Según ha informado Europa Press, el magistrado ha tramitado la solicitud realizada por el Partido Socialista Madrileño (PSM). La acusación popular asegura que Aguirre "debía tener conocimiento directo, cuando no participación, de la forma en que se contrataban las empresas de sus actos".
La Comunidad de Madrid fraccionó entre los años 2004 y 2008 un total de 104 contratos con la red 'Gürtel', por un importe total de 3.160.549,23 euros, para "eludir los requisitos de publicidad y de adjudicación" establecidos por la ley, según constaba en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado del pasado mes de abril.
El dictamen analizaba un total de 686 operaciones por un importe de 6.484.080,07 euros adjudicados por la administración autonómica que se concretaron en seis expedientes de contratación por un importe total de 1.148.271,62 euros y en 657 expedientes tramitados como contratos menores por un total de 5.335.808,45 euros.
Entre los actos investigados se encuentran la Cumbre Flamenca 2005, la celebración del Día de la Comunidad de Madrid y los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes 2005, así como contratos del Ente Público Radio Televisión Madrid (RTVM), Promomadrid y Arpegio con empresas como Servimadrid, MQM, CMR o Pasadena Viajes.
El desglose por consejerías revela que el departamento de Cultura, Deportes y Turismo, que dirigía el imputado en el 'caso Gürtel' Alberto López Viejo, organizó 23 actos por importe de 719.345,85 euros. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por su parte, contrató 24 actos con las empresas de Francisco Correa por importe de 974.107,45 euros.
Impartió instrucciones
Los socialistas especifican en su escrito que, con ocasión de la dimisión de López Viejo como diputado del PP y consejero de Deportes, Aguirre realizó unas declaraciones en las que indicaba que le dio "instrucciones clarísimas de no contratar ninguno de mis actos con esas empresas".
"Si impartió instrucciones a López Viejo de no contratación es porque conocía que sí se estaban contratando con las mismas", deduce el PSM. "No deja de ser llamativo que una autoridad administrativa pueda impartir órdenes de contratar o no contratar fuera de los expedientes administrativos correspondientes", agrega el escrito.
