La investigación del caso PDVSA se vuelca sobre los millones acumulados en el número 28 de una calle madrileña. Allí, donde fue detenido el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa en mayo de 2019, confluyen los domicilios sociales de tres empresas. Una de ellas ya era señalada en la querella que dio origen a la causa; las otras dos están ahora bajo sospecha. Ambas sociedades son propiedad de Cecireé Casanova, pareja del excargo del Gobierno de Hugo Chávez. Según fuentes jurídicas, la Fiscalía Anticorrupción cerca el patrimonio acumulado de 1,5 millones que figura en ambas mercantiles.
Casanova acudió esta semana a la Audiencia Nacional. Lo hizo en calidad de testigo para comparecer ante la juez que instruye el caso de blanqueo de capitales de fondos procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El interrogatorio, sin embargo, no se desarrolló. La magistrada María Tardón acordó la suspensión después de que el ministerio público pidiera la imputación de Casanova.
Según fuentes cercanas a la investigación, el fiscal explicó que tenía sospechas sobre la ampliación de capital de 796.990 euros realizada el 07 de mayo de 2015 en la sociedad Cocuiza SL, propiedad de Casanova. La compañía consta en el Registro Mercantil desde marzo de 2012. Tal y como publicó El Mundo en 2015, comparte domicilio social con Catalufa Inversiones Inmobiliarias SL -que figura a nombre de Alvarado- y con Clavo y Canela 2000 SL -a nombre de Casanova-.
793.481 euros en Cocuiza
En el caso de Cocuiza, las cuentas aportadas en 2017 reflejan un patrimonio neto y pasivo de 793.481 euros, según los datos a los que ha tenido acceso Vozpópuli. El Ministerio Fiscal investiga el origen de los fondos y su posible vinculación con los presuntos delitos cometidos por el exviceministro venezolano, actualmente requerido por Estados Unidos e investigado en España por los supuestos sobornos de Duro Felguera a funcionarios venezolanos y por el presunto saqueo a PDVSA.
La Fiscalía investiga el origen de los fondos y su posible vinculación con los presuntos delitos cometidos por el exviceministro venezolano
Según consta en la documentación entregada por Washington, Alvarado -en unión con otros directivos de la petrolera pública- formó un grupo criminal estable ubicado en Estados Unidos dedicado a obtener sobornos de proveedores de PDVSA con la finalidad de obtener fraudulentamente grandes sumas de dinero. Dichas mordidas superarían los 50 millones de dólares, dinero que luego se dedicó a blanquear a través de un entramado societario en varios países, entre los que destaca España, según los datos aportados en la investigación.
690.483 euros en Clavo y Canela 2000
Fuentes jurídicas han asegurado a Vozpópuli que Anticorrupción también investiga el patrimonio de la sociedad Clavo y Canela 2000 SL, propiedad de Casanova desde su creación en octubre de 2013. En las cuentas de 2017 aportadas al Registro Mercantil consta un patrimonio neto y pasivo de 690.483 euros. La mayoría corresponde a bienes no destinados a la venta. En total, 1,5 millones se encuentran bajo sospecha de la Fiscalía en el marco de las pesquisas sobre el presunto blanqueo de capitales por parte de excargos del Gobierno de Venezuela y PDVSA.
El ministerio público ha requerido a la Policía Judicial que averigüe el origen de los fondos y los bienes a nombre de Casanova, según fuentes cercanas a la investigación. Tras examinar el informe de la Fiscalía, la juez Tardón tendrá que determinar si acuerda o no citarle en calidad de investigada ante el Juzgado Central de Instrucción número 3.
Si Casanova regresa a la Audiencia Nacional como testigo estará exenta, por el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de responder a preguntas que puedan incriminar a su pareja, quien se encuentra en libertad desde septiembre de 2019 y figura como uno de los principales investigados en la causa desde hace más de un año.
