El nacionalismo y la izquierda catalanista suelen repetir que la inmersión lingüística catalana es un "modelo de éxito" reconocido internacionalmente. Sin embargo, este sistema —que excluye el castellano como lengua vehicular en la enseñanza pese a ser mayoritaria en la población— constituye una anomalía que no suele entienderse en el extranjero. No en vano, Cataluña es casi la única región bilingüe del mundo donde los ciudadanos no pueden escolarizar a sus hijos en su lengua materna —siendo ésta oficial—. La excepción la representa Groenlandia, donde se ha vetado el danés en la Educación dado que la autonomía se encuentra en un proceso de secesión paulatina de Dinamarca.
Ello explica que el Parlamento Europeo haya hecho suyas las reclamaciones del constitucionalismo y haya exigido el fin de la inmersión catalana. A este respecto, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara remitió una carta este jueves a la 'consellera' de Educación de la Generalitat, la socialista Esther Niubó, para conocer si el Ejecutivo está aplicando las recomendaciones de la misión de europea que visitó Cataluña. Recordemos que en un informe votado en marzo en el Parlamento Europeo, los eurodiputados no solo constataban que el "catalán no está en peligro" como defiende el nacionalismo, sino que la Escola Catalana "viola derechos fundamentales" y reclamaban "igualdad de trato" para castellano y catalán..
De la misma manera, la Comisión de Peticiones enviará el informe final al Consejo de Europa para que este organismo esté al corriente de lo que sucede en las aulas catalanas. Y es que, el mes pasado, la Generalitat y el nacionalismo celebraron un documento elaborado por peritos de este Consejo —no dependiente de la Unión Europea— que criticaba las sentencias del 25% de castellano escolar dictadas por los tribunales españoles. Una valoración que ha sido cuestionada por los colectivos probilingüismo, que recuerdan que los informes que estos peritos efectúan cada tres años sobre las lenguas minoritarias se basan en la documentación que les aporta el 'lobby' ultra Plataforma per la Llengua.
El nacionalismo acude al TDHE
Precisamente, esta última entidad —conocida por sus escraches contra los comercios que usan el castellano y ampliamente subvencionada por las administraciones catalanas— presentó a finales de octubre una demanda contra España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —lo mismo había hecho, días antes, Òmnium Cultural—. ¿La razón? Que el Tribunal Constitucional no admitiese a trámite su petición de formar parte del proceso judicial del 25%. Según la autodenominada "ONG del catalán", el Estado español violó así tres artículos del Convenio de Derechos Humanos: el que prohíbe "discriminar" y los que garantizan un "juicio equitativo y un recurso efectivo".
Esta querella lingüística, en cualquier caso, no ha agotado su recorrido judicial en nuestro país. Tras el fallo del TSJC que estableció en 2022 el consabido 25% para que el español también fuese lengua vehicular en la escuela —y no meramente de aprendizaje—, el nacionalismo logró impedir su aplicación. Para ello, se valió de la aprobación de una norma de rango catalán —que contó también con los votos del PSC— que vetaba cualquier tipo de porcentaje. Ahora, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre si dicha la ley catalana vulnera el Estatut y la Constitución, tal y como apuntaba el recurso del TSJC.
"En espera de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el 25%", cuenta la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, a 'Vozpópuli', "la batalla ahora está en la presión desde Europa y en la que den las familias representadas por la AEB ante el TSJC". Según Losada, las asociaciones proinmersión están persiguiendo en el TDHE un respaldo que nunca les ha llegado en los tribunales españoles. "Buscan", precisa, "que se reconozca la legalidad de la inmersión lingüística obligatoria o lo que es lo mismo: el supuesto derecho/deber a que todos los alumnos estudien solo en catalán lo decidan o no sus familias".
