La 'Operación Emperador' contra la mafia china sigue avanzando poco a poco y, a veces, con sorpresas. La última la han dado varios informes de la Agencia Tributaria remitidos recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu. En ellos, Hacienda no sólo constata que numerosos empresarios imputados por haber utilizado presuntamente los servicios de la mafia china para traer a España miles de euros que mantenían ocultos en paraísos fiscales se habían acogido a la Declaración Tributaria Especial (DTE) de Cristobal Montoro, sino también que uno de los detenidos en la trama, Jorge Torner Garrido, directivo de la oficina en Madrid de Credit Agricole, fue la persona que gestionó la repatriación de grandes cantidades de dinero al amparo de la polémica amnistía fiscal a cambio de una comisión del 2%. La investigación revela que el ejecutivo financiero actuaba al margen del banco francés y que con ello consiguió importantes beneficios que sumó a los que presuntamente ya obtenía antes de la regularización fiscal haciendo llegar a China el dinero de la mafia presuntamente dirigida por Gao Ping.
El directivo de la entidad financiera supuestamente cobraba un 2% del dinero que repatriaba desde Suiza para que sus clientes pudieran regularizarlo ante Hacienda. Éstos pensaban que era un 'servicio' más del banco
Las sospechas de que Jorge Torner suspuestamente había aprovechado la polémica medida de Montoro para enviar dinero de la trama delictiva a Hong Kong y, a la vez, ganar más dinero surgieron el pasado mes de junio, cuando los primeros empresarios imputados por el 'blanqueo' de dinero comenzaron a comparecer en la Audiencia Nacional para explicar al juez Andreu su relación con la trama de Gao Ping y, sobre todo, con la trama de ciudadanos israelíes que se había convertido en el principal mecanismo utilizado por la mafia china para hacer llegar a su país millonarias cantidades de dinero a traves del sistema de 'lavado' conocido como "de compensación". Entonces, varios empresarios se escudaron en la regularización extraordinaria de Hacienda para justificar ante el juez sus tratos con la trama en un intento de demostrar que se acogieron a la amnistía fiscal antes de que se conociera públicamente su implicación en las investigaciones para así eludir la acusación de delito fiscal.
Entre los que afirmaron al magistrado que se habían acogido a la DTE, se encontraban Antonio Banús Ferré, sobrino del célebre constructor que da nombre al puerto de Marbella, los empresarios Ignacio Miguel Bernar Elorza y María Mercedes Gómez Arbex, e Ilia García Saéz de Borbón, familiar lejana del Rey. Según fuentes jurídicas, algunos de estos empresarios aseguraron al juez que ellos desconocían que en la repatriación de su dinero desde los paraísos fiscales se hubiera cometido un delito y señalaron que de todas las gestiones, incluidas las órdenes de transferencias a China, se había encargado presuntamente un empleado en España de Credit Agricole en España que gestionaba sus cuentas: Jorge Torner. Según estas fuentes, éste les entregaba el dinero en metálico en el despacho que tenía en la céntrica sede que la entidad financiera tiene en la capital a cambio de una comisión que rondaba el 2% del importe total, lo que hizo pensar a sus adinerados clientes que era un 'servicio' más de la entidad.
"Convincentes" declaraciones ante el juez
Fuentes jurídicas aseguran que el testimonio ante el magistrado de algunos de estos empresarios "fue convincente", por lo que el juez Andreu encargó informes a la Agencia Tributaria en los que pedía se prestase especial atención a las fechas de regularización fiscal. Según estas mismas fuentes, al menos media docena de estos presuntos 'clientes' han salido bien parados en las conclusiones emitidas por los inspectores de Hacienda por lo que previsiblemente serán desimputados en breve con el respaldo de la Fiscalía. Lo más llamativo es que prácticamente todos ellos eran clientes del directivo de Credit Agricole en España, con lo que la situación de éste en la causa se vuelve, por el contrario, más difícil, recalcan fuentes jurídicas.
Al menos media docena de empresarios han logrado convencer al juez Andreu de que ellos creían que la repatriación de su dinero desde paraísos fiscales se había hecho por cauces legales
Jorge Torner fue detenido el 16 de octubre de 2012, cuando se realizó el grueso de los arrestos. Su presencia, pese a la relevancia que ahora le otorgan los investigadores dentro de la trama, pasó entonces inadvertida para la opinión pública entre el cerca de centenar de personas que cayeron. Ese mismo día, agentes de la Policía registraron su despacho en la céntrica sede que Credit Agricole tiene en Madrid, situada en el número 1 del Paseo de la Castellana. Buscaban documentación sobre las transacciones bancarias que supuestamente hacía regularmente a los miembros de la red de Gao Ping por varios cientos de miles de euros cada vez. Días después de su arresto, el juez Andreu ordenó su ingreso en prisión eludible con fianza bajo la acusacion de blanqueo de dinero. Siempre según las fuentes consultadas, Torner Garrido hacía todas estas operaciones de 'lavado' al margen de los cauces ordinarios de la entidad bancaria para la que trabajaba. "Tenía una contabilidad B dedicada en exclusiva a la trama de Gao Ping", aseguran estas fuentes.
Los otros imputados
Frente a los imputados que han reconocido hasta ahora abiertamente al juez tener tanto cuentas en el extranjero como haberse acogido a la amnistía fiscal, el resto de los supuestos 'clientes' de la mafia china que ya han declarado ante el juez han mantenido una actitud dispar frente a las acusaciones. Así, varios han optaron por el silencio como estrategia de defensa. Fue el caso de José Antonio Fernando Gil González, apoderado del Grupo Salermar 98, empresa presidida por Fernando Sarasola. En el sumario se recogía que supuestamente realizó transferencias preriódicas al gigante asiático desde una de las cuentas de esta mercantil a cambio de entregas de dinero en metálico. También optó por no declarar el aristócrata Francisco de Borja Otero, quien incluso se negó a escuchar las conversaciones telefónicas grabadas durante la investigación que presuntamente prueban su relación con la trama.
El exceso de trabajo del juez Andreu ha ralentizado el avance de la 'Operación Emperador'. En breve llegará un informe de Asuntos Internos sobre la implicación de mandos policiales en la trama
Otros, sin embargo, sí declararon, aunque en todos los casos para negar cualquier intención delictiva en sus relaciones con la mafia china. Así, el banquero Enrique Lasarte aseguró al magistrado que el pago de 100.000 euros en efectivo que recibió de la red de Gao Ping era en realidad “un préstamo” que había pedido a un amigo suyo porque se encontraba en un momento de “necesidad económica”. Quién sí reconoció haber sido titular de una cuenta en Suiza fue el abogado Enrique Ortega, quien recalcó al juez que eso era "legal". Ortega insistió que tampoco él tenía nada vez en la trama y que su nombre hubiera aparecido en las pesquisas era culpa de un cliente de su bufete "al que también le implican en este tema". También compareció José Leandro Torrontegui, nieto de la aristócrata Cuqui Fierro, quien en sus confusas explicaciones sobre el destino del dinero que recibió terminó involucrando supuestamente a otro miembro de la familia cuyo nombre no había aparecido hasta ese momento en las investigaciones. Sí había salido el de su padre, fallecido hace unos meses.
Todos ellos declararon en la Audiencia Nacional el pasado verano y, aunque aún queda por pasar por la Audiencia otro numeroso grupo de adinerados 'clientes' de la trama de Gao Ping, las comparecencias se han ralentizado en los últimos meses ante el exceso de trabajo del juzgado, que lleva otros complejos casos como la investigación de las supuestas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia. De hecho, el magistrado está esperando para reactivar las pesquisas un informe de Asuntos Internos (la unidad que combate la corrupción dentro de la Policía) que detalla la implicación de al menos tres mandos policiales con la trama. Una vez cerrado este fleco, fuentes jurídicas aseguran que el juez Andreu volverá a citar a empresarios y nobles que blanqueaban a través de la red de Gao Ping. Una segunda tanda en la que, según aseguran fuentes conocedoras, aparecerán apellidos y rostros conocidos.
