El 'caso de los papeles de Bárcenas' amenaza con provocar el enésimo quebradero de cabeza al Partido Popular (PP). El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha dictado una providencia en la que da por recibido un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) elaborado a partir de una denuncia sobre supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), gobernado por los 'populares', y le pide a la Fiscalía Anticorrupción que proponga diligencias para avanzar en dicha investigación. El origen de este nuevo frente que se le abre a Génova 13 a sólo unos meses de las elecciones locales y autonómicas es una denuncia recibida "por fax" en la Audiencia Nacional que iba firmada por un funcionario municipal.
La denuncia, de sólo un folio, llegó por fax al juzgado de Ruz en mayo del año pasado. UDEF ha terminado su informe sobre la misma nueve meses después
Aquel escrito, de un folio de extensión, llegó al Juzgado de Pablo Ruz en mayo del año pasado. Pocos días después, el juez dictaba una providencia en la que daba cuenta de la existencia de dicho documento y de quien lo firmaba, Juan Antonio Camargo, un alto funcionario del Ayuntamiento alcalaíno que es también dirigente local de un partido ecologista. El magistrado ordenaba en su escrito que se remitiera una copia del mismo a la UDEF "al objeto de determinar la conexión de los hechos expuestos en el cuerpo del escrito y los investigados" en la pieza separada de los 'papeles de Bárcenas'. Para ello, el juez instaba a la Policía a realizar un informe "respecto a los hechos denunciados" para lo cual les habilitaba para realizar "las gestiones y averiguaciones oportunas, incluida la declaración del denunciante".
Desde entonces, no se había vuelto a tener noticia de aquella línea de investigación abierta hasta que el pasado 19 de febrero el juez dictaba una nueva providencia en la que, entre otras cuestiones procesales de la causa, informaba de la recepción de un nuevo análisis de la UDEF. En concreto, del "informe 4.285/15 sobre las gestiones efectuadas en base al escrito de D. Juan Antonio Camargo Muñoz y que fue encomendado por oficio de fecha 6 de mayo de 2014". El magistrado ordenaba que el mismo se uniera al sumario y que se diese traslado del mismo a la Fiscalía Anticorrupción para que, a la vista de su contenido, hiciera una propuesta de "diligencias a practicar" si lo consideraba oportuno. Aún no lo ha hecho.
Según ha confirmado a Vozpópuli el propio funcionario que planteó la denuncia, la Policía le tomó declaración "hace aproximadamente un mes" durante cerca de tres horas sobre el contenido de aquella denuncia en la que apuntaba a supuestas irregularidades en la contratación por parte del ayuntamiento alcalaíno de la empresa Grupo Licuas, cuyo propietario, Joaquín Molpéceres, fue imputado por el juez Ruz en diciembre de 2013 por la supuesta donación de 60.000 euros al PP en el año 2004 y declaró por ello en enero de 2014 en la Audiencia Nacional. Según detalló el funcionario a los agentes, dichas irregularidades se dieron en la adjudicación de un contrato de renovación de aceras en el casco histórico de la localidad y en la concesión de un campo de golf. Camargo también entregó documentación al respecto. "Les detallé cómo se manipulaban los concursos", aseguró a este diario.
Denuncia desde Garzón
La mención de Alcalá de Henares en la pieza separada de los 'papeles de Bárcenas' es nueva, no así en el sumario del 'caso Gürtel', donde ya se había investigado, precisamente, por una denuncia del mismo funcionario de marzo de 2009 ante el juez Baltasar Garzón, primer instructor de la causa. Entonces, Juan Antonio Camargo, que entonces era jefe de los servicios municipales del consistorio alcalaíno y funcionario desde 1980, aseguró al magistrado que le ordenaron adjudicar un contrato de 5 millones de euros a la mercantil Constructora Hispánica, presuntamente implicada en la trama. Aquellas afirmaciones las mantuvo después ante el magistrado Antonio Pedreira, quien se había hecho cargo de la investigación ante la presencia de aforados entre los imputados.
El funcionario ya había denunciado ante Garzón otra supuesta corruptela del Ayuntamiento, pero fue finalmente archivada en un juzgado ordinario de Alcalá
Siempre según la denuncia de entonces de Camargo, un concejal del equipo de gobierno del PP le exigió en agosto de 2004 que adjudicase el contrato para la conservación y reforma de pavimentos de la localidad por dos años a dicha sociedad, pese a que los técnicos habían elegido precisamente a otra empresa por "ser de largo la mejor oferta". Entonces, el consistorio alcalaíno negó las irregularidades y achacó las afirmaciones del funcionario a un contencioso laboral que mantenía con el Ayuntamiento, del que fue apartado. Un hecho, este último, que el trabajador relacionaba en aquel momento a su "resistencia a los tejemanejes de los concejales".
Finalmente, y con Ruz ya al frente de la investigación, estas pesquisas fueron derivadas en marzo de 2012 a un juzgado ordinario de Alcalá de Henares al considerar que no existía ninguna relación entre esta supuesta corruptela y el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa. Lo que sí mantuvo en el sumario fue la investigación sobre la construcción de un parque de bomberos en la localidad porque uno de los apuntes de la contabilidad de la trama recogía que ésta recibió 29.300 euros de comisión por el mismo. De hecho, en el auto del pasado mes de noviembre con el que cerraba la instrucción de la primera etapa de la causa, la que va de 1999 a 2005, el magistrado ya anunciaba expresamente que en la siguiente fase incluiría las actividades de la red en Alcalá.
Por su parte, el juez de Alcalá que asumió la investigación de las supuestas irregularidades en el contrato de pavimentación terminó archivando poco después la misma, con el apoyo de la Fiscalía, al considerar que en dicho contrato sí existía un ilícito administrativo pero sin trascendencia penal. Para entonces, el Ayuntamiento del PP ya había abierto dos procedimientos administrativos sancionadores contra el funcionario que concluyeron en septiembre de 2011 con sendas resoluciones en las que se acordó suspender de funciones por un año en una de ellas, y por un periodo de cuatro años y seis meses en la otra. La Justicia ha revocado la primera, pero el técnico aún pleitea por la segunda, según confirmó este martes a este diario. De hecho, permanece suspendido de empleo y sueldo, aunque ya ha pedido la readmisión. Mientras ese momento llega, se mantiene firme en la denuncia que puede llevar a Ruz a abrirle al PP otro frente cuando está a sólo unas semanas de abandonar la Audiencia Nacional.
