Iñaki Urdangarín y su abogado discrepan sobre la pena en el caso Noos. Es lo que revelan fuentes de la causa que aseguran que los abogados del Duque de Palma le han recomendado alcanzar un acuerdo extrajudicial con la fiscalía y la acusación popular, un acuerdo que rondaría los dos años de cárcel y que podría implicar su ingreso en prisión por un corto periodo de tiempo pero que él rechaza.
El fiscal ya se mostró dispuesto hace un año a negociar una sanción con Diego Torres y con su socio pero aquella negociación se frustró. La fiscalía no se ha pronunciado ahora oficialmente sobre la posibilidad de ese acuerdo pero fuentes cercanas a Pedero Horrach aseguran que estaría dispuesto a aceptar una sanción que implicaría una mínima pena de cárcel para Urdangarín y que supondría limitar a su persona el alcance de los delitos, sin implicar ni a la Infanta Cristina ni a su secretario, Carlos García Revenga.
De igual modo, la acusación popular ejercida por Manos Limpias también sería partidaria de alcanzar ese acuerdo que implicaría que Urdangarín aceptara su culpabilidad en los delitos de prevaricación, malversación de fondos y fraude fiscal. La conformidad de Manos Limpias es imprescindible para ese pacto extra judicial puesto que todas las partes deben comprometerse a cesar sus acusaciones por escrito.
Urdangarín frente a sus abogados
Los abogados de Urdangarín han tanteado la posibilidad de ese acuerdo y creen tener capacidad para negociar una rebaja suficiente de las penas que en el entorno de los dos años. Sin embargo, los detalles de esa negociación son fundamentales porque, al carecer de antecedentes, una pena inferior a los dos años no supondría el ingreso en prisión de Urdangarín mientras que una pena superior a ese umbral sí llevaría al Duque de Palma a prisión, aunque fuera por un corto periodo de tiempo.
Iñaki Urdangarín ha rechazado la mera posibilidad de una negociación, según esas mismas fuentes. Su rechazo a una sanción de dos años de cárcel es jurídicamente muy arriesgada porque incluso si es absuelto de los delitos de malversación y prevaricación, la pena que lleva aparejado el delito fiscal del que se le acusa puede alcanzar los seis años de cárcel.
El juez investiga la reforma del palacete de Pedralbes
La instrucción judicial está reforzando la carga de pruebas en el terreno del fraude fiscal. De hecho, el juez José Castro ha ordenado al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares que investigue la reforma del palacete de Pedralbes del que son copropietarios Urdangarín y la Infanta ante la sospecha de que pueda haberse utilizado para realizar una operación de blanqueo.
Los datos que deben esclarecerse en concreto son “la identificación de las personas que efectuaron los encargos, la fecha de los mismos y su contenido, así como el lugar en el que se debían prestar, el importe, la persona que los satisfizo, la forma de pago y, en la medida en que sea posible, se aporte toda la documentación que a ellos haga referencia”.
