El Govern de la Generalitat ha anunciado una "ofensiva legislativa para blindar" la inmersión lingüística en la escuela catalana y ha ordenado al cuerpo de inspectores educativos que intensifique la supervisión del cumplimiento de los proyectos lingüísticos de los centros.
Tras celebrar una "cumbre" de la lengua en el Palau de la Generalitat con entidades sociales, culturales y asociaciones afines al modelo de inmersión en catalán para dar "respuesta" a la sentencia sobre el uso del castellano en la escuela, Aragonès ha dado a conocer las "acciones" adoptadas para defender el modelo "de éxito" y "convivencia" de la inmersión lingüística.
"Hemos dado orden a la inspección de Educación para que, desde mañana, el cuerpo de inspectores de la Generalitat intensifique la supervisión de proyectos lingüísticos vigentes en cada centro para asegurar su cumplimiento", ha explicado el president. Según Aragonès, debe procederse en la escuela de acuerdo a "lo que está establecido en cada centro". "Si una clase de matemáticas está prevista en catalán, tiene que impartirse en catalán".
Alarmas del uso del catalán
Y es que el president ha señalado que hay que responder así "a las alarmas" según las cuales el uso del catalán en la escuela ha disminuido. En las "próximas semanas", ha informado, se hará un diagnóstico encargado a la Universidad de Barcelona para profundizar en el "conocimiento de la situación" y "actuar".
Además, también ha anunciado que Educación "incrementará el número de docentes en las aulas afectadas" por decisiones de los tribunales para asegurar el 25 % de castellano, como la de Canet de Mar (Barcelona), en el centro de la polémica la última semana.
Asimismo, desde el Govern han recordado que en enero se pondrá en marcha un plan de promoción de uso de la lengua catalana y que dotará de recursos específicos a 4.500 escuelas e institutos de la comunidad autónoma.
"Ofensiva legislativa"
Por último, "para revertir" los "ataques sufridos" al modelo educativo, según Aragonès, el Govern desplegará "una ofensiva legislativa para potenciar el sistema educativo catalán en el marco de la sociedad y la escuela".
Para ello, ha dicho, que buscará "trabajar con los consensos que ha habido en las últimas décadas", consensos desde el punto de vista "pedagógico y académico". El líder de la Generalitat ha reivindicado que las medidas anunciadas las reclama el Govern pero también las entidades y "la sociedad civil".
"No nos jugamos solo la lengua, nos jugamos nuestro proyecto y nuestro futuro de país", ha defendido Aragonès, que ha hablado de momento de "excepcionalidad" ante "la ofensiva política, mediática y judicial".
El president ha decidido en el último minuto comparecer ante los medios para dar a conocer las acciones en una declaración institucional, tras reunirse durante casi dos horas con las entidades -entre las que estaban Òmnium y la ANC- y los consellers de Educación y Universidades, Josep González-Cambray y Gemma Geis, respectivamente, quienes en un principio iban a ser los únicos en dar cuentas del resultado.
Aragonès, que ha reivindicado el modelo de inmersión como "garante de la igualdad de oportunidades, la cohesión y equidad", ha llamado a todos los catalanes a defender la inmersión lingüística este sábado en la manifestación organizada por "Som Escola".
El mismo día en el que se ha celebrado la "cumbre" por la lengua en el Palau de la Generalitat, doce entidades que piden que se cumpla la sentencia que obliga a impartir un 25 % mínimo de clases en castellano han anunciado por su parte facilitarán a las familias formularios para constatar si los centros educativos catalanes cumplen con esta cuota lingüística.
Así lo ha explicado el presidente de la asociación constitucionalista Impulso Ciudadano (IC), José Domingo, durante la presentación en Barcelona de una campaña para velar por que se cumpla la sentencia del TSJC, en la que también se han involucrado entidades como S'ha Acabat o la Asamblea Escuela Bilingüe.
Este jueves, también la asociación de familias de la escuela de Canet ha publicado una carta rechazando que haya un movimiento de acoso a "ninguna familia" y lamentando haberse sentido "utilizados" por los partidos políticos, especialmente por los que han realizado declaraciones "incendiarias".
