"Otra operación que se puede ir al traste". "Este es un chaval que quiere comprar una plaza de garaje [...] yo no puedo comprometer[me] a firmar un contrato de arras en esta situación". "Es un ejemplo de interesados en un producto a la venta que terminará por perderse... al estar con la anotación del juzgado". Estas frases figuran en varios correos electrónicos que una de las empresas del centenar largo de compañías intervenidas por el juez Eloy Velasco en la 'Operación Púnica' ha remitido a la Audiencia Nacional con un objetivo: conseguir que se levante el embargo que pesa sobre sus bienes para poder venderlos. Se trata de Promodico SL, una promotora inmobiliaria que aparece mencionada decenas de veces en el sumario por su estrecha relación con Francisco Granados, al que vendió varias viviendas en Valdemoro en condiciones sospechosas que ahora investiga el juzgado.
El juez investiga a Promodico por su presunta implicación en los 'pelotazos' de la trama Púnica en Valdemoro. La investigación ha puesto bajo sospecha la venta de tres inmuebles al 'clan Granados'
De hecho, Promodico SL es una de las filiales del Grupo DICO, uno de cuyos directivos denunció hace tiempo el supuesto pago de 'mordidas' al exdirigente regional del PP. En el sumario consta que fue esta promotora la que vendió al político 'popular' dos viviendas, entre ellas la de 350 metros de Valdemoro en la que vivía y donde fue detenido el pasado octubre. La investigación intenta aclarar si ésta, escriturada en 468.000 euros, fue realmente abonada por Granados o se trató de un 'pago en especie' por los supuestos favores que el político hizo a la constructora y sus filiales en el municipio donde fue alcalde. Además, un informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa también llama la atención sobre otra venta de Promodico al 'clan Granados', en este caso a los cuñados del exsecretario general del PP en Madrid. Formalizada en 350.000 euros, los expertos de Hacienda destacan que su valor real se acercaba al medio millón de euros. Por todo ello, el pasado 27 de octubre, cuando se produjeron las detenciones, la compañía fue intervenida, y todos sus bienes y cuentas corrientes embargados.
Ahora, los representantes legales de dicha empresa piden al juez Velasco que se levante dicha medida y les permitan retomar las ventas. Para ello, han entregado en la Audiencia Nacional un escrito en el que aseguran que, de no autorizar dichas operaciones, peligra "la superviviencia de la empresa" y, por tanto, la posibilidad de que la Justicia pueda recibir de ella hipotéticas responsabilides económicas si finalmente se demuestra su participación en la trama. El escrito, fechado el pasado 4 de agosto y al que ha tenido acceso Vozpópuli, es el segundo de estas características que remiten los abogados que representan a Promodico SL. El anterior, fechado el 23 de junio, cuando aún pesaba el secreto de sumario sobre gran parte de la causa, todavía no ha sido respondido por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
'Emails' como prueba
Por ello, los letrados reiteran ahora su petición de "levantamiento del embargo preventivo" que a finales del pasado mes de octubre el magistrado ordenó sobre "todos los inmuebles propiedad de Promodico". Los representantes legales de la sociedad piden que, si no de todas las viviendas, al menos se retire de aquellas "que están siendo objeto de operaciones de venta que no pueden cerrarse por la existencia de embargo [judicial]".La empresa, que se encuentra en concurso de acreedores desde años antes de que estallase el 'caso Púnica', adjunta varios correos electrónicos intercambiados entre trabajadores de la firma y potenciales clientes interesados en algunos de sus inmuebles para demostrar que detrás de su petición no hay ningún intento de realizar un alzamiento de bienes.
Los abogados de la empresa auguran que si no se permite a Promodico SL vender sus casas cerrará y nunca podrá hacer frente a la posible responsabilidad civil a la que fuera condenada en el futuro juicio
Así, incluye un email del pasado 31 de julio en el que un gestor de Liberbank le plantea "dar solución definitiva a los activos y deuda que Promodico mantiene aún" con esta entidad financiera mediante la permuta de la deuda hipotecaria por algunos inmuebles. En otro correo se habla de la posibilidad de vender un chalet en Valdemoro por el que, pese a su estado de deterioro, ofrecen 151.000 euros más Iva. También figura un tercero sobre el supuesto interés de "un chaval" por comprar por 6.500 euros una plaza de garaje. "Son pequeñas ventas, en este caso que dan una liquidez mínima para que la empresa vaya pagando nóminas", destaca en este mensaje un responsable de la firma. Promodico recalca que de esas ventas y otras futuras "depende la supervivencia de la empresa, ya que mientras subsista el embargo no podrá cumplir con el convenio de acreedores y tendrá que liquidar y cerrar".
En este sentido, insiste que la medida adoptada por el juez Velasco afecta a la inmobiliaria "de una manera más negativa que a otras empresas, pues al ser una promotora su objeto social es precisamente la compraventa de inmuebles y no puede desarrollar su actividad". Además, auguran que ese hipotético cierre de la sociedad "no reportará ninguna ventaja al presente procedimiento penal ya que los acreedores concursales tienen preferencia sobre el Juzgado". "Igual que el embargo preventivo es ahora un obstáculo para enajenar, no lo será para adjudicar y liquidar", advierten. Por todo ello, el escrito concluye que, "si alguna vez Promodico es declarada responsable civil subsidiaria de los hechos y delitos aquí investigados [caso Púnica], esa responsabilidad sólo será efectiva si permanece activa, si subsiste como empresa".
Por todo ello, reclama al juez Velasco que le permita aceptar las ofertas que ha recibido en los últimos meses para, de este modo, "bien obtener algo de liquidez para atender nóminas y gastos, bien reducir deuda hipotecarias disminuyendo con ello supasivo y los gastos asociados". El documento incorpora el informe de calificación del concurso que se sigue por Promodico en el Juzgado Mercantil número 4 de Madrid desde hace siete años, y en el que supuestamente se concluye "la inexistencia de operaciones fraudulentas al menos desde los dos años anteriores al concurso".
