Junto al batallón de beneficiados por la amnistía hay muchos catalanes que en el mismo periodo que cubre esa ley orgánica han sido, y siguen siendo, maltratados o castigados por la rebeldía de defender la Constitución, la libertad e igualdad de todos ante la ley. Son menos citados que los sediciosos y malversadores condenados y ahora agraciados, pero tienen nombre, cara y ojos como los siete seleccionados en las siguientes líneas, algunos adquiriendo un predicamento social que recuerda a los pioneros del movimiento pro derechos civiles en los EE. UU. de los años 60 y 70 del pasado siglo.

Javier Pulido, más conocido como `el padre de Canet´, con su familia amenazada por conseguir judicialmente un 25% de enseñanza en castellano para su hija, recordó con los aplausos y abrazos de los diputados separatistas, de Sumar y del PSOE al aprobar la amnistía, la impunidad del Govern obstruyendo el cumplimiento de la sentencia sobre el bilingüismo, no solo en la Escola Turó del Drac, donde cursa su hija, sino en todos los colegios públicos de Cataluña. Y haciéndolo con el auxilio habitual del Partit dels Socialistes de Catalunya.

“Actualmente, nuestra hija recibe las Matemáticas en español para cumplir el 25% y por ello hemos sido señalados públicamente y para siempre: de vez en cuando hay algún comentario en el chat de padres indicando lo malvada que es nuestra familia y se cuelga alguna pancarta amenazándonos”, relató Pulido a los eurodiputados que comprobaron el cumplimiento del bilingüismo en los colegios. Remató `el padre de Canet´ su testimonio con la experiencia de ser expulsado de la banda musical a la que pertenecía: “Uno me dijo que había atacado la convivencia en el pueblo, otro que tenía miedo de que en los conciertos el público me atacara y no quería verse en la tesitura de defenderme”. Javier Pulido ha montado nueva banda con músicos de otros pueblos y ha puesto su voz en la banda sonora de la reciente campaña electoral de Izquierda Española.

La familia de Canet no es castigada directamente por el perdón a los cómplices del 1-O, como tampoco la enfermera Begoña Suárez, obligada a abandonar su trabajo y volver a su tierra gaditana tras caerle encima un expediente del Departament de Salut por mostrarse en las redes contra la obligatoriedad del “puto C1” en catalán. Son dos de los muchos casos en los que la discutida ley convalida y consolida las prácticas de acoso y discriminación que han padecido ciudadanos particulares en su vida social o laboral y ante las que ya no cabe esperar amparo institucional. 

Sí se sienten maltratados por la amnistía los vecinos y comerciantes de la Avenida Meridiana de Barcelona, que desde el 14 de octubre de 2019 al 12 de febrero de 2022 sufrieron cortes diarios de esa vía por los seguidores de una convocatoria de la Assemblea Nacional Catalana tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los golpistas del 'procés'. Esa revuelta callejera, que a los comerciantes de la zona les hizo perder entre un 30 y 40% de sus ingresos, se prolongó ocho meses después de los indultos del gobierno PSOE-Sumar a los condenados por el TS, contradiciendo el efecto conciliador de aquella medida de gracia. Más graves fueron los daños personales ocasionados por la `kale borroca´ de Tsunami Democràtic, con el dramático balance de dos policías nacionales gravemente heridos y con secuelas que les han dejado con incapacidad absoluta de por vida.

Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, no ha notado ni antes ni después de los indultos a los condenados y del pacto entre Sánchez y Puigdemont, que disminuyan sobre ella y su entidad el acoso y el ninguneo, incluido el insulto personal de la consellera Gemma Geis en sede gubernamental. Todo ello como respuesta a su titánica labor en favor del cumplimiento de la enseñanza en catalán y en español. Esta líder constitucionalista, también promotora de Escuela de Todos, a quien la alcaldesa de Vic y última presidenta del Parlament, Anna Erra, le prohibió una recogida de firmas en favor del 25% amparada en una ordenanza sobre “moralidad y buenas costumbres”, ha conseguido que su asociación logre pronunciamientos del TSJC y del TS dictando la enseñanza de un 25% de enseñanza en castellano.

La sentencia histórica conseguida por la asociación de Losada frente a la imposición lingüística que no respeta la lengua materna, aún no se cumple por argucias legales del gobierno independentista con el respaldo de un PSC cuyo líder, Salvador Illa, considera la amnistía como la culminación de “la normalización política, social e institucional de Cataluña”.

Félix Ovejero, con 26 años de docencia e investigación a sus espaldas como Profesor Titular en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, ha visto cómo a lo largo de los años se impide una convocatoria de cátedra a la que pueda optar. Ovejero, uno de los ensayistas más brillantes del momento y analista de la deriva reaccionaria de una izquierda con la que se identificó, sigue notando el vacío académico al que le somete el poder nacionalista, acrecentado en la época donde Pedro Sánchez dice que se ha logrado el reencuentro entre catalanes.

Recuerda Ovejero su última experiencia en la aspiración a cátedra, siendo el Profesor Titular más antiguo de su departamento de Sociología, habilitado para catedrático y con el máximo de tramos de investigación en su haber: “Hace cosa de un año me llegó una notificación de que se habían dado cuenta de que no había documentado mi competencia en catalán. Y que, por tanto, me tenían que excluir de las listas. Naturalmente, les dije que no se burlaran de mí con exigencias ridículas”. 

Rafael Arenas, 28 años de profesor en la Autónoma de Barcelona, los 19 últimos como catedrático de Derecho Internacional Privado, se alarmó por el uso fraudulento de sus datos personales en el censo para el referéndum del 1-O. La Generalitat de Puigdemont ignoró sus reclamaciones, interpuso denuncia en la Guardia Civil y se personó después en el Juzgado, sin resultado hasta la fecha. Aquel uso ilegal de datos protegidos por ley orgánica, también queda amnistiado. El profesor Arenas, jurista comprometido y prestigioso, vicepresidente de Impulso Ciudadano, miembro del Foro de Profesores y ex directivo de SCC, ha intervenido en una decena de ocasiones ante la Comisión Europea o participado en la elaboración de informes sobre el Estado de derecho en Cataluña.

Por medios y redes circuló la imagen de Rafael Arenas arrastrado por el suelo de la Plaza Cívica de la UAB por los atacantes a una carpa del grupo juvenil S’ha Acabat! que intentó proteger. Los órganos de gobierno de la Universidad Autónoma permanecieron mudos ante la escandalosa agresión en el campus por independentistas a un catedrático coautor, junto a Manuel Aragón y otros, de la reciente obra colectiva `La amnistía: el caballo de Troya de la democracia´ (Ed. Deusto. 2024).

La cancelación de trazo grueso en el mundo académico y cultural no ha sido una aportación de Vox. Desde mucho antes que los seguidores de Abascal, el nacionalismo excluyente de Cataluña practica lo mismo mediante boicots, prohibiciones y amenazas más o menos encubiertas. Así lo vivió el pedagogo e inspector de Educación, Jesús Rul, autor de `Nacionalismo catalán y adoctrinamiento escolar. Estrategia y práctica de control social y modelaje conductual´, un libro que ninguna librería de Girona quiso vender cuando apareció y que una de Barcelona que aceptó su presentación la suspendió al poco. La obra trata sobre la manipulación ideológica del nacionalismo en la escuela.

“El nacionalismo, sostiene Rul, penetra dentro del marco mental de las personas, creando una presión indirecta que lleva al autocontrol, a la autolimitación y a la autocensura”. Detrás de la condena a las tinieblas de ese libro hay algo más que el rechazo a su contenido: Jesús Rul, como inspector de Educación, fue testigo de la Fiscalía en el juicio por la consulta ilegal de noviembre de 2014, del que salieron condenados por desobediencia Artur Mas y sus consejeras Joana Ortega e Irene Rigau. Hechos aquellos que ahora también son amnistiados por el intercambio de Sánchez&Puigdemont.  

Tampoco ninguna librería de Girona encontró hueco en el último Sant Jordi para que el periodista más mordaz de esa ciudad, Albert Soler Bufí, firmara ejemplares de su libro `Puigdemont: el regreso del vivales´(Editorial Sagesse SL. 2024), una recopilación de sus artículos en `Diari de Girona´ en los que satiriza con agudeza y acidez a los gobernantes independentistas, empezando por Puigdemont. Soler Bufí padeció esa cancelación en las librerías de la ciudad que le vio nacer meses después de que Carles Puigdemont, su antiguo jefe en el periódico `El Punt´, le demandara por un artículo titulado `Un meublé en Waterloo´.

El borrado y olvido de los delitos perpetrados durante el procés independentista puede tener consecuencias insospechadas para personas y entidades que han defendido los valores constitucionales y el imperio de la ley. José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano y el más destacado referente del movimiento constitucionalista en Cataluña, planta cara al nacionalismo excluyente en materia de derechos sociales y políticos y cumplimiento constitucional ante las Administraciones, la UE y los tribunales de Justicia, desde la asociación que preside y como asesor jurídico de Asamblea por una Escuela Bilingüe.

Domingo consiguió que la Audiencia Provincial de Barcelona confirmara la condena al expresidente Quim Torra por desobediencia, tras negarse a retirar una pancarta anticonstitucional en el Palau. La sentencia incluyó inhabilitación y pago de costas, pero la medida generalizada de gracia anulará el castigo de inhabilitación y puede ocurrir lo propio con la condena a costas, de manera que quien defendió la legalidad ganándose la razón de la Justicia puede terminar pagando los platos rotos por Torra. En aquella ocasión el expresident fue defendido por Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont participante en la redacción de la ley pactada con el presidente del Gobierno, y que en el recurso en defensa de su cliente incluyó la coletilla de que “cientos de responsables políticos están siendo represaliados por su adhesión política al proceso”.

Lo que escribió el abogado Boye en 2023 impregna el espíritu, y eufemísticamente la letra, del preámbulo de la llamada `Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña´. Las referencias en ese texto a los efectos reconciliadores entre catalanes que promueve la amnistía, como lo hicieron los indultos, que llevan a Pedro Sánchez a proclamar el efecto sanador de su perdón, apenas resisten la comparación con la realidad a tenor del último informe del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, como se aprecia en el cuadro-resumen sobre estas líneas. Ese estudio reconoce “un efecto balsámico” en los actos de violencia política pero no lo atribuye a las medidas de gracia sino al papel del independentismo en el sostén del gobierno de la nación y el logro de algunos de sus objetivos”, gracias a que el Ejecutivo de Sánchez “depende de su apoyo”.

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