El Gobierno catalán de Quim Torra pedía hace 24 horas a Hacienda desbloquear 1.317 millones de euros correspondientes al modelo de financiación autonómica, pero este mismo miércoles ha anunciado, a través de medios de comunicación, un incremento del gasto social de 2.500 millones en los Presupuestos de 2020. Un discurso que ha generado desconfianza entre algunos partidos políticos.
Hasta ahora, Torra ha cerrado la puerta a un adelanto electoral, pero bien pudiera tratarse de un movimiento de cara a nuevas elecciones. "Se trata de un anuncio electoralista en caso de que la fricción entre ERC y JxCat estalle tras la sentencia del 1-O", según han indicado fuentes parlamentarias a Vozpópuli.
El discurso victimista de Torra deja en el aire una gran pregunta que queda por ahora sin una respuesta oficial: ¿De dónde saldrán estos 2.500 millones? Desde la Consejería de Economía han afirmado a Vozpópuli que "no hay más explicaciones" al tratarse de un borrador que "debe ser negociado con los grupos parlamentarios" antes de otoño. "La intención es presentarlos en octubre ante el Parlamento", pero sin concretar más datos ni realizar las oportunas explicaciones pedidas.
Las cuentas comenzarán a negociarse este mismo miércoles, según fuentes del Ejecutivo catalán. La primera reunión de la Generalitat se realizará con los dos partidos que conforman el Ejecutivo, ERC y JxCat. Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat y uno de los máximos dirigentes de ERC, se encargará personalmente de esta negociación. El objetivo de Economía es incrementar el gasto público hasta alcanzar los niveles anteriores a los recortes realizados en 2010 por el gobierno de Artur Mas. La principal preocupación es poner al día las cuentas de las Consejerías de Interior, Salud y Educación, estas dos últimas en manos de ERC.
Según el borrador de los presupuestos de la Generalitat para 2020, avanzado por Rac1 y Catalunya Radio, y corroborado por Vozpópuli, se trata de un incremento del "gasto social" de 2.500 millones de euros con el fin de financiar el 100% de las guarderías, sin coste adicional para las familias; más agentes de mossos de Esquadra y bomberos; rebajas de tasas universitarias y una gran infraestructura, como la culminación de la L9 del Metro, que pretende llegar hasta el aeropuerto de El Prat.
Las cuentas de la lechera de Artur Mas
Las actuales cuentas de la Generalitat se han prorrogado ininterrumpidamente desde 2017. Con la aplicación del 155 no se pudo realizar un nuevo presupuesto en 2018 y pese a la mayoría absoluta independentista no hubo acuerdo de cara a las de 2019. El fin de la Generalitat es revertir los recortes realizados por Artur Mas en un momento delicado para las cuentas autonómicas, donde no hay ingresos suficientes actualmente para elevar el gasto público sin acometer nuevas subidas de impuestos o bien recortar otras partidas.
Fuentes del PSC han asegurado que no sería la primera vez que se presentan unos Presupuestos con unas "partidas falsas" de ingresos, que no se cumplirán. Al mismo tiempo, han afirmado que rechazarán las cuentas si se persiste en la confrontación contra el Estado por parte de la Generalitat, aunque matizan que primero "analizarán" los números, una vez se hayan presentado los Presupuestos ante la Cámara catalana.
Otras fuentes parlamentarias han recordado que para cuadrar las cuentas de 2020 y reducir el déficit no descartan que se utilicen "artimañas contables", como ya hiciera el Ejecutivo de Mas en 2014, al incluir como ingresos supuestas operaciones de venta de inmuebles y otras partidas. El montante alcanzaba los 2.318 millones de euros, pero finalmente no se hicieron realidad. De los cerca de 800 millones estimados por la venta de edificios públicos, apenas se recaudaron de forma neta 551,3 millones. En algunas operaciones, el precio se tuvo que ajustar a la baja, malvendiendo así propiedades públicas.
Fuentes de la Generalitat han señalado que la tesorería se ha tensionado durante el año y lo hará en mayor medida sino llegan los 1.317 millones de euros exigidos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. También han recordado la orden dada en agosto para contener los gastos no urgentes en diversas Consejerías ante el "incumplimiento de la previsión de ingresos".
