Nuevo golpe contra el fraude en los cursos de formación. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha puesto en marcha a primera hora de este lunes la cuarta fase de la 'Operación Edu' con la detención de diez antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía. El dispositivo, bautizado con el nombre de 'Eduende', se desarrollará en siete de las ocho provincias andaluzas durante las próximas dos semanas, en pleno rifirrafe político para la investidura de Susana Díaz. En este tiempo está previsto el arresto de cerca de 180 personas, según fuentes cercanas a las investigaciones. Hasta ahora, las diferentes redadas de esta compleja operación que se inició hace más de dos años se ha saldado con un total de 254 imputados.
Con las 180 detenciones previstas ahora, la 'Operación Edu', que ya acumula 254 imputaciones, batirá el récord de arrestos de la historia judicial española
Los arrestos de este lunes son, precisamente, la culminación de los tres anteriores dispositivos llevados a cabo por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF contra este fraude masivo en Andalucía y que se bautizaron como Edu, Edu-Costa y Edu-Centro. De hecho, en Eduende los arrestados son los cinco antiguos delegados de Empleo de la Junta en Jaén, Córdoba, Granada, Cádiz y Málaga, cuya firma aparece en la orden de adjudicación de estos cursos de formación publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), además de cinco jefes de servicio de dichos organismos. Todos ellos están acusados de haber permitido presuntamente que empresas que no cumplían los requisitos recibieran subvenciones para impartir cursos para parados. No obstante, la Policía está convencida de que se trata de actuaciones individualizadas y no de fraude orquestado de manera conjunta.
Los delegados de empleo arrestados ahora son Antonio Fernández Ramírez, exdelegado de Empleo en Córdoba y exalcalde socialista de Pozoblanco; Irene Sabaleta, que ocupó el mismo puesto en Jaén y que se hizo célebre recientemente al salir una grabación en la que instaba a los funcionarios a votar al PSOE si no querían perder su empleo; Marina Martín, de Granada; Juan Carlos Lomeña, de Málaga y miembro del Congreso de los Diputados en los años 90, y Juan Bouza, en Cádiz. En todos los casos, la Policía ha optado por citarles en las distintas comisarías provinciales para que acudan con abogado y, una vez detenidos, tomarles declaración. Posteriormente serán puestos en libertad con cargos, a la espera de comparecer un tiempo después ante los jueces que se encargan en cada provincia de la instrucción de la causa. Se da la circunstancia de que los cinco ya fueron arrestados por la Guardia Civil en otra redada también contra el fraude en ayudas públicas.
Más cargos públicos
Los arrestos de estos cinco ex altos cargos así como de los cinco jefes de servicio no serán, sin embargo, los únicos de responsables políticos de este dispositivo. De hecho, el mismo se va a desarrollar a lo largo de dos semanas y en él está prevista la detención de cerca de 180 personas, en su mayoría empresarios que recibieron subvenciones de modo presuntamente irregular en Huelva y Sevilla, las dos provincias donde las pesquisas van más retrasadas y en las que, de hecho, no se va a actuar aún contra responsables de Empleo de la Junta por este hecho. En ambas, la investigación se centra en 52 empresas que percibieron 5,7 millones de euros en subvenciones para impartir formación a desempleados. La otra donde no va a haber arrestos de antiguos altos cargos es Almería, en este caso porque no se han detectado irregularidades en la actuación de sus responsables cuando se concedieron las ayudas.
En Huelva y Sevilla, donde las pesquisas van más retrasadas, no habrá arresto de altos cargos, pero si de responsables de 52 empresas de formación que recibieron cerca de 5,7 millones en subvenciones
Las detenciones se producen en un momento clave de la vida política andaluza después de que Susana Díaz no haya conseguido aún el respaldo suficiente de la Cámara regional para formar gobierno pese a ganar las elecciones del pasado 22 de marzo. De hecho, la dirigente socialista ha dado en los últimos días un ultimatum al resto de partidos del parlamento para que faciliten esta misma semana su investidura o, si no, convocará nuevas elecciones anticipadas. Según altos cargos del Ministerio del Interior, la 'Operación Eduende' estaba preparada desde hace semanas, pero se decidió aplazarla para no interferir en la campaña electoral de los pasados comicios municipales. Ahora, sin embargo, se ha decidido actuar sin mirar el calendario político ante la necesidad de dar el último empujón a una investigación que lleva abierta más de dos años y en la que se vienen realizando arrestos desde el verano pasado.
De hecho, con las detenciones que se comienzan a practicar este lunes el 'caso Edu' se convertirá en una operación policial con cifras de récord, ya que hay implicadas 254 personas en las tres fases desarrolladas hasta el momento. En la primera, que tuvo lugar el pasado verano en Málaga, hubo 42 arrestos. En la segunda, que se desarrolló en Cádiz, Almería y otra vez Málaga el pasado mes de febrero, concluyó con 87 detenciones. Y en la última redada, la anterior a las autonómicas andaluzas, 125 entre detenidos y imputados. A ellos se suman otros quince arrestados en la 'Operación Óscar', una 'hija' de Edu en la que cayó un exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda Avilés. Una compleja investigación que, además, tiene otra particularidad: la dirigen ocho juzgados diferentes, uno por cada provincia.
Las pesquisas han dado pasos de gigante en los últimos meses gracias, en parte, a la colaboración ciudadana. Fuentes cercanas a la investigación aseguran a este diario que numerosos alumnos y profesores de cursos han acudido a comisarías y juzgados a denunciar irregularidades de las que habían sido víctimas tras conocer por la prensa la existencia del fraude. Por su parte, la Junta de Andalucía ha cambiado su actitud ante las investigaciones. Así, el Gobierno de Susana Díaz ha pasado de negar las irregularidades y denunciarlas como un montaje de Madrid tras destaparlas en exclusiva Vozpópuli el pasado mes de abril, a dar instrucciones a las delegaciones provinciales de las que dependían los cursos para que presten la máxima colaboración a la Policía. Incluso, han hecho sus propias pesquisas.
