El caso de la doctora Pinto está un paso más cerca de ser juzgado. Ocho años después de que la dermatóloga denunciara a Javier López Madrid por supuesto acoso y tras varios giros de 180 grados, la Audiencia Provincial de Madrid ha dado la puntilla a la causa ratificando el criterio de la instructora contra el empresario y José Manuel Villarejo. Los magistrados no solo confirman los indicios sino que amplían el catálogo de delitos contra ambos por supuestas amenazas, coacciones y lesiones.

La Audiencia les deja al borde del banquillo resaltando que los hechos, que se comenzaron investigando en 2014, se han "reforzado" tras analizar todo el material de José Manuel Villarejo. De hecho, en la macrocausa que se sigue en la Audiencia Nacional por los espionajes del policía se abrió una pieza separada para investigar su supuesta contratación por parte de López Madrid para actuar contra Pinto. El juez les procesó también por este asunto, ampliando sus frentes judiciales.

Sin embargo, la causa sobre la que ahora se pronuncia la Audiencia Provincial de Madrid es mucho más longeva. La misma arrancó en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid a instancias de una denuncia de Pinto. Tras sufrir muchos virajes (incluido un archivo provisional y posterior reapertura), la defensa de la dermatóloga y la Asociación Clara Campoamor (personada en la causa) lograron que la juez les procesara en agosto de 2020. A López Madrid le acusó de supuesto acoso y amenazas y a Villarejo por lesiones.

"Indicios reforzados"

Diez meses después, en junio de 2021, amplió la cartera de delitos para Javier López Madrid también como coautor de lesiones con instrumento peligroso, por el supuesto apuñalamiento del que fue víctima Pinto en abril de 2014. La defensa del empresario recurrió la decisión de la juez ante la Audiencia Provincial de Madrid, pero el órgano no solo respalda el criterio de la magistrada sino que apuntala los indicios de delito.

La Sección número 15 de la Audiencia concluye, en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, que Villarejo, además, de lesiones, también cometió coacciones y amenazas. De esta forma, los dos acusados enfilan su camino al banquillo por un total de tres delitos cada uno. Los magistrados explican que no hay tacha alguna en la decisión de la juez de ampliar los indicios contra ambos en su auto de 2021. Según explican, lo hizo tras la aparición de nuevos indicios.

Este proceso es la máxima expresión del uso abusivo del derecho para fines espurios. Las partes han desplegado todo un escenario que lo ha ralentizado hasta límites cuasi fraudulentos

Se trata, principalmente, de todo el material incautado a Villarejo tras su detención el 3 de noviembre de 2017. Anotaciones en sus agendas, documentos varios y también grabaciones, vendrían a probar su implicación en toda la campaña de hostigamiento y acoso que sufrió la dermatóloga desde que rompió relación con el exconsejero de Bankia en 2013. El auto recoge extractos de conversaciones de Villarejo que obran en el sumario tales como una en la que reconoció que tenía miedo de que le metieran en prisión "por lo de la Pinto" u otra en la que dijo: "la médico esa que yo apuñalé".

También alude a una transcripción de una conversación en la que el comisario reconoce que reclamaría a López Madrid el pago por compensación de su actuación en el conflicto. "Hablaré con él, con Javierito, pon un poco de pasta porque me has metido en embolao y ni me has llamado para decirme nada. Le voy a decir, chiquitín, daños y perjuicios", confesó en una charla grabada.

Torpedeo de una causa infinita

Aunque ambos han negado estos hechos, la Audiencia explica que todos estos vestigios "conducen indiciariamente a la alta probabilidad" de la connivencia entre ambos para hostigar a Pinto en aquel momento. Además, dice que los hechos han resultado "reforzados" en cuanto a la "coautoría de ambos". Del mismo modo les reprocha que el caso Pinto se haya eternizado en los tribunales hasta ocho años.

"Este procedimiento es, muy lamentablemente como muchos otros, la máxima expresión del uso abusivo del derecho para fines espurios y ajenos al proceso, de ambas partes, quienes rebasando la defensa de sus intereses, han desplegado todo un escenario circunstancial que ha ralentizado el procedimiento hasta límites cuasi fraudulentos, pervirtiendo paradójicamente la tutela judicial efectiva de los tribunales", recriminan los magistrados.

Los informes emitidos por diversos miembros de la policía (que culpaban a Pinto) tienen una fiabilidad que en algunos casos está empañada

Al hilo insisten en que es "ciertamente preocupante" que una causa que arrancó en abril de 2014 se encuentre a día de hoy en esta fase, cuando en realidad los hechos estaban ya delimitados a tenor de dos episodios concretos: la rueda de reconocimiento en la que Pinto señaló a Villarejo y la declaración en sede judicial del hijo pequeño de ésta.

13 años de prisión

El menor expresó que cuando un hombre accedió en el vehículo de su madre en abril de 2014 escuchó una voz que decía: "López Madrid ha dicho que cierres la boca". Del mismo modo los magistrados cuestionan los informes policiales que obran en el sumario y que se habrían alterado tras las maniobras de Villarejo. Al respecto dicen que la fiabilidad de todos estos documentos "está empañada". Los mismos recogieron que Pinto fue la artífice de las lesiones sufridas y que ella misma fabricó las pruebas de acoso como las llamadas y los mensajes recibidos.

Por todo ello la Fiscalía viró en su criterio en la causa hasta terminar acusándoles y pidiendo 13 años de cárcel para cada uno. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este medio, el Ministerio Público relata todos los ítems ocurridos desde diciembre de 2013 hasta mediados de 2014. Apunta que ambos trazaron un plan que comenzó con una visita al hospital donde pasaba consulta para amenazarle. El objetivo era evitar que denunciara al exconsejero de OHL. Al no conseguirlo, las actuaciones fueron en aumento.

15 denuncias ignoradas

Comenzó entonces una auténtica campaña de acoso que incluyó mensajes amenazantes e incluso visitas al colegio de sus hijos. "Vas a pagar puta loca", "Vamos a pinchar a tus hijos", "Te vamos a destrozar la vida" o "Te mandaremos un cuchillo para que lo entiendas" son algunos de los muchísimos mensajes ocultos que recibió en esos meses. La situación se agravó en enero de 2014 cuando sufrió una primera agresión en el hombro mientras estaba en su coche.

En abril de ese año, cuando iba en el coche con su hijo y aprovechando que paró para coger el alzador del pequeño, Villarejo le asaltó y le propinó un corte en el abdomen, según el escrito de la Fiscalía. Ese hecho fue uno de los múltiples que denunció en ese tiempo. Estuvo muchos meses entre 2013 y 2014 intentando que la Policía investigara su relato. Llegó a interponer 15 denuncias. Todas quedaron en en olvido por indicaciones, supuestamente, de Villarejo. Hubo un comisario que sí le creyó: Jaime Barrado.

El policía, al frente de la comisaría de Chamartín, accedió a investigar los hechos y organizó una rueda de reconocimiento para identificar al agresor. Los mandos policiales cercanos a Villarejo no solo trataron de frenar estas acciones sino que propiciaron una campaña de desprestigio y acoso a este comisario al que destinaron a la comisaría de Carabanchel. Terminó siendo suspendido de empleo y sueldo.

Los informes policiales, favorables a López Madrid, llevaron a la juez a archivar la causa en 2016. La defensa de la dermatóloga insistió en todo momento en que sí había indicios, aunque la Fiscalía no compartió su criterio. Tras estos bandazos la causa volvió a sufrir otro giro clave con la detención de Villarejo. El análisis de todo el material incautado supuso un antes y un después y arrojó claridad a los hechos denunciados hasta el punto de terminar ambos procesados por la juez. Ahora la Audiencia de Madrid confirma los indicios y les deja más cerca del banquillo.

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