Javier de Miguel, gerente de Transformación Agraria SA (Tragsa) en Madrid se resistía anoche a dejar su cargo en el sector público a pesar de haberse visto salpicado por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Cuando todos los demás consejeros señalados habían dimitido o habían sido destituidos, el que fuera miembro de la Comisión de Control de la entidad bancaria hasta 2010, a propuesta del PP, se aferraba con fuerza a su cargo de gerente en Madrid de Tragsa, empresa pública controlada al 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda.
Pese a que el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, había pedido al presidente de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, que prescindiese de Javier de Miguel por una cuestión de ética, la destitución del mismo, que manejó 172.700 euros con la polémica visa, no se produjo hasta este martes a última hora. Tras la publicación por parte de este periódico de que De Miguel era el único de los consejeros salpicados que permanecía en el sector público, fuentes de la SEPI han adelantado esta mañana a Vozpópuli la decisión de cesar a De Miguel, que se habría hecho efectiva anoche, aunque todavía no ha trascendido de forma oficial. El propio implicado, exalcalde popular en el Ayuntamiento de El Escorial entre 1995 y 2003, se oponía a dejar su cargo.
Según informaron este martes fuentes de la SEPI a Vozpópuli, desde este organismo se había "instado en varias conversaciones" a que De Miguel fuese "cesado" o renunciase al cargo. De este modo, recalcan que Aguirre reclamó tanto al presidente de Red Eléctrica, José Folgado, como al de Tragsa, Giménez de Córdoba, que "actuaran en consecuencia" con sus subordinados Juan Iranzo y Javier de Miguel, respectivamente. En el primero de los casos, Iranzo, que cargó a la tarjeta fantasma un total de 46.800 euros en dos años, presentó su dimisión el pasado 9 de octubre.
El exregidor del PP realizó múltiples compras en tiendas de caza, marroquinería, establecimientos hoteleros, balnearios, paradores nacionales e incluso una joyería
"La responsabilidad está ahora sobre el tejado del presidente de Tragsa", subrayaban anoche las mismas fuentes de la SEPI, en cuanto a la situación del exregidor del PP. Desde la entidad, apuntaban que la destitución de Javier de Miguel no entraba dentro de su competencia, pese a tener el 51% de Tragsa, sino que correspondía legalmente a la dirección del holding dedicado a trabajos medioambientales y forestales.
De Miguel salió el 23 de marzo de 2010 de la Comisión de Control de Caja Madrid, órgano al que había llegado en 2003. Durante estos años, sus gastos a través de la tarjeta black ascendieron a 172.700 euros. La mayor compra la realizó en El Corte Inglés, donde desembolsó 1.190 euros en un solo pago. Asimismo, efectuó múltiples adquisiciones (en 2006 se dejó 875 euros de una vez) en la tienda de caza El Zaguán Real, ubicada en el municipio de San Lorenzo del Escorial, donde fue alcalde. En un establecimiento similar, dedicado a la marroquinería, compró igualmente en repetidas ocasiones (hay una por valor de 492 euros). Incluso figuran 240 euros depositados en una joyería.
Además, aparecen numerosos gastos relacionados con hoteles de cuatro y cinco estrellas y otro lugares de relax: Hotel Melía Valencia Palace (593,39 euros); Balneario de Puente Viesgo (134,47); AC Palacio de Santa Justa (217,49); Fuerte Costa Azul (393,10); Hotel Portobello (571,65); Hotel Gran Delfín y Hotel Cimbel, de Benidorm (593,59 y 547,11); Hotel El Toyo, en Almería (353,55); Gran Hotel Atlantis de Fuerteventura (571,62); Parador Nacional de Carmona (498,57) o Parador de Bayona (548,42), entre otros destinos.
Durante la presentación de un ERE
Después de su salida de Caja Madrid en 2010, De Miguel aterrizó tres años después en Tragsa. En concreto, según consta en el Registro Mercantil consultado por Vozpópuli, el exalcalde popular está vinculado a ella como apoderado desde octubre del año pasado. Se da la circunstancia de que mientras la empresa realizaba tal nombramiento, en esas mismas fechas la dirección presentaba un ERE de extinción de su plantilla y de la de su filial Tragsatec (Tecnologías y Servicios Agrarios SA), empresa de desarrollo de ingeniería, de 1.639 trabajadores, el 16,6% de la plantilla formada por 9.858 empleados. Las razones alegadas fueron la falta de carga de trabajo y la drástica caída de los ingresos.
Sin embargo, el pasado marzo, la Audiencia Nacional declaró nulo el ERE de Tragsa (el que afectó finalmente a 726 trabajadores, con 150 despidos ejecutados) por la forma en que se seleccionó a los que iban a ser despedidos. La empresa no respetó los criterios de mérito y capacidad de los empleados. A raíz de la decisión de la Audiencia Nacional, Tragsatec renunció a los 650 despidos que había puesto sobre la mesa.
Tragsa está controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51% de sus acciones, mientras que Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda) posee un 9.98%, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), perteneciente al Ministerio de Agricultura, un 38,96%, y las comunidades autónomas, una participación testimonial. Si bien la SEPI es el principal accionista, quien mueve los hilos en Tragsa es el Ministerio de Agricultura, ya que en esta cartera recae la elección de 8 de los 15 consejeros. Fue el exministro Miguel Arias Cañete quien puso a Giménez de Córdoba al frente de Tragsa a principios de 2012.
