Las tensiones entre el Gobierno y la Generalitat en plena cresta del proceso soberanista han llegado a tal punto que ya no caben medias tintas ni tampoco el recurso a la diplomacia. En La Moncloa ya están redactados los recursos al Constitucional contra la ley de Consultas y contra la convocatoria del referéndum soberanista y serán presentados en cuanto ambos textos se plasmen en el boletín oficial de Cataluña. Mientras tanto, el Ejecutivo le ha recordado sin pelos en la lengua a Convergencia i Unió que es el que está librando a esta comunidad de la quiebra, gracias a las cuantiosa transferencia de recursos que le ha hecho en los últimos años.
La dimisión del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón eclipsó el debate que el pasado martes se libró en el Congreso entre el frente independentista y el Partido Popular, a cuenta de la reclamación por parte de CiU de una “deuda histórica” supuestamente contraída por el Gobierno de Mariano Rajoy con Cataluña por importe superior a 3.500 millones. Esta fue, en síntesis, la respuesta de la diputada del PP por Girona Concepción Veray: “En estos últimos tres años, el Gobierno ha traspasado a la Generalitat más de 40.000 millones de euros para pagar a proveedores, a las farmacias, para asegurar la prestación de los servicios públicos… a los que hay que sumar los 13.000 millones destinados a entidades como Caixa Catalunya y Unnim. Si no fuera por estos recursos, la Generalitat estaría en quiebra”.
El Gobierno recuerda que Cataluña ha recibido del Estado 40.000 millones en el último trienio, más los 13.000 de ayuda a los bancos
La parlamentaria catalana recordó a CiU, promotor de la iniciativa, algo más: que el Tribunal Constitucional ha dejado sentado que la disposición del Estatuto que vincula la aportación de Cataluña al PIB español, algo más del 18%, con el porcentaje de inversiones estatales en infraestructuras dentro de esta comunidad, no es ni mucho menos de obligado cumplimiento. Es decir, que del pago de la “deuda histórica”, ni hablar del peluquín.
Entre la "ideología aznariana" y las "elites extractivas"
Pero, quizás, lo que más sorpresa ha causado en el Congreso es la división que han mostrado las fuerzas que componen el bloque soberanista a la hora de defender, con numerosos matices, la propuesta de Convergencia i Unió. El caso más expresivo ha sido el del portavoz de Iniciativa per Cataluña Joan Coscubiela. Sin cortarse tampoco un pelo, le ha recordado a los nacionalistas catalanes que es un tanto cínico rasgarse las vestiduras por el impago de la “deuda histórica” cuando la propia CiU enmendó los Presupuestos estatales de 2011 para defender el rescate de las autopistas radiales de Madrid y, con posterioridad, también avaló el decreto del Gobierno que abre la puerta a la privatización de los servicios ferroviarios. Este reproche, en suma, coloca al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a sus fieles en Madrid, como cómplices de la política que aplica desde 2011 la ministra Ana Pastor en Fomento. Coscubiela con esta perla: “El PP, desgraciadamente, se ha movido en materia de infraestructuras con una mezcla corrosiva entre la ideologia aznariana, que concibe España como un sistema radial que solo puede comunicar con la Corte, y la sumisión al capitalismo concesional, a esas elites extractivas que han vivido durante tanto tiempo de ese concubinato con el poder político del momento…”.
La forma en que desde CiU se ha defendido el abono de la “deuda histórica” tampoco es que haya estado exento de otras contradicciones. Mientras Artur Mas sostiene que Cataluña tiene que ser un Estado independiente, su grupo en el Congreso de los Diputados se mueve en otras coordenadas. Atención a las palabras pronunciadas por el diputado Josep Sánchez Llibre como portavoz en este debate: “Si el Gobierno no paga esta deuda histórica a Cataluña, la está maltratando porque Cataluña es una parte importante del Estado español”.
Una ilegalidad y una estafa...para los republicanos
Paradojas aparte, el grupo que más afinidad está teniendo con CiU en esta cruzada es Esquerra Republicana. Su portavoz en Madrid, Alfred Bosch, ha puesto la directa: “Hay 2.000 euros por familia de impuestos que han pagado los ciudadanos catalanes y que no han vuelto a Cataluña. Eso es una ilegalidad y una estafa”.
¿Es imaginable que California o Baviera dicten a sus respectivos gobiernos federales qué tienen que hacer con sus inversiones?, se pregunta UPyD
Dentro de la habitual coherencia de esta fuerza política, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo, ha retrotraído el fondo del problema a la reforma estatutaria que promovió el Gobierno de Zapatero. En su opinión, resulta sorprendente que desde un Estatuto de autonomía se intente obligar al Estado a realizar un porcentaje de inversión, de forma que una parte dicte sus términos al todo. “Sería difícil imaginar a California dictando al Gobierno federal estadounidense qué tiene que hacer con sus inversiones o a Baviera haciendo lo mismo con el Gobierno federal alemán”. Pues eso.
