Nuevo carpetazo por parte del Juzgado de Instrucción Número 22 de Madrid a la causa contra el principal centro de investigación contra el cáncer por presunta prevaricación. La jueza ha decretado el archivo provisional del caso tras escuchar el pasado mes de febrero el testimonio de varios empleados del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), señalados por supuestas irregularidades en la adjudicación de licitaciones denunciadas por dos empleadas del centro.
La investigación instruida por la magistrada Patricia Jiménez-Alfaro es fruto de la querella interpuesta por Vox contra varios trabajadores del CNIO por presunta prevaricación, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales en la contratación pública y malversación. La formación de Abascal hacía alusión en su escrito a la adjudicación repetitiva de contratos, siempre por debajo del límite previsto para salir a concurso público, a tres empresas en concreto.
En el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la jueza defiende la falta de indicio alguno de que durante los años 2017 y 2018 hubiera irregularidades que fueran constitutivas de delito. Por tanto, decreta por segunda vez el archivo de las actuaciones, después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara reabrir la investigación el pasado mes de febrero.
La magistrada mantiene que en la querella no se especifican cuáles son las irregularidades y los contratos sospechosos, así como "cuáles son los beneficios obtenidos por las empresas o a los trabajadores denunciados", además de los perjuicios que se han causado al centro. Entiende que lo que los denunciantes ponen de manifiesto, en definitiva, es un problema de optimización del gasto del CNIO, el cuál sostiene no responde a ningún tipo delictivo.
"De su declaración en sede judicial se desprende la disconformidad con el gasto que se produce en el centro, sin que pueda precisar en ningún momento ni la participación que han tenido los tres trabajadores denunciados ni cuáles son las irregularidades en las contrataciones", dicta el auto. No obstante, la jueza no desecha la consideración de la testigo sobre la existencia de presuntas deficiencias en la administración del centro respecto a la optimización del gasto, que limitarían la posibilidad de tener mayor presupuesto para la labor de investigación, no sin antes puntualizar que se trata de una cuestión ajena al ámbito penal.
Presunto vínculo entre cargos del centro y las empresas adjudicatarias
La declarante puso el foco sobre la presunta relación personal entre altos cargos del CNIO, investigados en este proceso, con empleados de algunas de las empresas adjudicatarias. Según denunciaba Vox en su querella, una de estas empresas incrementó de manera sustancial las licitaciones adjudicadas por el centro de investigación en cuestión de dos años, en la actualidad representa más del 30% de su contratación.
Sobre esto, la magistrada dictamina que el investigado José Ramón Martínez Méndez ya estaba desvinculado del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas desde el año 2010, "en fecha muy anterior a los contratos que se dicen irregulares". Asimismo, señala que el exdirector de personal y de financiero no empezó a participar o a ser empleado de la empresa GEOSOL hasta el año 2019, un año después de la adjudicación de los contratos puestos bajo sospecha.
Solicitan que se llame a declarar a más testigos
El partido de Abascal ha presentado ante el juzgado de instrucción un recurso de reforma contra la resolución de la jueza Patricia Jiménez-Alfaro. Vox defiende que, contra el criterio manifestado por la magistrada, se han presentado varios escritos, mediante los cuales se han aportado nuevas pruebas, que han servido para solicitar nuevas diligencias, "frente a los cuales no hay pronunciamiento alguno de este Juzgado".
Los querellantes denuncian el silencio por parte de la instructora del caso sobre la solicitud de llamar a declarar a más testigos a fin de aclarar varios aspectos de la administración de fondos públicos por parte de varios empleados del CNIO durante los años 2017 y 2018. Por ello, entre otras cuestiones, Vox considera que el auto recurrido "representa la culminación de una instrucción inadmisible e indescriptible".
Asimismo, señalan el hecho, manifestado también por la Fiscalía en su recurso, de que durante la primera instrucción no se practicaran todas las diligencias acordadas por el propio juzgado. Hecho que propició la reapertura por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. Del mismo modo, los querellantes señalan su disconformidad con que no se haya solicitado a todas las sociedades señaladas en su escrito pruebas de requerimiento para descartar la existencia de las irregularidades denunciadas.
Con este último auto la jueza da por segunda vez carpetazo a la investigación iniciada contra varios empleados del principal centro de investigación contra el cáncer por presunta prevaricación. La jueza responde así a la orden decretada por la Audiencia Provincial de Madrid y mantiene lo ya expuesto en el primer auto de archivo.
