El Ejecutivo de Pedro Sánchez dio luz verde al CNI para intervenir los dispositivos móviles de 18 líderes independentistas que conformaron el movimiento de Tsunami Democràtic en 2019. La investigación se llevó a cabo entre 2019 y 2020 con pinchazos telefónicos y contó con el aval del Tribunal Supremo, según ha informado El Confidencial. La operación se desarrolló durante el auge de las protestas por la sentencia del juicio del 'procés' y en los meses posteriores, que coincidió de lleno con la precampaña de las elecciones generales de noviembre. Esta información detalla los matices de la noticia adelantada por El País esta semana: el seguimiento fue individualizado y no masivo, por lo que las cifras de afectados son mucho menores que los anunciados por el informe de Citizen Lab. Entre los afectados, se encuentra el analista técnico que averiguó que los móviles estaban infectados por los softwares espías Pegasus y Cardiru. Se trata de Elies Campo, ingeniero con amplia carrera en Sillicon Valley con trayectoria en Telegram.
Campo ha sido clave para el desarrollo tecnológico y organizativo de la cúpula independentista, sobre todo para tejer las redes de conexión entre el exiliado Carles Puigdemont y los demás líderes de manera segura. Formaba parte del movimiento Tsunami Democràtic, plataforma a la que el Gobierno quiso controlar de cerca dada su capacidad de convocatoria. Su composición incluía a miembros de Junts, ERC, la CUP y cabecillas de ANC y Òmnium Cultural.
El plan de vigilancia tanto de Campo como de otros líderes de Tsunami quedó recogido en la estrategia de la 'Directiva de Inteligencia' de dicho año y aludía a la necesidad de hacer frente a las amenazas a la Constitución y el peligro a la integridad territorial. Los mismos motivos también se recogen en la ley que regula los servicios de inteligencia.
Las revueltas y protestas callejeras fueron generalizadas de octubre a noviembre de 2019 y el Gobierno ya dio avisos de que había movilizado medios para controlar a los organizadores. Dese el PSOE, quien lanzó sugerencias públicas sobre el desarrollo de las investigaciones fue el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El 14 de octubre de 2019 el aeropuerto del Prat quedó colapsado por miles de personas que se atrincheraron para protestar en contra del fallo del 'procés', una movilización marcada por la tensión y las cargas policiales. El día siguiente el ministro apuntaba a Tsunami Democràtic como 'cerebro' encubierto de lo que había pasado y afirmó que el CNI estaba indagando: "Tenemos unos servicios de Inteligencia realmente eficaces y terminaremos sabiendo quién hay detrás". Más tarde, aseguró que los grupos organizativos eran pequeños y que estaban "muy organizados".
En esa franja temporal también se dieron los contactos entre el equipo de Puigdemont y funcionarios rusos con el objetivo de conseguir el apoyo del Kremlin para su objetivo soberanista. Dicho argumento ha sido el más utilizado esta semana por la ministra de Defensa, Margarita Robles, para defender la actuación del Gobierno ante las exigencias del bloque independentistas para que dimitiera. "A lo mejor muchos de los que ahora dan lecciones tendrán que callarse cuando se vea las actuaciones que han tenido", avisó en la sesión de control de este miércoles. Sin embargo, ante la denuncia de Citizen lab de que ha habido más escuchas que esas 18, el Gobierno desvincula al CNI de otras intervenciones. Pegasus, eso sí, fue utilizado para espiar a casi una veintena de independentistas, la mayoría de Tsunami Democràtic con muchos perfiles: desde CDR hasta ingenieros y políticos.
