El Gobierno aprobó este viernes en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso el informe de la Ponencia sobre la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como 'Ley Celaá', con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País.
Precisamente, una de las cesiones del Gobierno a los nacionalistas vascos en la Comisión de Educación ha sido el cambio de nombre de la asignatura Lengua Cooficial, que a partir de ahora pasará a llamarse Lengua Propia, según publica El Mundo este sábado.
Según este diario, el PNV insistió en la importancia del concepto de "lengua propia", avalado por el Estatuto de Gernika, porque aseguran que "confiere al euskera la signficación de lengua vehicular de la enseñanza".
Actualmente, y desde los tiempos de la LOE del PSOE, esta materia se denomina Lengua Cooficial y Literatura. Ahora los nacionalistas aprovechan la ocasión para rechazar el concepto "lengua cooficial" porque implica reconocer que existen dos lenguas.
Durante la votación, la representante de EH Bildu se ausentó de la sala antes de terminar la sesión, mientras que PP, Vox y Ciudadanos rechazaron el dictamen.
El apoyo conseguido este viernes en la Comisión de Educación, que se prolongó durante 10 horas, no es suficiente para el Ejecutivo en el Pleno del Congreso de la próxima semana, en donde el dictamen será de nuevo debatido y deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados), al tratarse de una reforma de una ley orgánica, para continuar su tramitación en el Senado.
Medidas ya incluidas
Además de la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en educación, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares, el dictamen recoge otras enmiendas que han sido aprobadas en las últimas semanas.
Entre estas, el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.
