"Me ha dado mucha paz", tranquilizó el entonces presidente de Caja Segovia, Atilano 'Milano' Soto a sus consejeros. Había hablado con el juez del saqueo de Caja Segovia y "le parece bien, que es lo que le interesa al Consejo, que lo sepáis. No se puede decir más. Los jueces hacen lo que tienen que hacer". Atilano pronunciaba estas palabras, según una grabación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en el Consejo del 17 de julio de 2012, cuando la entidad segoviana ya estaba más que fagocitada por Bankia, el propio Soto ya estaba imputado junto a Rato y el caso de las retribuciones millonarias de "la alta dirección" de Caja Segovia, en los tribunales.
El motivo de su desvelo no era otro que la posible aparición en sede judicial de un desfase de más de tres millones de euros en las jubilaciones de los directivos de Caja Segovia. Las cuentas de la aseguradora encargada de llenar los bolsillos del comité de dirección, CASER, y la documentación que manejaba la entidad, no cuadraban.
De modo que aquel Consejo de julio de 2012, pastoreado por Atilano Soto, se afanó en hacer unas rectificaciones, incluir "un documento emitido en 2011, pero que corresponde a 2010" y habilitar una partida en concepto de jubilación para el equipo directivo. "Ya me pierdo…. ¿Se reparten a mayores tres millones y pico de euros? Más que nada para no enterarme por la calle", objetó un consejero.
Parece ser que así fue. Y por ello la entidad tuvo que consensuar la contestación a las diligencias previas requeridas por el juez. Lo cual fue leído en ese mismo Consejo por el abogado Luis Rodríguez Ramos (sí, el mismo prestigioso penalista que defiende ahora a consejeros del PP y del PSOE, así como a destacados imputados Gürtel, tal que Jesús Merino). "No hemos podido presentar el documento. Rodríguez Ramos tiene que conocer… para que él la semana que viene hable con el juez y con el fiscal. (…) Él va a tener una conversación, digamos privada, tal y como yo la he tenido…", informó Atilano Soto.
Sobre el pelotazo del 'caso Navicoas'
El descuadre de las cuentas de CASER no fue el único asunto importante que se trató en aquel Consejo. También se habló del 'caso Navicoas', el pelotazo inmobiliario fallido en Asturias que terminó hipotecando el emblemático Torreón de Lozoya, entre otro patrimonio, para saldar una deuda tributaria de 6,8 millones de euros.
"Pensamos que el Torreón de Lozoya no debería estar incluido dentro de la garantía del préstamo, por ser el buque insignia que tiene la caja", se informó al Consejo. "Porque jamás se piensa en venderlo. Jamás. Y por eso se puso, precisamente, aunque parezca contradictorio. Jamás. Cualquier cosa antes que esa", se aprestó a justificar Atilano.
"Entonces, como alternativa y de forma coyuntural, estamos viendo la posibilidad de segregar y valorar estas dos plantas [de la sede principal de la entidad en Segovia] que son propiedad de la caja, ponerlas como garantía y en un futuro, si fuera necesario, porque vendiésemos estas dos plantas, trasladar la sede social, o bien al Torreón o bien al Palacio de Villafáñez", propusieron. A lo que Atilano añadió: "Es muy sensible, porque ya empiezan a preguntar…También con una mala, determinada excitación… esto es puramente una garantía y por otra parte es coyuntural, porque claro, tiene mucho valor, y eso evita cualquier otro tipo de aval"…
"Pero esto… ¿Estáis intentando hacerlo?", preguntó uno de esos consejeros que al parecer no se enteraba de nada, presuntamente escandalizado. "Ya se ha pactado con Bankia. Ponemos el Torreón y después el Torreón le quitaremos. Lo que pasa es que no ha sido posible hacer la tasación porque esto es una cosa de la semana pasada. Y no da tiempo para la firma, que está prevista para mañana o pasado", le contestaron.
Bankia o su matriz, BFA, que por aquel entonces ya se había quedado con todo (lo bueno, lo malo y lo regular) de las cajas expoliadas, por alguna extraña razón decidió que no asumía la deuda tributaria de Navicoas. Y por alguna extraña razón, los magníficos gestores de Caja Segovia, lo aceptaron. Y como ya no tenían fondos, salvo supuestamente para la minuta de Rodríguez Ramos y poco más, pues procedieron a pedir un préstamo a Bankia, hipotecando el patrimonio que los segovianos consideraban suyo. La hipoteca se aprobó a diez años, con cinco de carencia de capital e intereses. Pero Bankia no aceptó dejar de cobrar los intereses, con lo que había que liquidarlos anualmente desde la fecha del desembolso.
Curiosamente, la grabación en la que Atilano Soto reconoce conversaciones privadas que tanto interesan al Consejo, no ha aparecido en el caso de las retribuciones millonarias de los directivos de Caja Segovia, en el juzgado número 2 de la ciudad, sino en el de Navicoas, que ventila otro juez en el número 5. Ahí llegó el caso después de que un grupo de consejeros, capitaneados por el secretario del Consejo, que también lo es del PP de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, denunciaran estos hechos, así como la posible manipulación de las actas. Algo que fue calificado en su día por Soto de "conciliábulo diabólico". El juez del número 5 optó por imputarlos a todos.
