La Conselleria de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya ha confirmado este lunes que no dispone de liquidez suficiente para efectuar los pagos de julio a las entidades sociales con las que tiene plazas concertadas. En esta lista se encuentran geriátricos, residencias de discapacitados y entidades de atención a enfermos mentales.
Las entidades sociales no ingresarán los pagos corrientes correspondientes al mes de julio, que debían recibir este martes, aunque el mes de agosto se podrá pagar "con normalidad", según informa Europa Press, que cita fuentes de la Conselleria de Bienestar Social y Familia. En agosto se ingresará el importe correspondiente a ese mismo mes, sin saber cuándo se podrá efectuar el pago de la cantidad correspondiente a julio, que quedará pendiente.
Las mismas fuentes han subrayado que el problema es "puntual" y que el conseller Josep Lluís Cleries ha estado lidiando hasta el último momento con el departamento de Economía para conseguir los fondos necesarios.
La Conselleria ha comunicado esta misma tarde a las entidades afectadas que finalmente no se podrán efectuar los pagos de julio, una situación que supone el "colapso" de miles de organizaciones, según ha alertado este lunes la Taula del Tercer Sector Social, que aglutina a más de 4.000 entidades.
La Generalitat abandona a los dependientes
La Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) alertó el pasado martes a la Fiscalía Provincial de Barcelona de la posible "desatención" de los ancianos y discapacitados ingresados en residencias concertadas y colaboradoras de Catalunña por el posible impago de las nóminas, ahora confirmado por la Conselleria de Economía.
El texto presentado ante el Ministerio Público alerta de situaciones asistenciales "críticas", especialmente para los grandes dependientes debido a las previsibles carencias de equipos humanos y materiales que se producirían de confirmarse los impagos. Ascad lamenta en el escrito que no se haya informado a los usuarios ni a los centros asistenciales de la situación, y avanza la puesta en marcha de un "plan de choque": pedir a los familiares que trasladen temporalmente a los usuarios al domicilio hasta que se normalice la situación o que asuman los costes.
Este mismo martes, Ascad presentará una denuncia "en firme" ante la Fiscalía para que determine si la Generalitat ha abandonado a los dependientes.
