La trama Gürtel pagó en septiembre de 2002 una parte de los gastos de la boda de Ana Aznar, hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar, con Alejandro Agag, informa en su edición de este martes el periódico El País. Dicho pago ascendió a 32.452 euros y el presunto máximo responsable de la Gürtel, Francisco Correa, asistió como invitado al enlace, según recoge el sumario del caso que instruye la Audiencia Nacional.
La policía se incautó de dicha documentación hace ya más de dos años en una nave que utilizaba la red corrupta para guardar material diverso. Según los gastos reflejados en la contabilidad de la trama, la empresa de Correa se hizo cargo de determinados servicios de la fiesta, como iluminación, andamios, generadores, parking o acreditaciones, sin cobrar a los novios.
La boda tuvo lugar en el monasterio de El Escorial el 5 de septiembre de 2002 y fue oficiada por el cardenal Antonio María Rouco Varela. A ella asistieron los Reyes de España, los jefes de Gobierno del Reino Unido (Tony Blair), Italia (Silvio Berlusconi), Portugal (José Manuel Durão Barroso) y El Salvador (Francisco Flores), y los principales representantes de los tres poderes del Estado, presidentes autonómicos y ministros del Ejecutivo. Entre los invitados había otro jefe de la red Gürtel, Álvaro Pérez.
La fiesta posterior tuvo lugar en una finca dedicada a la cría de caballos llamada Los Arcos del Real, propiedad de un amigo de José María Aznar. Alejandro Agag ha reconocido al diario de Prisa que la cantidad aportada por la trama se hizo en concepto de "regalo de boda" y que fue destinada "exclusivamente" a la iluminación de la fiesta.
Agag, según El País, invitó a Correa a la boda debido a su "relación de amistad con él en esa época" y ha señalado en un comunicado que ni él ocupaba en esa época cargo público alguno ni Correa estaba imputado en ninguna causa judicial.
Por el momento, los regalos de la trama Gürtel a dirigentes del PP han provocado la dimisión del expresidente valenciano Francisco Camps, que posteriormente fue declarado no “culpable” de cohecho por un jurado popular; y la condena de dos altos cargos del Ejecutivo valenciano, Rafael Betoret y Víctor Campos.
