La resolución independentista aprobada en el Parlament por Junts pel Sí y la CUP (con la mayoría de 72 diputados sobre un total de 135 y con 63 escaños de la oposición en contra) abre, según la hoja de ruta independentista marcadamente fuera de la legalidad, un período de 30 días a partir de hoy para que el próximo gobierno catalán impulse tres leyes principales. Estas nuevas normas pretenden "desconectar" las leyes catalanas –que emanan del Estatut y de la Constitución de 1978- de "las leyes españolas" y convertirse en la primera piedra "de la República catalana", según argumentan los separatistas.
Las tres nuevas leyes que impulsa la resolución fijan las bases de la "transitoriedad" de Cataluña para negociar con "el Reino de España y la Comisión Europea las condiciones de la independencia", una hacienda catalana propia y un sistema de Seguridad Social "para pagar las pensiones a los catalanes", pese a que la Generalitat acumula una deuda que supera los 65.000 millones de euros.
La resolución prevé iniciar en el plazo de treinta días "la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública"
A la espera del recurso ante el Tribunal Constitucional que presentará esta semana el Gobierno para paralizar los efectos jurídicos de dicha resolución –que los independentistas no han tardado en aclarar que sólo tiene efectos políticos para el futuro Govern–, el texto también insta a desobedecer al Constitucional.
"Legitimados"
Los dos grupos separatistas se consideran "legitimados" para dar ese paso tras obtener la mayoría en escaños, aunque no en votos en las pasadas elecciones autonómicas catalanas del 27 de septiembre. La resolución prevé iniciar en el plazo de treinta días "la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública". La intención de los grupos de Junts y de los antisistema de la CUP –10 escaños de los 135 del Parlament– es dar comienzo al "proceso de desconexión democrática" de Cataluña con "el Reino de España".
La resolución, además, insta al futuro gobierno catalán a ignorar las decisiones que adopten "las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional", del que se dice que está "deslegitimado" desde que dictó la sentencia del Estatut en 2010.
Ni ley Wert ni ley mordaza
La resolución defiende "iniciar la creación del Estado catalán independiente en forma de república" y cuenta con un anexo en el que se detallan las primeras "medidas a aplicar" en cuestiones sociales. Esas actuaciones, de llevarlas a la práctica el futuro Govern -que todavía no se ha constituido y, por tanto, aún no dispone de presidente-, supondrían desobedecer un conjunto de leyes estatales.
La aprobación del texto supone que las instituciones catalanas –gobierno catalán y Parlament– desobedecerían las normas nacionales bajo el argumento de que "se quiere blindar derechos fundamentales de los catalanes". El texto subraya la necesidad de aplicar "únicamente en Cataluña" el decreto contra la pobreza energética, desoír la ley Wert manteniendo el modelo de inmersión lingüística priorizando al catalán en la escuela pública y hacer caso omiso de la llamada ley mordaza y la ley de administraciones locales.
Renegociar la deuda
En uno de los puntos del anexo se incluye un apartado que prevé una de las reivindicaciones básicas de la CUP, como es un plan de choque contra la pobreza, pero también la posibilidad de renegociar "con la banca residente" el pago de intereses de la deuda pública vinculada con créditos para "finalidades sociales".
Entre los derechos fundamentales que quedan incluidos en el anexo figuran el de que los ciudadanos puedan disponer de medidas que garanticen el acceso a los suministros energéticos básicos (pobreza energética), pero también en materia de vivienda, sanidad, educación, libertades públicas, y administraciones locales.
El texto del anexo se refiere, asimismo, a cuestiones como garantizar los derechos a las personas refugiadas políticas procedentes de otros países, y también al aborto, un aspecto sobre el cual se remite al cumplimiento de que estipula la (Ley 17/2015 de 21 de julio). El punto octavo de la declaración, que es uno de los que más polémica ha creado, puesto que en él se insta al futuro Govern "a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados de esta cámara, legítima y democrática", asegura el texto.
