Como en la mayoría de los asuntos relacionados con la política catalana, Pedro Sánchez ha terminado respetando también en este el criterio del Partido Socialista de Cataluña (PSC). El líder del PSOE le ha transmitido personalmente a Mariano Rajoy que, en su opinión, incurrió en un grave error al recurrir al Tribunal Constitucional la consulta soberanista. El Gobierno lo hizo en dos ocasiones, la primera cuando la Generalitat planteó la celebración de un referéndum con todas las consecuencias y la segunda cuando devaluó la convocatoria convirtiéndola en su simulacro de consulta sin censo oficial ni tampoco colegios electorales, como la que finalmente se vivió el pasado 9N. En opinión del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, defensor de una consulta plenamente legal, no tendría que haber intervenido el Constitucional ya que se podría haber jugado un papel mucho menos polémico desde el Gobierno a través de la vía administrativa y de los tribunales ordinarios.
El líder del PSOE opina que para impedir el 9N el Gobierno tendría que haber utilizado solo la vía administrativa
Es la misma tesis que Pedro Sánchez defiende ahora en privado, fortalecida después de conocerse el pulso que se libra internamente en la Fiscalía del Estado sobre la posibilidad de presentar o no una querella contra Artur Mas y otros altos cargos de la Generalitat como responsables de la celebración del 9N. El líder socialista considera que el uso del Constitucional y de la Fiscalía solo contribuye a enriquecer el espacio del soberanismo y a dar alas a los que quieren rentabilizar el enfoque del conflicto catalán solo en términos de confrontación con el Estado.
Sánchez ha llegado a desaconsejar a Rajoy la presentación de esta querella contra Mas ya que, a su juicio, incendiará todavía más el problema y dificultará su solución a través de vías políticas. Abandonar los atajos judiciales y emprender el camino de la política es algo que ocupa ahora el discurso central del PSOE, posición que sitúa a este partido más cerca de los fiscales de Cataluña que del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, partidario de presentar la querella contra el presidente de la Generalitat. En opinión del portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, querellarse contra Mas sin la aprobación de la Fiscalía de Cataluña hubiera sido tanto como recurrir al Constitucional el 9N sin el informe preceptivo del Consejo de Estado. “Ahora que los expertos dicen que hay serias dudas jurídicas sobre la querella, lo mejor es ser prudentes”, asegura Hernando.
Una vía política huérfana de precisiones
La dirección del PSOE no precisa a qué se refiere cuando habla de utilizar solo las “vías políticas” para desactivar el órdago soberanista al Estado ni tampoco concreta el perímetro de la negociación que defiende entre el Gobierno y la Generalitat, más allá de la propuesta de una reforma constitucional. Lo que es evidente, confirman fuentes socialistas, es que Pedro Sánchez ha decidido plegarse a los intereses del PSC como avalista de la ‘desobediencia’ que están protagonizando los fiscales de Cataluña y que va a obligar a actuar en solitario a Eduardo Torres-Dulce.
El Gobierno no informó a Pedro Sánchez del segundo recurso tramitado ante el Constitucional contra el referéndum
La influencia de los socialistas catalanes sobre Sánchez se ha visto confirmada con la ruptura del pacto sellado el pasado mes de julio con Mariano Rajoy para caminar de la mano frente al desafío secesionista. Ambos acordaron compartir juntos las grandes decisiones orientadas a frenar la ofensiva desplegada por el nacionalismo para hacer de Cataluña un Estado independiente. En ningún momento se ha roto el diálogo, pero la desconfianza mina ahora esta relación, como lo demuestra que la dirección del PSOE ni siquiera fuera informada del segundo recurso tramitado por el Gobierno al Constitucional para impedir el referéndum del 9N.
La posición de Sánchez no es cómoda ya que se ve obligado también a transigir con la presión constante que ejerce la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, sobre el discurso que el PSOE mantiene en Cataluña. Esta tensión explica que la declaración aprobada por los barones socialistas el pasado domingo en Zaragoza sea tan ambigua como la que nació el año pasado en Granada, pensada para evitar el divorcio con el PSC mareando la perdiz en un asunto de Estado.
