El comité de Peticiones de la Eurocámara ha aprobado este martes el informe sobre la inmersión lingüística, un texto que en su borrador pedía un tratamiento igualitario al castellano y al catalán en las escuelas y ponía en duda la enseñanza del modelo de inmersión lingüística en Cataluña. El texto se ha sometido a la votación del redactado final con 420 enmiendas presentadas, en su mayoría por los grupos de izquierda, entre ellos los socialistas, que se mostraron en contra de la misión.

Cabe recordar que el pasado 14 de febrero eurodiputados de los verdes y de izquierdas e independentistas intentaron boicotear la presentación de este informe en la Comisión de Peticiones, que preside la portavoz del PP Dolors Montserrat, al poner en duda el orden del día. Finalmente, este texto ha sido sometido a votación con la aprobación de varias enmiendas que refuerzan la preocupación por el modelo de inmersión lingüística y el respeto de los derechos fundamentales de los alumnos catalanes, entre los que destaca el deber del Ejecutivo catalán de garantizar el castellano en igualdad de trato con el catalán como lengua de enseñanza.

Tal y como ha explicado Ciudadanos, "el informe aprobado es fruto de una intensa negociación en la que ha trabajado la eurodiputada de Maite Pagazaurtundua, que ha logrado incorporar varias enmiendas. Pagaza ha sido clave en este largo proceso por el que el Parlamento Europeo acogió la denuncia de varios colectivos civiles de Cataluña, presentada por primera vez en 2017, y decidió asumir la petición y enviar una misión a Barcelona para conocer la realidad", han explicado. La decisión también ha sido celebrada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) muy implicada con la misión al señalar los casos de exclusión, que ha defendido que la aprobación manifiesta que el sistema de inmersión no se ajusta a la legalidad.

"El informe, en suma, pone de manifiesto que el sistema de inmersión no se ajusta a la legalidad, vulnera los derechos de los niños y de sus familias y, además, restringe la libertad de movimientos. Es claro en su condena al sistema que desde hace décadas se vende como reconocido internacionalmente”.Asamblea por una Escuela Bilingüe

Por su parte, el Partido Popular ha exigido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Generalitat catalana que apliquen las recomendaciones que se hacen en el informe de la misión de investigación sobre la discriminación del castellano en las escuelas catalanas de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Tras la votación, Montserrat ha celebrado la aprobación del informe “ya que lanza un mensaje claro de apoyo europeo al bilingüismo en Cataluña y el acatamiento de las sentencias”. Ha reclamado a la Generalitat y Gobierno de España ejecutar las recomendaciones europeas y no ignorarlas. “La Generalitat vulnera los derechos de las familias y Sánchez no hace nada para evitarlo”.

Los eurodiputados que han votado en contra han sido la republicana Diana Riba, la eurodiptada de los verdes, del mismo grupo de Riba, Magrete Auken, la euridiputada de Podemos, Esther Sanz, la eurodiputada socialista Cristina Maestre, y los eurodiputados no inscritos Alexis Georgoulis y Tatjana Zdanoka, actualmente señalada por haber trabajado para el Kremlin como espía rusa.

Castellano vehicular y en materias troncales

Las enmiendas finales aprobadas también subrayan, por un lado, que el objetivo de la misión era evaluar sobre terreno el modelo de inversión y sus consecuencias en las familias que se trasladan a Cataluña o que residen en ella, así como el multilingüismo, la no discriminación y el cumplimiento del Derecho Internacional y europeo. Por otro lado, se refuerza el uso del español en la enseñanza como un "derecho" recogido en el artículo 3 de la Constitucional española, que incluye tanto su oficialidad como que las Comunidades Autónomas tengan, a la par, sus lenguas oficiales. Una observación que ya quedó recogida en las conclusiones del informe de la misión que lideró la eurodiputada estonia Yana Toom y que ahora enfatiza que recibir enseñanza en castellano está consagrado en la Carta Magna nacional al considerar que el sistema educativo debe tratar por igual el castellano y el catalán.

El redactado final aprobado con las enmiendas también recuerda que el Estatut utilizó la posibilidad para establecer el catalán como lengua cooficial pero que eso no excluye el trato igualitario en el "marco del currículo o el horario lectivo y que el sistema educativo debe adoptar las medidas necesarias para compensar las deficiencias en cualquiera de las lenguas". El texto añade que no puede permitirse una "exclusión de las lenguas oficiales como lenguas vehiculares en materias troncales, porque en ningún caso el uso de la lengua oficial en extraescolares u asignaturas que no tienen tanto peso en las competencias básicas puede "computarse" como una troncal, ya sea, por ejemplo, matemáticas o historia.

Y Europa exige el fin de la inmersión lingüística, el fin de la discriminación a los alumnos castellanohablantes

Después de seis años de trabajo la queja de @AEBCatalunya consigue su objetivo

Gracias a todos los que nos han apoyado y lo han hecho posible pic.twitter.com/KF5m6ulnPi

— AEB Catalunya (@AEBCatalunya) March 19, 2024

Condena por "limitar la libre circulación" y protocolo de defensa

El texto refuerza la idea de la preocupación de la UE en el modelo de inmersión lingüística por la posibilidad de que "genere graves disfunciones para los alumnos con necesidades especiales cuya lengua materna es el castellano". Añade en este punto que este derecho, que debe respetarse por las autoridades y que la misión recogió tras escuchar a familias afectadas en Cataluña, queda recogido por la Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos fundamentales de la Unión. El redactado final también ha aprobado una sexta enmienda bis donde condena directamente que el régimen lingüístico limite en la práctica la libertad de circulación, que perjudica a las familias que se trasladan a Cataluña estudiar en castellano, "lo que afecta a sus derechos y restringe sus opciones de búsqueda de empleo".

En el informe aprobado, la Eurocámara expresa "su preocupación por la exclusión, las controversias y las reacciones en la opinión pública que este asunto está provocando en la sociedad catalana, incluidos casos de exclusión social, intimidación y acoso contra niños y padres", condena los discursos de odio y exige a la Generalitat que vigile "de cerca este comportamiento inaceptable y sancione a los autores". 

Además, el Parlamento "pide a las autoridades regionales y nacionales que establezcan un protocolo de defensa y protección para las personas en situación de riesgo, incluidas las familias que recurren al sistema judicial para que se ejecute la sentencia de 16 de diciembre de 2020", tal y como queda recogido en la enmienda 14.

En defensa del 25%

Como ya observó la misión de la UE y redactó en su informe, se constató el incumplimiento de las sentencias del 25% del castellano en las aulas por parte de la Generalitat. En esta línea, el Comité de Peticiones ha aprobado también una enmienda que refuerza la idea de que se está vulnerando un derecho fundamental. "Recuerda que el respeto del Estado de Derecho es una de las piedras angulares de la Unión y está consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea; considera que el incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte de las administraciones públicas española y catalana vulnera este principio fundamental", reza el texto.

Tras la aprobación del informe sobre la exclusión del castellano en la educación catalana, ha quedado patente que Cataluña tiene que permitir el 25% en castellano, evitar la intimidación a niños y familias castellanohablantes y “entablar un diálogo constructivo” con ellos, tal y como ha expresado Ciudadanos. “Prometimos que haríamos todo lo posible para desenmascarar el fundamentalismo lingüístico y proteger a las familias y a los niños”, afirma Maite Pagazaurtundua. El Parlamento pide “a las autoridades regionales y nacionales que colaboren para poner fin a la violación de los derechos fundamentales de los padres, los niños y las familias" y a la Comisión Europea, que garantice que España "hace respetar los derechos de los niños hispanohablantes".

Este informe será enviado ahora a la Generalitat de Cataluña, a las autoridades nacionales españolas, incluido el Ministerio de Educación, al Defensor del Pueblo español, al Síndic de Greuges de Cataluña, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Tribunal Constitucional. También será remitido al Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho y de los Derechos Fundamentales de la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara. 

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