La Agencia Catalana de Consumo (ACC), a cargo del Departament de Empresa que lidera el conseller Roger Torrent, ha puesto una multa a Amazon de 10 mil euros por la falta de "instrucciones en catalán en sus armarios de recogida de productos". Según consta en una respuesta parlamentaria de Torrent del pasado 23 de febrero a una pregunta de Junts, se trata de una sanción "leve de su tramo alto" interpuesta a la compañía, que en este caso corresponde a esa cantidad. Las sanciones graves ascienden a 100 mil euros y las muy graves hasta el millón de euros. Fuentes internas del ACC consultadas por Vozpópuli confirman esta multa, a la vez que afirman que hay varios expedientes abiertos a la corporación estadounidense por vulnerar los derechos lingüísticos, valiéndose de la ley de Código de Consumo de Cataluña.

La ACC también ha abierto un expediente sancionador que se encuentra en fase de diligencias previas por "la carencia de aceptación de un documento oficial redactado en lengua catalana, aportado por una persona consumidora en una reclamación previa presentada en la empresa", en referencia a una resolución de Amazon del pasado 9 de enero cuando instó a una clienta a que presentara la denuncia por no haber recibido un paquete en castellano en lugar de hacerlo en catalán, como ya había hecho. La Plataforma per la Llengua denunció este hecho ante la Oficina de Garanties Lingüístiques y acusó a la empresa de incumplir la Ley de política lingüística.

Como ha podido saber este medio por fuentes conocedoras, la ACC instó a Amazon a tomar actuaciones para garantizar el catalán, preguntando por su atención en la lengua así como peticiones para que fuera más activa en el impulso del catalán en la web y en los etiquetados. La Agencia hace un seguimiento cercano a la compañía, y en junio del año pasado se reunió con ella para hacer un balance general de las reclamaciones recibidas contra la empresa en el año 2022. Como ha denunciado Plataforma per la Llengua, que tiene mucha influencia en la ACC con varias reuniones anuales y su participación directa en el anteproyecto del nuevo Código de Consumo de Cataluña, Amazon "vulnera sistemáticamente los derechos de los catalanoparlantes al no emitir facturas en catalán ni tener la web disponible en la lengua propia".

Sin embargo, fuentes expertas e implicadas directamente en la supervisión del código, afirman que con carácter general y citando la misma información de la ACC, no hay ninguna normativa que obligue a las empresas a disponer de web en lengua catalana, como tampoco es obligatorio que dispongan de web, por ejemplo, en lengua castellana, dado que se trata de una actividad que queda estrictamente dentro del ámbito de decisión de cada empresario."El artículo 128-1 del Código de consumo establece las informaciones que los consumidores tienen derecho a recibir en lengua catalana (invitaciones de compra, documentación contractual, presupuestos, informaciones necesarias para el consumo, uso y manejo adecuado de los productos y servicios, etc.). En consecuencia, en la medida en que las web de empresas dirijan de forma unívoca y activa su oferta de productos y servicios a potenciales consumidores catalanes, e incorporen cualquier información recogida en el citado artículo, estas informaciones deben estar disponibles, al menos, en catalán", recoge la misma ACC.

Presiones desde la ACC

Fuentes internas de la ACC y conocedoras de los procesos abiertos en múltiples ámbitos en lo que respecta a derechos lingüísticos han explicado a este medio que existe una gran presión por "forzar la norma" y ejercer un señalamiento en páginas webs y etiquetados de productos industriales por el catalán. Argumentan que el problema es la aplicación de la ley, llevando a situaciones que "bordean la legalidad o el ridículo" a la hora de hacer un seguimiento de un caso y movilizar demasiados recursos para un asunto que no lo requiere. Se dan ejemplos, explican, donde se hinchan informes de inspección para que se ajusten a las interpretaciones sancionadoras y poder abrir un expediente estando muy lejos de las necesidades reales del consumidor.

Recaudación por sanciones por no usar el catalán en webs y apps

La Agencia Catalana del Consumo, que dirige Albert Melià (exdirector general de Política Lingüística) aumentó un 93% el importe obtenido por sanciones en 2022 respecto al año anterior, llegando a los 6,4 millones de euros obtenidos. A pesar de que el Constitucional ya dio carpetazo a las multas lingüísticas en el ámbito comercial, el Govern sigue recaudando por este tipo de sanciones. Solo en 2022 la cuantía fue de 112.606 euros por 68 sanciones. Del 2019 al 2021, la Generalitat de Cataluña recaudó 243.848 euros de las sanciones impuestas por infracciones en materia de derechos lingüísticos. Los 'espías' que fiscalizan la calidad lingüística en el ámbito empresarial, que es privado, han señalado en los últimos años a cadenas de todo tipo, desde Burguer King a Taco Bell, Telepizza, Domino's Pizza, Mcdonald's o Starbucks.

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