La Asamblea por una Escuela Bilingüe ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo por vulneración de Derechos Fundamentales contra el decreto del catalán por vulnerar los derechos fundamentales amparados en la Constitución, principalmente el derecho a la no discriminación lingüística al no aplicar la sentencia del 25% de castellano.
Como defiende la plataforma, el decreto supone, en su totalidad, la infracción del ordenamiento jurídico por haber sido aprobado por un gobierno en funciones más allá de lo que permite el art. 27 de la Ley catalana 13/2008, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno. En el decreto, el castellano no es reconocido como lengua oficial ni como lengua propia. La consecuencia de esa declaración es que no disfruta de la condición de lengua de la enseñanza ni de la Administración educativa.
Por todo ello la AEB ha solicitado la nulidad del decreto y pide que en tanto no se dicte sentencia, se adopten medidas cautelares que impidan su entrada en vigor. Por último, la AEB ha manifestado su indignación ante el reiterado desamparo de los ciudadanos catalanes a las prácticas sectarias en el ámbito lingüístico de la Generalitat. "El Gobierno de España no ha criticado ni ha actuado ante la aprobación y entrada en vigor de este Decreto el pasado miércoles 5 de junio. De nuevo son los ciudadanos los que han de recurrir a los tribunales para impedir la vulneración de derechos lingüísticos en Cataluña e intentar reemplazar la dejadez de funciones de los responsables políticos", ha expresado.
Decreto aprobado justo después del 12-M
Paralelamente el Govern sigue blindando sus políticas lingüísticas. Justo después de las elecciones catalanas, el Ejecutivo catalán aprobó el nuevo decreto del catalán, el Decreto del régimen lingüístico del sistema educativo de Catalunya. Un paso que "despliega el régimen lingüístico derivado del Estatuto de autonomía de Cataluña, y determina el régimen lingüístico del sistema educativo con el fin de garantizar a toda la población escolar el cumplimiento del deber y el ejercicio del derecho de conocer con suficiencia oral y escrita el catalán y el castellano y, a su vez, avanzar hacia la normalización lingüística del catalán", anunciaban. El texto aprobado dejaba en el aire la exigencia de pedir el C2 a los profesores para promocionarles.
Se trata de un decreto que empezó a trabajarse después de que en verno del año pasado el TSJC obligara a tres colegios a impartir una asignatura troncal más en castellano, que Educació se negó a aplicar. Ahora, con la aprobación de este decreto recurrido por la AEB se busca blindar al Departament de Educació como el único competente para velar por el Proyecto Lingüístico de los centros.
