El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investiga al juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Javier Borrego ante la posible "falta de desconsideración" al presidente de esta Sala, Luis María Díez-Picazo, cuando le advirtió a éste que había dado traslado al órgano de gobierno de los jueces una queja por el retraso en la ponencia de resoluciones, algo que también está siendo estudiado.
Según han confirmado fuentes del CGPJ a Europa Press, el promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas contra Borrego, que tomó posesión en el Supremo el 3 de diciembre de 2018, por la falta de retraso y por un encaramiento con Díez-Picazo.
El presidente de la Sala Tercera -la que revisó el conocido como impuesto de las hipotecas- comunicó el pasado mes de marzo a Borrego, exmagistrado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que pondría en conocimiento del CGPJ la demora que estaban sufriendo el dictado de resoluciones. Lo hacía tras recibir la queja de sus compañeros, pese a que se le hubiera asignado un letrado del Supremo para ayudarle a sacar adelante sus resoluciones pendientes, según informó este jueves 'El Independiente'.
Fue en este momento cuando Borrego, según cuenta el mismo digital, "amenazó" al presidente de lo Contencioso, le "zarandeó", cogiéndole de las solapas, y salió a gritos del despacho de Díez-Picazo. Este incidente fue comunicado por escrito al Consejo General del Poder Judicial, que ahora investiga tanto el denunciado retraso, como la "falta de desconsideración".
Falta de respeto
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) señala que el "retraso injustificado" en la tramitación de procesos se puede considerar una falta grave, que es sancionado con una multa de 501 a 6.000 euros. Pero esta sanción se puede agudizar si se llega a entender como una falta muy grave, que estaría castigada con la "suspensión, el traslado forzoso o separación".
Por otro lado, la LOPJ prevé también como algo grave "la falta de respeto a los superiores en el orden jerárquico, en su presencia, en escrito que se les dirija o con publicidad". Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años y las graves al año.
