La votación en el Constitucional tenía que ser ponderada pero tajante. El Alto Tribunal debía pronunciarse sobre el recurso del Gobierno contra la declaración soberanista del Parlamento catalán del pasado 23 de noviembre de 2013. Durante largos meses se ha trabajado en un texto contemporizador que pudiera conseguir el respaldo de al menos ocho magistrados. Un desastre. El borrador de la ponente Adela Alsúa, magistrada propuesta por el PSOE, resultó tan favorable a las tesis defendidas por la propuesta secesionista que al TC resultó imposible aprobarlo por consenso. El Constitucional se partió en dos, justo el efecto menos deseado por el Gobierno. Los seis magistrados conservadores recharazon el texto en tanto que los denominados "progresistas" lo avalaron.
El resultado de la votación cayó como un obús en Moncloa, donde se daba por hecho que el Constitucional avalaría su ofensiva contra el órdago soberanista catalán. De hecho, Rajoy ha asegurado en varias ocasiones el respaldo del PSOE para poner sensatez en la acometida de CiU, un asunto crucial para nuestra estabilidad constitucional. Esta 'entente' PP-PSOE desplegada para contrarrestar al envite secesionista se ha evidenciado en los últimos meses como verdadera 'alianza de Estado'. Incluso determinados movimientos del PSC, como abandonar el bloque nacionalista en la solicitud al Congreso de la transferencia de competencias para celebrar el referendum.
Alas para los soberanistas
Artur Mas se encontraba en un momento de dudas e incluso de repliegue en algunas de sus manifestaciones públicas. De hecho, en las últimas semanas tambien ha recibido advertencias y consejos por parte del empresariado catalán para que abandone su posición irreductible y se avenga a negociar una salida no traumática a su plan independentista.
Esta evolución de los acontecimientos contrarios a los planes de CiU han sufrido un serio cimbronazo con la tormenta desatada en el seno del TC. Cuando se esperaba una solución tranquila, en la línea de los postulados de la mayoría parlamentaria, se produjo la gran sorpresa. Nada estaba atado, nada estaba concretado. Y, en especial, como se subraya en Moncloa, nadie del PSOE, en especial Rubalbaba, insinuó a la ponente la impotancia de este trance jurídico y sus consecuencias. Un desatre. "Qué locura!, Qué disparate!", comentaba el fin de semana un magistrado del alto tribunal este fin de semana.
La ponente del TC, lejos de reprobar la declaración soberanista del Parlament, la justificaba con argumentos muy próximos a los que ha venido defendiendo la Generalitat en estos últimos tiempos. El fundamental, que el texto emanado por las Cortes catalanas no tiene ninguna dimensión jurídica y se trata tan sólo de una iniciativa de índole político. Nada que ver con lo que había señalado la Abogacía del Estado y con lo que defiende el PP. La vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, dijo el viernes, tras el Consejo de Ministros, que "en base a los informes jurídicos del Ejecutivo, la declaración debe ser anulada". No transmitió nerviosismo ni inseguridad, pero sí un firme desagrado por lo ocurrido.
El problema estriba ahora en cómo dar marcha atrás. Es cierto que los conservadores son mayoría en el alto Tribunal, pero se pretendía dar una imagen de consenso y de unidad. Fuentes del Gobierno comentaban a este periódico que siempre habían confiado en lograr al menos ocho magistrados a favor de tumbar la declaración secesionista. Han sido seis. Y la imagen del TC es la de una instancia fracturada por el eje.
Modificar el texto
Toca ahora convencer de nuevo a la ponente para que module o modifique su texto, algo que, en efecto, podría lograrse en el caso de que desde el PSOE, que es quien apadrinó su acceso al TC, cambie radicalmente el sentido de su argumentación. Algo que ahora mismo se antoja sumamente difícil. Adela Ansúa es vicepresidente del Constitucional y en su trayectoria profesional ha puesto en evidencia más de una vez que sus postulados ideológicos podrían encuadrarse en el nacionalismo moderado.
Superar este severo escollo es fundamental para el Gobierno. La votación en el tribunal la tiene ganada, puesto que finalmente el voto de capidad de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, inclinaría la mayoría del lado conservador. El problema es cómo convencer a la magistrada 'progresista' para que dé un paso atrás y rehaga su ponencia para llegar a unas conclusiones diametralmente opuestas a las que ya ha expuesto. Aunque se tratara de un debate interno, la trascendencia y la repercusión que ha tenido su texto dificulta cualquier capacidad de maniobra.
Quizás el PSOE podría haber previsto esta situación y haberle sugerido a la ponente Asúa la necesidad de un documento más neutro, para que todo el TC pudiera endosarlo. O no hubo reflejos por parte de Rubalcaba o pretendía poner en aprietos al Ejecutivo. Que es lo que se sospecha en estos momentos en La Moncloa.
