De momento, Josep Antoni Durán i Lleida, líder de Unió, se ha librado de estar en el foco de la controversia durante más de cuatro meses, el tiempo que se preveía iba a durar el juicio por el ‘caso Pallerols’. En su trastienda operó en los años noventa una trama dedicada a desviar importantes sumas de dinero procedentes de fondos europeos para combatir el paro en Cataluña. La investigación ha culminado ahora y se ha saldado con un polémico pacto entre las defensas de la media docena de acusados y la Fiscalía en el que se prescinde de la celebración del proceso a cambio de la devolución de parte del dinero defraudado y del correspondiente abono de las multas, en total alrededor de 650.000 euros.
Jesús María Silva está especializado en su bufete de la "corrupción pública y privada, del blanqueo de capitales y de malversación de caudales públicos", entre otros delitos
Según fuentes de CiU, el trofeo descansa en manos de los hermanos Silva. El ex diputado y abogado Manuel Silva es miembro electivo del Consejo de Estado gracias a la cuota que los nacionalistas han conseguido en esta institución desde 2009 y ha mediado con la Fiscalía que dirige Eduardo Torres-Dulce no solo para sortear el juicio sino también para reducir las penas de varios de los acusados. Ha dispuesto para su trabajo de toda la información sobre el caso ya que lo ha llevado desde el principio el bufete Molins&Silva del que su hermano Jesús María, catedrático de Derecho Penal con larga trayectoria profesional, es socio principal. Según su propia carta de presentación, está especializado en “corrupción pública y privada, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y delitos societarios”. En representación del mismo despacho ha intervenido también en el ‘caso Pallerols’ el abogado Juan Segarra, integrante del mismo equipo que se ha familiarizado con buena parte de los casos de presunta corrupción que han salpicado en los últimos años a Unió y también a Convergencia.
Este mismo bufete, versado en el área penal y al servicio, desde hace solo una semana del despacho de Miguel Roca, ha sido también el que ha trabajado en la defensa de los acusados por el ‘caso Treball’, dos de los cuales, los principales, fueron indultados por el Gobierno el pasado marzo. Se trata de Josep María Servitje, ex secretario general de Trabajo de la Generalitat, y de Lorenzo Acuña, familiar del portavoz de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre. Ambos fueron condenados a cuatro años y medio y a dos años de prisión, respectivamente, por un delito de malversación de caudales públicos al encargar desde la consejería de Trabajo que dirigió Ignasi Farreras entre 1988 y 1999 varios informes millonarios de nula utilidad. La pasada primavera, se encontraron con el regalo de la medida de gracia que les concedió el Consejo de Ministros a petición del titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
El mismo bufete en el que trabaja Jesús María Silva se ha ocupado también del ‘caso Palau’ y de la defensa de su principal implicado, Félix Millet, hasta que éste perdió la confianza y eligió como protector a Piqué Vidal, marca durante muchos años de Javier de la Rosa, y después a Horario Oliva.
Sobre el papel, los argumentos con los que los hermanos Silva han llevado a la Fiscalía a su terreno, desarrollan la tesis en el ‘caso Pallerols’ de que Unió empleó los fondos públicos desconociendo la ilegalidad de su origen, lejos por tanto de incurrir en un comportamiento de financiación irregular. La Fiscalía sostiene que no ha existido en ningún momento trato de favor ya que el acuerdo implica el reconocimiento de culpabilidad por parte de los acusados y la devolución del dinero malversado.
La mayor parte del desenlace de la película le ha pillado a Durán i Lleida en unas jornadas organizadas en Chile por los democristianos, desde donde ha insistido hasta la extenuación en que no piensa presentar la dimisión ni como diputado ni como presidente de la Comisión de Exteriores, estatus que le brinda pasaporte diplomático.
