“Acaba de hacer una mamarrachada, un auténtico disparate”, exclamó ayer un destacado dirigente de CiU poco después de escuchar a Artur Mas transformar el prometido referéndum soberanista en un “proceso participativo”. Casi nadie en la coalición confía en el recorrido de este simbólico festival, ya que se da por descontado que será impugnado por el Gobierno, en situación de esperar y ver, siguiendo un modelo parecido al empleado en las europeas de mayo: convocado el ‘multirreferéndum’ en Cataluña por diversas organizaciones independentistas, los mossos d´Esquadra impidieron su celebración siguiendo instrucciones del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral Central.
El 9-N se considera muerto en las filas nacionalistas y Esquerra Republicana ha tomado buena nota de ello. Su líder, Oriol Junqueras, ha emplazado a Mas a recuperar la propuesta original de referéndum -apertura de 4.000 colegios electorales, en lugar de los 600 previstos- y, si no lo hace, a convocar elecciones de manera inmediata, aunque concurriendo a ellas en listas separadas. “Lo único que ha hecho Mas es disparar su último cartucho para intentar salvarse él mismo. Su prioridad es evitar, precisamente, comicios anticipados, una vez confirmado que ERC no quiere comparecer con él en una candidatura conjunta”, aseguran fuentes de Convergencia.
La prórroga presupuestaria procede de las dificultades de Mas para mantener el apoyo de ERC
Para iniciar su nuevo trayecto, Mas se enfrenta a urgencias inmediatas. La principal es aprobar los Presupuestos de 2015 que debería presentar ya fuera de plazo. Lo más probable, aseguran en Convergencia, es que prorrogue los de este año, al igual que hizo con los de 2013, pues la ruptura del frente soberanista hará difícil que obtenga el apoyo de Esquerra. El PSC de Miquel Iceta estaría dispuesto a ensayar la socioconvergencia y avalar las cuentas autonómicas, pero no ve las condiciones para ello ya que tampoco comulga con el simulacro de referéndum que el presidente de la Generalitat acaba de sacarse de la manga.
Desafío al Estado que le salva de la bancarrota
En CiU se admite que uno de los errores mayúsculos que ha perpetrado Mas es desconocer que es imposible poner contra las cuerdas al Estado cuando depende de él para evitar la bancarrota y carece de capacidad para acudir en solitario a pedir la ayuda de los mercados. Esto es, precisamente, a lo que aspira, convencido de que se verá abocado a prorrogar las cuentas autonómicas de este año para evitar el colapso financiero de Cataluña en 2015.
Pese a que esta comunidad autónoma es una de las que encabeza el rango de mayor crecimiento, su situación sigue siendo dramática. Acumula una deuda superior a los 60.000 millones de euros después de haber recibido una aportación del Estado de 40.000 a lo largo de esta legislatura. Su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, busca a la desesperada nuevos ingresos para evitar más recortes el año que viene en áreas tan sensibles como la sanidad y la educación. Mariano Rajoy ha dado órdenes a su Gobierno para que en los Presupuestos de 2015 se trate a Cataluña sin privilegios, pero tampoco con escarmiento. En todo caso, el victimismo con el que la Generalitat ha reaccionado a las inversiones estatales previstas, superiores a 1.000 millones de euros, se daba por descontado en el equipo económico, a pesar de que al ser una comunidad sujeta al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), recibirá una inyección extra de liquidez de 1.700 millones de euros, gracias a la decisión de Hacienda de retrasar el pago de la deuda que éste y otros territorios tienen contraída con el Estado. La ensoñación ha conducido, incluso, a Mas a prometer a sus funcionarios la recuperación de la paga extra suspendida en las Navidades de 2012, una palabra difícil de cumplir a través de una prórroga presupuestaria.
Los asesores de Mas no ven posible declarar la independencia sin unas elecciones plebiscitarias previas
Fuentes de CiU reconocen que Artur Mas no solo está entrampado por la propia tesorería de la Generalitat, sino también por las dificultades para transigir con las exigencias de Oriol Junqueras. El líder de Esquerra ha lanzado el órdago de reclamarle una declaración unilateral de independencia, un paso que los propios asesores de la Generalitat desaconsejan si no viene precedido de la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias. La tesis de los expertos es muy sencilla: El actual Parlamento catalán, salido de las elecciones autonómicas de noviembre de 2012, no está legitimado democráticamente para dar un paso tan trascendente como el de declarar la independencia ya que el objetivo fundamental de aquellos comicios no fue pedir a los ciudadanos un pronunciamiento claro sobre la apuesta soberanista.
La convocatoria de las plebiscitarias tampoco es un camino de rosas para Mas, aseguran en CiU, ya que solo sería legítima si todas las formaciones políticas acordaran acudir a las urnas con un programa exclusivo a favor o en contra de la secesión, algo que, visto el paisaje, tampoco va a resultarle nada sencillo al presidente catalán, prisionero de varios cepos a la vez.
