La Fundación ACS, las constructoras Copisa, Teyco y Urbaser y otras 11 empresas y entidades, junto a exaltos cargos de la desaparecida CDC, como el extesorero Daniel Osácar y el expresidente de Infraestructures de la Generalitat, Josep Lluis Quer, han sido imputados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago de la Mata por el presunto pago de comisiones ilegales de las empresas y entidades a la formación política.
Tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales son los delitos que se imputan a estas sociedades. Todos ellos deberán declarar en el Alto Tribunal el próximo mes de junio. Por parte de Teyco tendrá que declarar el presidente, Jaume Sumarroca Calverol, vástago del fundador de CDC junto a Jordi Pujol.
Según De la Mata, los exaltos cargos de CDC "pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente" a la formación política, de la que ha surgido el PDeCat. El juez considera que hay indicios que probarían la alteración de "todo tipo de concursos públicos", para adjudicar las obras a determinadas empresas, dando estás unas "donaciones" a las dos fundaciones de CDC, la conocida CatDem y el Fòrum Barcelona.
Contratos por valor de 218 millones de euros
El total de los contratos investigados asciende a 218 millones de euros y las comisiones irregulares a un millón, frente a los 6,5 millones que hubieran correspondido aplicando el 3%. Algunas de las donaciones se disfrazaron para "contribuir a la defensa de la cultura y los intereses de Cataluña".
Con el amaño de estos contratos se vulneraban principios como el de "legalidad, igualdad y transparencia", señala el magistrado, al tiempo que obtenían una "buena relación con el partido y sus jerarcas", mostrando así credenciales para continuar ganando más concursos posteriores. "Es decir, simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios", según recoge el auto al que ha tenido acceso El Periódico.
Origen de los amaños
Andreu Viloca, extesorero de CDC, era quien "llevaba a cabo un control exhaustivo de las licitaciones" realizadas por entes municipales y supramunicipales bajo la batuta de CDC. Las obras se concedieron a través de ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales y otros organismos de la Generalitat.
Las empresas enmascaraban las comisiones ilegales mediante donaciones "con el afán de disimular". Los pagos, según el texto del juez, se transferían desde distintas sociedades controladas por un mismo holding empresarial, o bien se realizaban desembolsos a las fundaciones ligadas al extinto partido.
