Aprovechando la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso de los Diputados, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha planteado la “oportunidad” de regular la prohibición del burka en espacios públicos.
El ministro, ha planteado que es “una oportunidad y “un buen momento” al tiempo que ha recordado que el proyecto de esa Ley aprobado por el Ejecutivo ya contempla sanciones a quienes acuden a manifestaciones con la cara tapada, según informa Europa Press.
"Tenemos en el Congreso el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Quizá sea un buen momento durante la tramitación de ese proyecto de Ley para que esta cuestión pueda tener un nivel de consenso", ha explicado el titular de Interior en rueda de prensa tras ser preguntado por algunas iniciativas a nivel municipal enfocadas a prohibir esa prenda en espacios públicos.
"Como opinión personal creo que es una prenda que atenta contra la dignidad de las mujeres, pero eso no sería competencia de Interior"
Fernández Díaz ha explicado que este asunto tiene dos dimensiones: "una es la de la seguridad y otra la de la dignidad de las mujeres". "Como opinión personal creo que es una prenda que atenta contra la dignidad de las mujeres, pero eso no sería competencia de Interior", ha matizado.
Identificaciones
No obstante, ha añadido que este debate sí afecta al Ministerio del Interior desde el punto de vista de la seguridad "en la medida que (el burka) dificulta la identificación de una persona que pudiera cometer un acto ilícito".
Ha recordado que ya en la Ley de Seguridad Ciudadana se contempla el hecho de que las personas que van embozadas a las manifestaciones sean sancionados administrativamente "en la medida que ese embozamiento impide su identificación". Ha insistido en que "no quiere decir que sea necesario" esta regulación para prohibir el burka, pero ha insistido en que "puede ser una oportunidad".
Fernández Díaz ha recordado que ya en Lleida hubo una iniciativa en este sentido, pero también ha añadido que en diversas ocasiones las autoridades judiciales las han cuestionado.
