ni pedido entre las partes. Por ello dan la razón a las acusaciones (que integran Anticorrupción, Luis del Rivero y Podemos) y proponen que se cite a declarar a Enrique Hernández, chief Compliance Officer de Repsol, y al responsable de KPGM que elaboró la pericial de la petrolera.
Diligencias pendientes
Misma valoración hace la Sala para CaixaBank. Según razona en su auto, es "indudable" la procedencia de que declare como testigo el responsable del área de cumplimiento normativo para esclarecer si fallaron o no los controles internos del banco con esta contratación. La misma se cerró a finales de 2011 por un importe total de 413.600 euros, de los cuáles 218.900 los abonó la petrolera y 194.700 euros la entidad. El objetivo de este encargo pasaban por espiar muy de cerca los movimientos de Del Rivero (que también litiga como perjudicado en la pieza del BBVA), de su mujer e hijos y de directivos de Pemex.
Las pesquisas seguidas en esta pieza pusieron de manifiesto la veracidad del encargo así como los pagos girados al entramado de Villarejo. El magistrado procesó en septiembre a los jefes de seguridad de Repsol y Caixa al considerar que los hechos serían constitutivos de delito de cohecho (ya que se contrató a Villarejo cuando era funcionario en activo) y de revelación de secretos (puesto que se accedió a información reservada y confidencial de los espiados). Sin embargo, la Sala da la razón a las acusaciones y a Anticorrupción y ordena que se practiquen más diligencias antes de zanjar esta investigación.
