El juez Eloy Velasco ha enviado a prisión eludible bajo una fianza de 60.000 euros a los alcaldes de los municipios madrileños de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas Navarro, y de Parla, José María Fraile (PSOE), detenidos en la operación Púnica contra una trama de corrupción municipal y regional.
Velasco ha tomado declaración este miércoles a doce de los 35 detenidos esta semana en la operación contra esta red corrupta y también ha dictado prisión bajo fianza de 60.000 euros para el jefe de gabinete de Fraile, Antonio Borrego, y de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz.
A Ruiz le sitúa como testaferro de David Marjaliza, el socio del exconsejero madrileño Francisco Granados que pasará mañana a disposición del juez junto con este último y al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP).
Asimismo, ha dictado libertad bajo una fianza de 40.000 euros para el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), y de 20.000 euros para Avelino Pérez, asesor de Izquierda Unida en la Concejalía de Sostenibilidad, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Parla, y les da diez días para pagarlas.
Ha dejado en libertad con cargos a los seis restantes: el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz (PP); el consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el técnico municipal de Serranillos del Valle (PP) Marco Durán, el empresario Francisco Ruiz Valenzuela y el concejal de Medio Ambiente de Móstoles, Alejandro de Utrilla.
Al alcalde de Parla le envía a prisión porque, según afirma en el auto de prisión, sabía de la comisión que la empresa Cofely -adjudicataria de numerosos contratos de la red- abonó a cambio de un contrato de 54 millones de euros del ayuntamiento, mordida que se pagó a través de una donación. El primer edil de Torrejón de Velasco, por su parte, siguió las "instrucciones" de Marjaliza para adjudicar a una empresa de la trama las obras de rehabilitación de un río de la localidad.
En el auto, el juez califica la red como una "trama organizada con perduración temporal y reparto de roles" que logró obtener de manera irregular la adjudicación de "numerosos" contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones. En la ejecución y facturación de estos contratos, indica el juez, "las autoridades municipales se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo".
Explica que la trama se destapó gracias a la información que envió Suiza a las autoridades españolas sobre "varias cuentas" en un banco de ese país a nombre de Granados y de su mujer, María Nieves Alarcón, así como de Marjaliza y la esposa de éste, Adela Cubas Navarro. Tras realizar seguimientos y escuchas a estas personas, se dedujo que "los fondos aflorados en las cuentas suizas pueden proceder de conductas delictivas vinculadas a la promoción urbanística y la contratación administrativa".
Movimientos de distracción en las cuentas
En la investigación se recabaron además "evidencias que confirman la existencia de nuevas cuentas en Suiza", en las que constan "numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas, transferencias internacionales de capital a otros países de América, tanto en euros como en dólares". "Las investigaciones realizadas -afirma el auto- han permitido cerrar el círculo de la operativa de blanqueo en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación".
El dinero lo reunían a través de una "red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como 'conseguidores' para terceras empresas a cambio de una comisión pactada, resultando tales empresas adjudicatarias de varios contratos". Estos contratos son, detalla el auto, de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, del Instituto de Turismo y del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de la Diputación de León y de "múltiples" ayuntamientos.
Este jueves está previsto que declaren otros 17 detenidos, cinco de ellos empresarios vinculados a Cofely y empresas de Marjaliza que tenían que hacer comparecido el miércoles, así como los principales imputados: Francisco Granados, David Marjaliza, Marcos Martínez y otro de los "conseguidores" de la trama, Alejandro de Pedro.
