El optimismo sobre la quimera de una Cataluña independiente va en aumento entre los economistas afines al soberanismo. El Colegio de Economistas de Cataluña acaba de publicar un libro en el que aportas cifras concretas de cómo debería ser la Administración catalana tras una supuesta secesión para poder sobrevivir y continuar prestando servicios en el contexto europeo. En concreto, señala que de los 160.925 funcionarios con los que cuenta actualmente, sin contar los empleos temporales, tendría que pasar a 211.968 trabajadores públicos, como mínimo, lo que supone un aumento del 32%. Este incremento afectaría sobre todo a los departamentos de gobierno, a unas hipotéticas "fuerzas armadas" y al resto del sector público, incluidos los organismos autónomos.
El ensayo, titulado “Economía de Cataluña. Preguntas y respuestas sobre el impacto económico de la independencia”, recoge la opinión de 18 expertos, que en su mayoría avalan la viabilidad del proyecto separatista, que, a su juicio, traería “ventajas y mayor bienestar” para los catalanes. Argumentan, por ejemplo, que hay países “mucho más pequeños que Cataluña, con menos potencial, menos renta per cápita, menos diversificados y mucho más dependientes”.
Es en el capítulo que trata sobre el interrogante “¿La independencia creará ocupación?” donde Josep Pedrol, especialista en Integración Europea, afirma que la Administración catalana no tiene un sector público con tanta dimensión como "otros Estados europeos" y propone una estructura más amplia para afrontar el día después. Así, calcula que se necesitarían al menos 51.000 funcionarios más. Para llegar a esta cifra, Pedrol ha partido de que dicha plantilla es proporcional al 16% de los 570.691 funcionarios que tiene la Administración central, así como al 18% del PIB que representa Cataluña en el total estatal.
Para la Administración de Justicia, donde los actuales funcionarios seguirían prestando sus funciones en Cataluña, pero bajo control único de la Generalitat, harían falta entre 5.000 y 6.000 contrataciones
Por apartados, las consejerías (a las que el estudio atribuye ya el nombre de “ministerios”) incorporarían entre 3.000 y 6.000 nuevos trabajadores (actualmente cuentan con 16.021 empleados públicos). El área de Relaciones Internacionales sería una de las más reforzadas, debido al despliegue diplomático que traería consigo la secesión. Por su parte, las entidades públicas de la Generalitat y sus organismos autónomos necesitarían entre 7.000 y 8.000 trabajadores más, incluyéndose aquí los que formaría parte de su “banco estatal”. Asimismo, las agencias estatales (Meteorología, Seguridad Aérea, Investigaciones Científicas…) habrían de sumar alrededor de 2.000 funcionarios.
En cuanto a la Administración de Justicia, donde la opinión más extendida es que los actuales funcionarios seguirían prestando sus funciones en Cataluña, pero bajo control único de la Generalitat, harían falta entre 5.000 y 6.000 contrataciones, destinadas fundamentalmente a la modernización de la Justicia y su mejor adaptación al espacio europeo.
En materia de seguridad, Pedrol apuesta por la creación de unas “fuerzas armadas” (ya sea en forma de ejército, guardia nacional o policía militarizada), al margen de los Mossos d’Esquadra. Es decir, no cree que la policía autonómica catalana, que cuenta con 21.000 agentes y una estructura ya consolidada, deba estar en el germen de ese supuesto servicio militar. Para el economista, éste ha de disponer de entre 18.000 y 29.000 efectivos, en proporción al tamaño medio de las fuerzas armadas europeas (entre 2,5 y 4 militares per cada mil habitantes).
Por su parte, los Mossos continuarían con su misión actual, pero deberían incorporar entre 4.000 y 5.500 agentes para asumir tareas de inteligencia, lucha antiterrorista y relaciones internacionales en el ámbito de la seguridad, además de las funciones de control de fronteras de personas y mercancías, competencia ahora de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ambas instituciones tienen desplegados 3.600 y 3.500 agentes, respectivamente, en Cataluña.
Baile de cifras para la Hacienda catalana
El estudio también hace referencia a la denominada Agencia Tributaria Catalana (ATC), puesta en marcha por el Gobierno de Artur Mas el pasado año, y vaticina que requeriría entre 4.000 y 5.000 trabajadores (ya cuenta con mil empleados públicos) para asumir los impuestos ahora gestionados por el Estado. Esta cifra es sensiblemente inferior a la barajada por el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN ) en un informe reciente, donde habla de 8.000 personas.
Este despliegue de funcionarios va en contra de lo que recomendó al Ejecutivo de Mas una comisión de expertos en 2013. En una propuesta de reforma de la Administración Pública planteaban que sólo se designasen funcionarios en puestos que requieren del ejercicio de la autoridad, como agentes de las Fuerzas de Seguridad o inspectores de Hacienda. El resto de tareas se encargaría a personal laboral, es decir, contratos indefinidos fuera del régimen de los funcionarios. De los 160.000 empleados públicos que prestan servicio a la Generalitat, 122.000 son funcionarios; 26.000, interinos, y 12.000, laborales.
