Lío en la sede del Tribunal Supremo. El Ministerio de Justicia tiene previsto sufragar las plazas de aparcamiento de 84 magistrados. Una operación que costará 113.490 euros de dinero público. Los funcionarios de distintas categorías que trabajan allí están que trinan por lo que consideran un caso evidente de discriminación. Por ello, denuncian lo decidido y esperan que haya tiempo para remediar la situación. De hecho, la conocida magistrada Margarita Robles se ha solidarizado con los empleados enviando una misiva en la que tacha esta situación como ejemplo de "desigualdad absolutamente inaceptable".
Más en concreto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector Justicia, ha denunciado en un comunicado que el departamento que dirige Rafael Catalá va a sufragar el coste de esta iniciativa. En total, se pagarán 57 plazas para magistrados del Tribunal Supremo en el parking Villa de París y de otras 27 plazas del parque móvil en el aparcamiento del edificio Colón, próximo a la nueva sede de la Audiencia Nacional. Una operación que costará, según dicen, 113.490 euros y que, a su juicio, "discrimina al conjunto de funcionarios". Desde CSIF aclaran a Vozpópuli que estas cifras incluidas en sus comunicados fueron publicadas previamente por Libertad Digital, aunque los sindicalistas no citasen a dicho diario en sus textos.
El sindicato de funcionarios denuncia que Justicia adopta ahora "una medida con fondos públicos discriminatoria, dado que en el Tribunal Supremo no sólo desempeñan su labor los magistrados"
Dicho sindicato recuerda que el Gobierno viene sometiendo a la Administración de Justicia a un "ajuste económico radical" y, sin embargo, desde el Ministerio se adopta ahora "una medida con fondos públicos discriminatoria, dado que en el Tribunal Supremo no sólo desempeñan su labor los magistrados". Por ello, rechazan "las medidas para permitir el estacionamiento de los vehículos particulares únicamente a unos pocos y de categorías superiores, en perjuicio de la mayoría de funcionarios que prestan sus servicios en el Tribunal Supremo con salarios muchos menores". Y recuerdan que dichos trabajadores públicos "se verían obligados renunciar a la utilización de sus vehículos o alquilar una plaza de aparcamiento, con el perjuicio económico y para la conciliación de la vida laboral y familiar que ello conllevaría".
Los funcionarios afectados, a través de CSIF, no denuncian que haya menos plazas en el parking, pero sí que se les excluya a ellos de las mismas. Y, por ello, exigen que se elimine "esta desigualdad inaceptable" y que se permita el estacionamiento en estas plazas a "todos los trabajadores de la Administración de Justicia destinados en el Supremo que lo soliciten, sin distinción de categorías, permitiéndose el estacionamiento de los vehículos autorizados por estricto orden de llegada y hasta la completa ocupación del recinto de aparcamiento".
Margarita Robles se solidariza
La magistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles ha remitido una carta a la citada central sindical para mostrar su apoyo a los discriminados. En la misiva, muestra su "solidaridad y apoyo" en relación a los comunicados del sindicato respecto a la gestión de las plazas de aparcamiento en el Alto Tribunal. Como se ha dicho, CSI-F denunció la discriminación que sufren los funcionarios que trabajan en esta sede judicial respecto al reparto de 84 plazas sólo para magistrados en dos aparcamientos cercanos al Supremo.
La exsecretaria de Estado de Interior también señala que ha hecho llegar su disconformidad con el hecho de que el Ministerio de Justicia no ayude a todos los que prestan servicio en el tribunal
Robles, magistrada de la Sala Tercera del Supremo, indica en su carta que desde septiembre de 2014 viene reclamando a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal la adopción de medidas no discriminatorias para todos cuantos trabajan en esta sede y que necesitan acudir al trabajo en sus vehículos particulares. La exsecretaria de Estado de Interior también señala que ha hecho llegar su disconformidad con el hecho de que el Ministerio de Justicia, "con el dinero de los ciudadanos, haga efectivo el importe de 57 plazas para magistradas/os, sin dar respuesta a las necesidades del resto de personas que prestan servicio en este Tribunal".
Margarita Robles, que califica este hecho de "desigualdad absolutamente inaceptable", afirma en la carta que ha solicitado que se le diga la manera de hacer efectivo el importe de su plaza de aparcamiento. "Cuentan con todo mi apoyo en las reivindicaciones que puedan hacer para dar respuesta a un problema que no es menor y que afecta de lleno a las condiciones de trabajo y a la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral, sin olvidar el contexto de falta de transparencia como se ha gestionado el tema", concluye la misiva dirigida a los sindicalistas y hecha pública por ellos.
