Maniobra frustrada de Ignacio González para dejar fuera de la investigación sobre su polémico ático de lujo en Estepona a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad malacitana, Isabel Conejo, ha dictado este martes un auto en el que tumba los argumentos utilizados por el ex presidente de la Comunidad de Madrid para evitar que se hiciera cargo de las pesquisas este grupo especializado de la Policía que, entre otros casos, destapó el 'caso Gürtel' con uno de cuyos 'pelotazos' urbanísticos se relaciona la compraventa bajo sospecha. El político y su mujer, Lourdes Cavero, también imputada en la causa, alegaban que esta unidad no era la competente. En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la magistrada rechaza dicho argumento y recalca que los delitos investigados (cohecho, blanqueo y contra la Hacienda Pública) convierten a sus agentes en los más indicados para la investigación.
La UDEF lleva también la Gürtel, el caso de corrupción con uno de cuyos 'pelotazos' se relaciona la compraventa de la vivienda de lujo de Ignacio González
La petición de Ignacio González iba incluida en un recurso de reforma que presentó el pasado 14 de marzo y en el que, además de intentar impedir que la UDEF retomara las pesquisas que tuvo que abandonar hace cuatro años por orden del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el político madrileño también pretendía evitar que se rastrearan seis años de movimientos de sus cuentas bancarias y que se incorporaran a la causa dos denuncias y un escrito presentados por el comisario José Villarejo, el mando policial que con la grabación de una conversación con él provocó la reciente imputación de éste y su esposa. La juez rechaza ahora casi todas las peticiones del ex presidente de la Comunidad de Madrid y decide mantener a la unidad policial especializada en delitos económicos como responsable de las pesquisas dada "la complejidad de la presente causa" y la propia naturaleza de "los presuntos delitos objeto de instrucción en la presente causa".
De hecho, la juez recuerda que ella se limitó a remitir en marzo a la Comisaría de Policía de Estepona un escrito para que fueran los agentes de esta dependencia local los que se encargaran de la investigación. No obstante, en aquel escrito la magistrada ya dejaba a los mandos de aquella la puerta abierta para que delegasen en cualquier otra "unidad de dicho cuerpo policial con competencias para llevar a cabo la investigación de los hechos", en lo que fuentes jurídicas vieron ya entonces una sutil alusión a la UDEF. Finalmente, es lo que hicieron los destinatarios del encargo judicial, que enviaron días después al Juzgado un oficio en el que detallaban que habían dirigido a la Comisaría General de Policía Judicial, en Madrid, el oficio que esta les remitió "para que por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera [sic] sean investigados los hechos denunciados en este procedimiento". Ahora, la juez respalda esta decisión al considerar que la misma "no contradice ninguna regla de competencia" como alegaban Ignacio González y Lourdes Cavero.
Cita como testigo a un ex jefe de la UDEF
Esta no es, sin embargo, la única decisión que la magistrada ha tomado en los últimos días sobre la UDEF. Así, en otro auto también del 3 de mayo, la juez ha ordenado la comparecencia como testigo de uno de los agentes de esta unidad policial que participó en 2012 en las entonces incipientes investigaciones sobre el ático que fueron cortadas de raíz por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Se trata del entonces responsable de la Brigada de Blanqueo, el comisario José Luis Gudiña. Este agente fue quien se hizo cargo de las pesquisas a instancias de su entonces máximo responsable, el comisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla, cesado fulminantemente entonces precisamente por poner en marcha la investigación y que ya declaró en la causa hace unas semanas. Gudiña (a quien la juez cita por error en su auto como Goudiña) planteó como primera diligencia el desplazamiento de dos agentes a Asturias, donde vivía el primer propietario del ático que se lo había vendido a la empresa 'pantalla' que más tarde se lo alquilaría a Ignacio González y su mujer.
La juez ha citado a declarar como testigo al comisario Gudiña, al que en 2012, cuando estaba precisamente en la UDEF, le ordenaron iniciar las pesquisas
Junto a él, también ha sido convocado para los próximos días como testigo, en aquel momento comisario jefe de Marbella, Agapito Hermes de Dios, quien había iniciado las pesquisas sobre el ático en julio de 2011, cuando el PSOE aún estaba en el poder. La llegada al Palacio de La Moncloa del PP se tradujo en una primera paralización de las investigaciones, al considerar Jorge Fernández Díaz que las mismas no habían sido registradas de forma oficial y, por tanto, eran "ilegales". La propia Dirección General de la Policía anunció entonces en una nota de prensa que "siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior" había abierto un expediente a este agente que también fue trasladado de destino. Ahora, la juez Isabel Conejo ha ordenado que se le tome declaración a este comisario que en su día denunció "la sustracción de diversas notas" sobre sus pesquisas pese a que la Fiscalía Anticorrupción no la consideraba "necesaria".
Finalmente, la magistrada hace una última petición a la Policía. En este caso, reclama a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que dirige el comisario Eugenio Pino que le entregue el "expediente completo que obre en sus archivos relativos a las indagaciones, gestiones o investigaciones relaticas a don Ignacio González González y al ático objeto de esta instrucción". Exige, en concreto, "todas las notas de trabajo y notas de gestiones que obren en el mismo". Esta prueba había sido pedida, como la declaración de los dos mandos policiales, por la acusación que representa a los ex trabajadores de Madrid y a ella también se había opuesto el ex presidente madrileño sin éxito, como en su intento de vetar la participación de la UDEF en la investigación.
