La Fiscalía Anticorrupción pide para el expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, 13 años de prisión por un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública y una multa de 1,98 millones. Así lo contempla el escrito de acusación, hecho público hoy por la Fiscalía de Castellón en el que además se solicita para Fabra una indemnización a Hacienda de 693.074 euros.
El juicio contra Carlos Fabra, su exesposa Amparo Fernández, Vicente Vilar y su exmujer, Monserrat Vives, comenzará el próximo 2 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón. Para la exesposa de Fabra, Amparo Fernández, Anticorrupción pide seis años de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública, una multa de 860.000 euros y una indemnización de 428.644 euros.
Para el empresario que denunció a Fabra, Vicente Vilar, que está en prisión tras haber sido condenado en 2003 por una agresión sexual a su exesposa, la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de prisión de 4 años y una multa de 600.000 euros por un delito continuado de cohecho.
Finalmente anticorrupción solicita 4 años de prisión y una multa de 600.000 euros para la exesposa de Vilar, Monserrat Vives, también por un delito continuado de cohecho.
Hecho que vienen de 1999
En el relato de los hechos, la Fiscalía Anticorrupción explica que en 1999, Vicente Vilar era administrador de la empresa de fitosanitarios Naranjax y su entonces esposa de otra empresa que trabajaba para esta. Ambos se pusieron en contacto con el entonces presidente de la Diputación, Carlos Fabra, para que "valiéndose de dicho cargo y de los contactos que tenía, intermediara y tratara de influir ante los Ministerios de Agricultura y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios" elaborados por Naranjax.
Entre 1999 y 2002, Fabra mantuvo reuniones para tal fin con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posadas, el secretario de Hacienda y diputado por Castellón, Juan Costa, el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Vicente Prim, siempre según el relato de la Fiscalía. En octubre de 1999 fue aprobada la licencia de producción y comercialización de uno de los principales fitosanitarios de las empresas de Vilar y Vives, y el acusado Carlos Fabra "requirió al acusado Vicente Vilar para que le pagara la cantidad de veinticinco millones de pesetas -150.000 euros- siéndole pagada esta cantidad".
La entonces esposa de Fabra, Amparo Fernández, y Monserrat Vives crearon al 50 % una empresa, Artemis 2000, que era titular de los productos registrados por Naranjax y estaba administrada por Vilar, aunque "carecía de actividad y trabajadores".
Tras ello, Fabra continuó su labor de intermediación, según el escrito, ante autoridades "en favor, ya no solo de las empresas de Vives y Vilar, sino también de su esposa", para agilizar la consecución de licencias, para lo que llegó a entrevistarse con la ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos.
En abril de 2000, Fabra constituyó una sociedad, Carmacas, que utilizó para "ocultar los pagos" recibidos de Vilar. Entre 1999 y 2004 Fabra y su exesposa realizaron una serie de movimientos bancarios que no fueron declarados a la Hacienda Pública. Fabra ocultó ingresos por 1,9 millones de euros, de los que dejó de ingresar a Hacienda 693.074 euros y Fernández 1,47 millones de los que dejó de pagar a las arcas públicas 428.644 euros.
Según el escrito, lo defraudado en 2004 tanto por Fabra como por su exesposa no superó los 120.000 euros, por lo que no es considerado delito en el Código Penal.
