La Fiscalía General del Estado presentó este pasado lunes su memoria anual a través de su ‘jefa’, María José Segarra, durante la apertura del año judicial. Una de las conclusiones que más revuelo ha levantado es la de instalar cámaras de seguridad en los centros escolares para prevenir los delitos de abuso y agresión sexual que, según el documento, han aumentado un 23% y de manera “relevante” ha crecido en menores.
Segarra explicó que en estos casos, los delitos se cometen por “personas cercanas a la víctima” y que son actos “repetidos durante apreciables de tiempo”. Para la Fiscalía "la gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos (espacios de encomienda o custodia de menores para su cuidado, educación, entrenamiento, etcétera) podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados (despachos, aulas...)".
Una de las dudas suscitadas a raíz de la propuesta es, en caso de que se puedan colocar, qué pasaría con el tratamiento de las imágenes de esos menores, quién las gestionaría, cómo se guardarían, hasta cuándo, quién tendría acceso al visionado.
"Es desproporcionado"
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en su guía para centros educativos, considera “desproporcionado” la idea de la Fiscalía, ya que además de una intromisión en la privacidad de los alumnos, podría suponer un control laboral desproporcionado de los profesores, aunque valora la posibilidad de que se conectasen fuera del horario lectivo para prevenir robos.
La experta en Protección de Datos del bufete Davara&Davara, Laura Davara, explica a este periódico que para instalar una cámara de videovigilancia deben analizarse previamente y cumplirse tres principios: el de necesidad, el de idoneidad y el de proporcionalidad conforme a la finalidad del tratamiento. Además el reglamento europeo -y, por ende, la LOPDGDD- plantea seis bases legitimadoras para cualquier tratamiento de datos, a saber: el consentimiento, obligación legal, el interés público, el interés legítimo, relación contractual y el interés vital del titular.
“Todo tratamiento de datos ha de ampararse, al menos, en una base legitimadora, debiendo el responsable acreditarla”. En el caso de la videovigilancia en las aulas se podría llegar esgrimir interés legítimo del centro tanto en prevenir la comisión de delitos como en proteger al menor y a su personal como base legitimadora pero habría que justificar ese interés con el cumplimiento de los citados juicios y previo cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.
La Agencia Española de Protección de Datos, en su guía para centros educativos, considera “desproporcionado” la idea de la Fiscalía
Esta parte resultaría complicada para la experta, ya que un centro debería argumentar la instalación bajo los tres citados principios: “Tendrían que probar que no existe ningún otro mecanismo (protocolos, talleres impartidos, la mejora en la selección del personal, etc.) menos invasivo para los derechos fundamentales de los menores y del personal del centro que permita cumplir con la finalidad de proteger a los menores y prevenir y disuadir de la comisión de delitos”.
Davara se posiciona en la línea de la AEPD, y considera que su uso sería desmedido en las aulas. “La videovigilancia es un método muy invasivo con derechos fundamentales como la intimidad, imagen y protección de datos y, si bien, puede ser una medida eficaz, hay que utilizarla con cautela y siempre con las debidas garantías para los titulares de datos, cumpliendo en todo momento con la normativa aplicable”.
En cualquier caso, si la idea de la Fiscalía llegase a buen puerto, el encargado de gestionar las imágenes sería el propio centro, explica la experta, que debería estipular quién tendría acceso a qué imágenes. Si alcanzase algún tipo de acuerdo contractual con una empresa de seguridad, el contrato debería reflejar estas mismas cuestiones.
La comunidad educativa, en contra
Para la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Leticia Cardenal, esta medida no supondría una solución ya que, en su opinión, “entorpecería” el ambiente creado en las aulas: “Hay que fomentar la participación por parte de los padres en los planes de convivencia, invertir más en educación, en la formación de los profesores y bajar el ratio de los alumnos por clase”. Estas son medidas que, bajo su punto de vistas, favorecerían las denuncias de estos casos, así como la mejora en los protocolos de prevención.
Desde el propio Gobierno también se han posicionado en contra de la Fiscalía. El secretario de Estado de Educación en funciones, Alejandro Tiana, comparó la idea con medidas como la instalación de detectores de metales en la entrada de los institutos en Estados Unidos para acabar con las armas de fuego. "No es un enfoque educativamente adecuado", ha afirmado Tiana en la rueda de prensa del informe anual de la OCDE 'Panorama de la Educación 2019', donde ha subrayado que el Ministerio de Educación que dirige Isabel Celaá "coincide con la mayoría de la comunidad educativa" en rechazar esta propuesta.
Seguridad en las calles
La posibilidad de instalar cámaras para preservar la seguridad de los ciudadanos no sólo se ha planteado en las aulas en los últimos tiempos. El aumento de la inseguridad en ciudades como Barcelona o Madrid ha provocado que se reclamen desde distintos sectores de la población.
La alcaldesa de la ciudad Condal, Ada Colau, ha rechazado esta posibilidad durante su primera legislatura. Pero ante los asfixiantes datos de delincuencia ahora se ha abierto a poner cámaras. La regidora valora "positivamente" el plan estratégico Barcelona Ciudad Segura, presentado por la Generalitat, para atajar el problema de la delincuencia violenta, con trece muertes desde enero.
Colau se ha había opuesto a las peticiones de los vecinos asegurando que era un problema de "percepción", pero ahora ha mostrado su disposición a realizar "la máxima colaboración entre las dos administraciones en materia de seguridad" tras reunirse con la Generalitat de Cataluña.
En Madrid la instalación de cámaras ha sido una bandera política de la líder de Ciudadanos, Begoña Villacís. Durante toda la campaña de las últimas elecciones municipales pidió que se pusiesen en el distrito de Tetuán y el barrio de Puente de Vallecas. A comienzos de agosto, la nueva concejal de Seguridad, Inmaculada Sanz (PP), tasaba el proyecto en 2,1 millones de euros, y Villacís aseguraba esta semana que espera que estén colocadas en 12 meses.
Cómo se instalan
Según explican fuentes de la Policía Local de Madrid, el procedimiento para la instalación es el siguiente: la Policía municipal hace un informe en el que expone las razones por las que son necesarias las cámaras. Ese escrito es enviado a la Delegación que, en una comisión, decide si es procedente su colocación. A partir de ese momento todo queda a expensas de la aprobación de medios económicos y financieros.
Sin embargo las cámaras tienen limitaciones: “No pueden grabar domicilios, podemos guardar las imágenes durante 30 días, y cada dos años hay una revisión para saber si siguen siendo necesarias”, afirman las mismas fuentes. Las futuras cámaras que se colocarán en Madrid ya tienen estos permisos y están a la espera de su colocación. Se unirán así a las que ya existen en la Plaza Mayor, Lavapiés, Gran Vía o Montera entre otras.
