Santi Vila, exconsejero de la Generalitat, ha pedido al Tribunal Supremo la devolución de los 50.000 euros de fianza depositados al inicio del juicio para evitar estar en prisión.
Vila es considerado un 'botifler' entre los independentistas por apartarse de la Generalitat antes de la declaración de independencia de Carles Puigdemont en el Parlament el 27 de octubre de 2017, motivo por el que no percibe ni un céntimo de la caja de resistencia que montaron la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural para sufragar los gastos de los presos y de sus familias. Un montante que ascendía a cerca de tres millones de euros a finales del pasado año.
En su escrito de petición al Supremo, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Vila contabiliza los gastos de desplazamiento, hospedaje y manutención que le suponen ir de Barcelona a Madrid y viceversa por los días del juicio. Todo ello le supone estar en una "situación económica de extrema necesidad", según señala el texto.
Vila hizo efectiva la fianza el 3 de noviembre de 2017 y ahora la reclama para "poder sufragar los elevados costes económicos de desplazamiento, alojamiento y manutención ocasionados por la celebración" del juicio del 1-O. La Fiscalía pide para él siete años de cárcel.
"Drástica limitación de su actividad laboral"
Según se ha expuesto en el escrito, presentado por Joan Segarra, abogado del despacho Molins, este procesamiento ha provocado una "relevante disminución de los únicos ingresos económicos" por la "drástica limitación de su actividad laboral". En concreto, "ha debido suspender las clases que como profesor imparte en la Universidad Ramon Llull y, por otra parte, ha visto reducida considerablemente su actividad laboral ordinaria, a uno o máximo dos días semanales, como director de una empresa en Bañolas (Gerona)".
Con esta falta de ingresos, Vila ha argumentado que tiene que hacer frente también "a los costes legales de su defensa, "sin ayuda económica de ningún tipo".
Según el escrito, Vila está "diariamente a disposición" del Supremo, y por tanto "no subsisten" los motivos señalados por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para imponerle esta fianza. Es el único procesado que se ha librado de la prisión provisional por la fianza.
