Ante las evidentes discrepancias en su seno, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este lunes dar largas a la “patata caliente” de la jugosa pensión indemnizatoria de 208.000 euros que reclama su expresidente, Carlos Dívar. En concreto, hasta después del verano, una vez que Hacienda haya informado al órgano de gobierno de los jueces si amplia su presupuesto de 2012 para hacer frente a este gasto imprevisto. Sólo entonces, el presidente y los 20 vocales del Consejo tomarán una decisión, según informó ayer a la prensa Gonzalo Moliner, el sucesor en el cargo del polémico ex presidente. El argumento alegado, “razones técnicas presupuestarias” que, aseguró, han aconsejado “no debatir” la cuestión mientras no haya dinero para hacer frente a la misma.
En concreto, el CGPJ debatía en el quinto y último punto del orden del día, si pedir a Hacienda los 44.623,80 euros necesarios para abonar a partir del 1 de agosto la pensión indemnizatoria mensual de más de 8.600 euros que supuestamente le corresponde como alto cargo por una ley de 1980. Para ello, habían recibido un informe de la Comisión Presupuestaria, que también había pasado por la de Estudios, en la que se deba el visto bueno al pago al considerar que se ajustaba a la ley. Sin embargo, y como adelantó Vozpópuli el pasado jueves, el informe incorporaba un voto particular de la vocal Margarita Robles que consideraba que Dívar no tenía derecho a dicha indemnización ya que no había cesado de su puesto, sino que había dimitido. Hoy, otros siete vocales se han unido a esta petición en una primera y única votación sobre la polémica cuestión, lo que ha escenificado una nueva fractura en el órgano de gobierno de los jueces sólo una semana después de que tomara posesión como presidente del mismo Gonzalo Moliner.
En total, Dívar reclama 208.000 euros a recibir en 24 mensualidades por cesar como alto cargo. Una indemnización que la semana pasada, su sucesor vio como ajustada a la ley pero que hoy, en su comparecencia ante la prensa, ha dejado ver que ya no lo tiene tan claro y ha dejado abierta la posibilidad de un cambio de su opinión durante el pleno extraordinario que se celebrará cuando Hacienda responda. Moliner aseguró que el hecho de aplazar la decisión no es un intento de lanzar la pelota al tejado del Gobierno y asumió que “la patata caliente la tenemos nosotros”.
