ERC ha anunciado que su secretaria general, Marta Rovira, valorará las garantías jurídicas de las que dispone para volver a Cataluña, después de que la Audiencia Nacional (AN) haya invalidado todas las diligencias que el juez instructor Manuel García Castellón acordó en la causa de 'Tsunami Democràtic' con posterioridad al 29 de julio de 2021.
"La decisión de hoy de la Audiencia Nacional cambia la situación legal de la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, que volverá a valorar, junto con sus abogados, las garantías legales para su vuelta a Cataluña", ha explicado el partido en un comunicado este lunes tras la decisión de la AN.
ERC ha celebrado la decisión tomada por la AN y ha expresado que la invalidación demuestra una "clara intencionalidad política" del juez García Castellón.
Wagensberg y Puigdemont
Los republicanos han apuntado que, con la decisión de la AN, todas las personas encausadas con posterioridad al 29 de julio de 2021 quedan exoneradas de la causa, como es el caso de Rovira, y han añadido que lo mismo debería pasar con el diputado republicano Ruben Wagensberg y el expresidente catalán Carles Puigdemont, investigados por los mismos hechos en el Tribunal Supremo.
Respecto a las personas incluidas en la causa con anterioridad al 29 de julio de 2021, como la secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, los republicanos consideran que también deberían quedar fuera de la causa porque las movilizaciones del 'Tsunami', apuntan, se enmarcan en el "ejercicio de derechos fundamentales" y, en última instancia, quedan cubiertos por la amnistía al 'procés'.
Para los republicanos, la prórroga de la instrucción dictada por el juez con posterioridad al día en el que finalizaba el plazo previsto es "sólo una de las irregularidades cometidas por García Castellón" en el caso 'Tsunami'.
Otra prueba de la "intencionalidad política" de García Castellón, dice ERC, es que varios líderes independentistas fueron incluidos en la causa abierta por terrorismo mediante un auto dictado el 6 de noviembre de 2023, pocos días después del anuncio del acuerdo con el PSOE para aprobar la Ley de Amnistía.
