El pasado martes, el denominado Sindicato Mantero de Barcelona (SMB) denunció en redes sociales las trabas que se encontraban sus integrantes para acceder a los cursos gratuitos de catalán de la Generalitat. “Es más difícil que conseguir entradas para un concierto de Oasis”, ironizaron, en unas declaraciones que fueron ampliamente reproducidas en la prensa nacionalista. “Las personas migradas queremos aprender catalán, pero la Administración lo hace casi imposible”, lamentaron, criticando que la plataforma de inscripción virtual estaba colapsada y las largas colas en las oficinas para apuntarse de manera presencial. Por ello, el colectivo —compuesto en su mayor parte por inmigrantes subsaharianos— exigió al Govern “ponerse las pilas”.

Ese mismo día, la portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, atendió su ruego prometiendo que la recién estrenada Consellería de Política lingüística —cuestionada por el constitucionalismo por sus tesis nacionalistas y que destinará 200 millones adicionales a promocionar el catalán— ya se había puesto manos a la obra para dar cumplimiento a tales necesidades. De su parte, el Consorci per a la Normalització Lingüística estimó los recursos actuales insuficientes y demandó más, mientras Òmnium Cultural juzgó urgente una “respuesta de país”.

El activismo de los manteros por el catalán

No es la primera vez que el sindicato mantero exhibe su activismo en favor de la lengua catalana. En un vídeo y bajo el lema Anem per feina, su portavoz, Aziz Faye, alertó a principios de año de que “solo un 30% de la población de Barcelona utiliza el catalán en su día a día». Ante este escenario—que tanto el nacionalismo como parte de la izquierda catalana vienen denunciando desde el declive del procés—, Aziz reclamó que al Consistorio que fomentase el uso de la lengua de Pompeu Fabra “en la ciudad, en el trabajo y en la escuela” —pese a que en ésta última el castellano está vetado como lengua vehicular—.

Sin olvidar que, días antes del referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre, la recién creada asociación emitió un comunicado en Facebook en el que defendían "el derecho que tienen los pueblos a decidir sobre su futuro" y arremetían contra "la vulneración de derechos y libertades al pueblo catalán" por parte de un “gobierno español colonial y racista”.

En cualquier caso, AMB comenzó a desplegar su activismo lingüístico tras haber recibido diversas subvenciones por parte del gobierno municipal de Ada Colau —recordemos que su Ejecutivo, seguidor del relato nacionalista en el terreno lingüístico, orilló durante sus mandatos el español en su comunicación y concursos públicos—.

Las ayudas a los manteros

Tal y como ha podido constatar Vozpópuli, el Ayuntamiento barcelonés concedió en 2020 dos ayudas económicas nominativas —esto es, directas— a la Asociación Popular de Vendedores ambulantes. La primera, destinada a Top Manta, la marca de “ropa social y solidaria” del colectivo, se otorgó el 31 de enero por valor de 20.000 euros. Y la segunda, dirigida al “fortalecimiento del proyecto socieconómico y comunitario” de la mentada marca, ascendió a 37.000 euros en noviembre de ese mismo año.

De la misma manera, en enero de 2021, en plena pandemia del COVID-19, el consistorio adjudicó a los manteros barceloneses un contrato por 3.521,10 euros para la confección de mascarillas para el personal municipal.

Vale la pena señalar que el Sindicato de Manteros de Barcelona no es un sindicato propiamente dicho, ya que no está registrado en el Ministerio de Trabajo como tal. Y a diferencia de la cooperativa de ex manteros Dioomcoop —receptora de 1,5 millones de euros de dinero municipal desde 2017— no persigue que sus miembros encuentren una ocupación legal. Siendo así, analistas como Nuria González en Crónica Global han advertido que legitimar una asociación de esta índole puede no mejorar la vida de los manteros —un colectivo vulnerable—, sino la de las mafias que se enriquecen con un negocio ilegal y desleal con el comercio de la ciudad.

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