La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación en la pieza separada correspondiente al procedimiento específico por el que fueron concedidas las subvenciones investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, pide "que se abra pieza separada de responsabilidad pecuniaria" a cada uno de los 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía contra los que reclama la apertura de juicio oral.
En el escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción pidió para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, solicita diez años de inhabilitación especial por un único presunto delito de prevaricación continuada. Todo ello en el marco de su solicitud de apertura de juicio oral contra 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, además de Chaves y Griñán; el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías; la exministra de Fomento Magdalena Álvarez a cuenta de su papel como consejera de Economía y Hacienda; la también exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo; el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el también exconsejero de Empleo José Antonio Viera; el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera como sus sucesores en dicho cargo; y los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá Salvador y Justo Mañas, entre otros.
Interrogatorio de todos los acusados
En ese sentido, la Fiscalía solicita también al final de su escrito que durante el juicio oral cuya apertura de reclama, se practique el "interrogatorio" de todos y cada uno de los 26 encausados, incluidos Chaves y Griñán. Del mismo modo, la Fiscalía pide que comparezcan como testigos o "testigos-peritos" más de medio centenar de personas, entre ellas el presidente de la Fundación Unicaja Banco, Braulio Medel; la exasesora de la Consejería de Empleo María José Rofa; José Antonio Ávila por su papel de jefe de los servicios jurídicos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA); Antonio Diz-Lois, ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Junta; o el interventor delegado de Empleo Ramón Gutiérrez de la Chica.
Del mismo modo, la Fiscalía Anticorrupción también pide en su escrito de acusación "que se abra a cada encausado pieza separada de responsabilidad pecuniaria". Todo ello, después haber solicitado en un fragmento anterior de su escrito, que los presuntos autores del delito de malversación respondan solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales del programa 31L y 22E por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden en conjunto a 741,59 millones de euros.
