Las promesas de última hora que la candidatura independentista de Artur Mas está lanzando a los indecisos abarcan también la función pública. Desde la opción de 'Junts Pel Sí' (CDC, ERC, ANC y Òmnium) han difundido entre sus bases, con el mandato de que capten nuevos adeptos al proceso secesionista en la recta final de la campaña, un impreso dirigido a un perfil concreto: los funcionarios estatales que trabajan y residen en Cataluña y aquellos opositores que estén cerca del ingreso (los separatistas se han dado de plazo 18 meses para acometer sus planes de ruptura tras el 27-S).
¿Y cuál es la principal promesa que recoge este pasquín? La lista del jefe del Gobierno catalán plantea ascensos para aquellos empleados públicos de la Administración General (AGE) que, llegado el caso, se incorporaran a la estructura de una hipotética a "república catalana". La candidatura soberanista sabe que la batalla electoral está muy reñida y recurre al discurso imaginario con tal de arañar votos entre los 27.146 funcionarios estatales que operan en Cataluña, según los últimos datos del Registro Central de Personal adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El folleto distribuido por las delegaciones territoriales de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) seduce a estos empleados públicos, asegurando que "se les abrirán oportunidades de promoción personal en una Administración en crecimiento y participarán en la creación de una Administración estatal moderna, ágil y eficaz".
Asimismo, los secesionistas afirman en el documento que una supuesta Cataluña independiente "necesitará muchos más efectivos de los que tiene hoy en día la Generalitat, para las nuevas competencias y funciones que tendrá, porque el porcentaje de empleados públicos aquí es muy bajo en comparación con los países de nuestro entorno europeo".
Cataluña es la tercera región de España con mayor número de funcionarios
En la actualidad, la región catalana es la tercera de España con mayor número de funcionarios (estatales, autonómicos, locales y universidades), sólo por detrás de Madrid y Andalucía. Respecto a la cuantía de empleados estatales, Cataluña es la sexta con mayor cuantía de efectivos (18.955 en Barcelona, 3.059 en Girona, 2.940 en Tarragona y 2.192 en Lleida), quedando por debajo de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de la región que ya goza del grado más alto de autogobierno, en base al amplio número competencias que le han sido transferidas desde el Ejecutivo central.
El Gobierno de Mas ha fracasado recientemente a la hora de fichar funcionarios estatales para su "Hacienda catalana". De los 1.100 técnicos de la Agencia Tributaria que están destinados en Cataluña, el presidente convergente sólo ha conseguido cautivar a seis, como ha informado Vozpópuli. Les había prometido subidas de nivel, y por ende, incrementos salariales. El mismo anzuelo que lanza ahora su candidatura para pescar votantes y nuevos fieles del independentismo, pero a mayor escala, abarcando así a los empleados públicos de todas las sedes estatales en Cataluña.
Una ofensiva propagandística, con alto voltaje persuasivo, a escasos días de la cita con las urnas. El presidente de la Generalitat avanzó este miércoles que tiene previsto crear cuatro agencias dentro de su "Hacienda catalana": una tributaria, otra de recaudación, una tercera de aduanas y una última para la propiedad inmobiliaria.
Al margen de la respuesta de la Justicia
En otro apartado del folleto, la ANC trata de tranquilizar a los empleados públicos que trabajan en la comunidad, incluidos los estatales. Les dice que la "Ley de Transitoriedad que aprobará el Parlament de Catalunya garantizará que todo el personal mantenga sus derechos y obligaciones; la seguridad jurídica y el principio básico de la continuidad de los servicios públicos". En cambio, obvian lo que dirían los tribunales (TSJC y TC) conforme al ordenamiento jurídico español. El pasado 15 de septiembre, el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente un artículo de la Ley de la Agencia Tributaria de Cataluña que preveía la "integración voluntaria" de los funcionarios de dicho organismo en cuerpos dependientes de la Generalitat.
Respecto a la cuestión de si los funcionarios seguirán cobrando sus sueldos en una "república catalana", los independentistas también responden con mensajes de calma, dibujando un horizonte cuasi idílico. "El momento en que el Estado español deje de abonar las prestaciones a los ciudadanos catalanes, será el punto en que reconocerá la independencia de la república catalana y ésta pasará a hacerse cargo de ello", señalan los socios de Mas.
Los secesionistas pecan aquí de ingenuidad, pensando que el Gobierno central cederá y dejará en la estacada a sus conciudadanos. "Nadie va a hurtar a los catalanes esa triple condición de catalanes, españoles y europeos. Lo que es España lo deciden todos los españoles, eso es la soberanía nacional", ha repetido el Ejecutivo popular estos días.
La negociación con el Estado, preferente
Además, la ANC sostiene que "en el escenario más lógico (el de un acuerdo con el Estado español), la situación será muy sencilla, ya que las nuevas competencias de la Administración catalana vendrá automáticamente acompañadas de los recursos correspondientes provenientes de los impuestos recaudados en Cataluña". La candidatura de 'Junts Pel Sí' deja aquí claro que forzará una negociación con el Gobierno central si se ve legitimada en las urnas del 27-S. Seguiría así la hoja de ruta prevista en nueve pasos: que van desde la declaración solemne de inicio del proceso de independencia hasta unos comicios constituyentes y la redacción de una "Constitución catalana". Todo ello en un máximo de 18 meses. Sin embargo, la CUP no quiere dilaciones con el Estado, contempla la desobediencia y apuesta abiertamente por una declaración unilateral de independencia (DUI).
