Cuatro escritos en sólo 24 horas. Más de ochenta folios en total. El PP ha vuelto a sacar toda su 'artillería' jurídica para defender por segunda vez la considerada imparcialidad de Enrique López y Concepción Espejel, dos de los tres magistrados encargados de juzgar el 'caso de los papeles de Bárcenas' en el que el partido está encausado como responsable civil subsidiario. Los escritos, todos ellos fechados el pasado lunes 28 de septiembre, dan respuesta individualizada a los incidentes de recusación presentados por cada una de las cuatro acusaciones personadas en la causa sobre los apuntes contables del extesorero. Y lo hacen con argumentos coincidentes que van desde la ausencia de "amistad íntima" entre la formación y los dos jueces a la supuesta falta de "afinidad ideológica" pese a que ambos fueron elegidos para diferentes cargos en órganos judiciales a propuesta de los 'populares'. Como punto final de todos los escritos, el abogado del partido destaca que, pese a la vehemencia de los mismos, la formación política "no tiene ni ha tenido nunca interés en que el presente procedimiento sea enjuiciado por un magistrado en particular". El pasado 11 de septiembre, el PP ya les defendió con otros dos escritos en el 'caso Gürtel', donde ambos también fueron recusados por las acusaciones.
El PP argumenta que Enrique López, asiduo a los cursos de FAES, no "puede ser discriminado en razón de sus opiniones o forma de pensar"
Los cuatro escritos de ahora guardan bastantes similitudes con aquellos dos y entre sí, pero no son idénticos. De hecho, en cada uno de ellos se rebaten los argumentos que las acusaciones en nombre de PSPV, IU, La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y el Observatori DESC plantearon en sus respectivos incidentes de recusación. De hecho, en uno de los casos la defensa del PP utiliza únicamente 17 folios mientras que en otro se va hasta los 26. En total, las cuatro alegaciones ocupan 83 hojas plagadas de sentencias de otros órganos judiciales y argumentos recurrentes con un único fin: que se mantenga a Enrique López y Concepción Espejel en el tribunal que debe juzgar la supuesta existencia de una 'caja B' en Génova 13. Eso sí, el espacio dedicado a la defensa del primero es sensiblemente mayor que la que ocupa la planteada para la magistrada que presidiría el tribunal durante la vista.
En el caso del antiguo miembro del Tribunal Constitucional, el PP insiste una y otra vez en que la supuesta 'cercanía' que las acusaciones deducen tanto de la participación de aquel en cursos de FAES [la fundación que preside José María Aznar] como de su elección a propuesta de la formación, primero, como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, más recientemente, como magistrado del Alto tribunal es lejana en el tiempo. De "hace varios años", señala textualmente. Algo que, en opinión del abogado del partido elimina cualquier "conexidad temporal" entre dichos hechos y la vista en el que el PP deberá responder por la actuación de sus tesoreros en el supuesto pago en negro de las obras de su sede central. Además, destaca que "la votación del Parlamento [que sirvió para su elección en el CGPJ] no genera una afinidad o animadversión con las partes que suponga la pérdida de imparcialidad de ningún magistrado" y resalta que la supuesta "afinidad ideológica" de Enrique López con el PP, de la que asegura que "no se aporta prueba alguna", es "un problema privado, un problema íntimo" por el que nadie "puede ser discriminado en razón de sus opiniones o forma de pensar".
Dos casos recientes
En este sentido, recuerda dos casos recientes de magistrados también nombrados por partidos políticos para diferentes cargos a los que no se apartó de las causas que debían juzgar. Uno de ellos, precisamente, en un sumario derivado del 'caso Bárcenas': el que se instruye en un juzgado ordinario de Plaza de Castilla por la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero del PP. En este caso, que el PP califica de "especialmente significativo", uno de los jueces de la Sala que debía ver los recursos, Ignacio Sánchez Yllera, que había ocupado un cargo de libre designación en la última etapa de los gobiernos de Felipe González, por lo que planteó su propia abstención. Ésta fue finalmente rechazada porque sus compañeros consideraron que el tiempo transcurrido desde dicho nombramiento y los hechos que se investigaban "no guardaban relación" y, por tanto, "no podían considerarse como una merma de la imparcialidad del magistrado". El segundo episodio alegado es el del magistrado Jesús María Santos Vijande, miembro del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fue recusado en 2014 por su supuesta relación con los 'populares' cuando tuvo que decidir en una denuncia por prevaricación contra la entonces consejera de Educación Lucía Figar.
Génova 13 pone los ejemplos recientes de dos jueces supuestamente vinculados a PSOE y PP que finalmente no fueron apartados de las causas que seguían
La defensa del PP también rechaza que la participación de Enrique López en dos resoluciones sobre el propio 'caso Bárcenas' como integrante de la Sala que resolvió sendos recursos obligue a apartarle del tribunal que juzgará ahora la causa, como planteaba la acusación en nombre de IU. El escrito considera que dicha participación no ha podido provocar en el magistrado "prejuicios o prevenciones en el ánimo" ya que aquellos autos fueron "intrascendentes" y se dictaron en los inicios de la causa, "cuando no se habían desarrollado todavía prácticamente ninguna diligencia de investigación". Por ello, descarta cualquier "contaminación" como lo hace también por la supuesta "amistad íntima" que las acusaciones ven en el hecho de ser el cuñado de "la persona de confianza de don José Luis Ulibarri, constructor leonés imputado por la trama Gürtel", donde el PP también está encausado.
En el caso de Concepción Espejel, la otra magistrada del tribunal señalada por las acusaciones, el PP es menos prolijo en alegaciones ya que considera que las esgrimidas en los incidentes de recusación son "parcialmente coincidentes" con los de su compañero. En concreto, su también nombramiento como vocal del CGPJ. En este sentido, los abogados del partido aseguran que dar validez a este argumento sería "poner en duda todo el sistema legal y constitucional previsto para designar magistrados del órgano rector de la carrera judicial" y acusa a las partes que lo han utilizado de querer un tribunal "a la carta". Sobre la supuesta relación con María Dolores de Cospedal, secretaria general de los 'populares', quien la llamó "Concha" en el acto en el que le impuso una condecoración, niega "intimidad" entre ambas pese a la supuesta familiaridad que revelaba dicha alusión. Además, recuerda que la 'número 2' del PP no es parte en la causa, en la cual se ha limitado a ser testigo. Una referencia a la dirigente del PP en los incidentes de recusación en la que los abogados del partido ven una "espuria finalidad" por parte de las acusaciones.
