El Canal de Isabel II ha remitido un informe al titular del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, instructor del caso Lezo, donde explica cómo se produjo el pelotazo en torno a la compra de la empresa brasileña Emissao y apunta a quiénes fueron los culpables del presunto desvío de fondos públicos.
Entre los señalados en este documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se encuentra el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el que fuera su mano derecha Edmundo Rodríguez Sobrino y la exdirectora financiera de la empresa pública, María Fernanda Richmond. Desde el Canal de Isabel II se denomina esta operación como “acordeón” debido al gran número de sociedades y países que intervinieron en la misma y se subraya que Richmond “tenía conocimiento de la existencia de fondos públicos vinculados con el Grupo Canal en favor de Ignacio González”.
Desde la empresa de aguas madrileña se sostiene que se les “imposibilitó” conocer los pormenores que rodearon la compra del pelotazo de Emissao y se enumeran cómo “no se informó al Consejo de Administración de esta empresa sobre el desarrollo y particularidades de esta operación”. “Toda la información relevante relativa al proceso de compra de Emissao quedó oculta al conjunto del Grupo Canal”, señalan desde dicha mercantil dependiente de la Comunidad de Madrid.
De la misma manera, el Canal de Isabel II explica que la empresa auditora KPMG alertó en octubre de 2013 "de deficientes procesos de control internos, de gestión y contables de Emissao, además de pagos de comisiones a terceros para obtener comisiones" sin que nunca se informara al Consejo de Administración de la empresa pública de dichas irregularidades.
De la investigación del caso Lezo se desprende que en el año 2013, Inassa -la filial del Canal de Isabel II que gestiona las empresas en América Latina- pagó 21,4 millones de euros por Emissao cuando en menos de un año la sociedad valía una cuarta parte. Según el juez, el Canal de Isabel II compró la empresa Emissao en 2013 a través de "cuentas bancarias no autorizadas" ubicadas en "paraísos fiscales" causando un perjuicio de 25 millones de dólares al patrimonio público madrileño.
