La ley que protege a los denunciantes de corrupción en las empresas cumple cerca de cuatro meses en vigor con sus luces y sus sombras. Con esta norma -también conocida como directiva Whistleblowing- España ha dado un paso de gigante para salvaguardar a los informantes. Además, sus efectos ya se dejan sentir en las empresas, que han disparado las consultas a despachos de abogados y la instalación de softwares para facilitar canales de denuncia.

No obstante, la ley, aprobada en febrero para transponer la directiva europea de 2019, llega con retraso y tiene algunas faltas que dificulta que cale una verdadera cultura de la transparencia. La principal sería la ausencia de la creación de una Autoridad Independiente de Protección al Informante que contempla la norma y, la segunda, la falta de unidad de criterio con otros países de la Unión Europea.

Con todo, las empresas ya están moviendo ficha ante la imposibilidad por ley de mirar hacia otra parte si se tiene conocimiento de irregularidades en su seno. Y para ello juegan un papel determinante los responsables de cumplimiento normativo (conocidos como compliance officer).

Fuentes jurídicas consultadas por este medio aseguran que la entrada en vigor de la norma (que afecta a mercantiles de más de 50 empleados) ya ha tenido como efecto directo un aluvión de consultas en despachos de abogados para que realicen investigaciones internas y a ello se suma también el uso de softwares para instalar los debidos canales de denuncia.

"Las denuncias, mejor anónimas"

Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el proveedor europeo Trusty. El cofundador de este programa empleado para canalizar las denuncias, Dejan Jasnic, explica en entrevista a Vozpópuli que la entrada en vigor de la nueva ley ha propiciado que cientos de empresas españolas abran sus cuentas en esta plataforma.

"Actualmente, España representa el segundo mayor mercado de nuestra red (en Europa), después de Alemania", explica Jasnic, el cual reconoce que antes de febrero apenas tenía en cartera un par de empresas españolas. El experto celebra que la normativa es "bastante buena" si se compara con la de otros estados miembro.

Según indica, el ámbito de aplicación es muy amplio y las multas por infracción "bastante elevadas". Al respecto, la ley contempla para personas físicas multas que van de los 1.000 euros (en el caso de las infracciones leves) hasta los 300.000 en el caso de las muy graves. Para las empresas el rango oscila de los 1.00.000 euros hasta el millón.

El dueño de Trusty considera que si las empresas gestionan esta nueva obligación de forma profesional y garantizan la confidencialidad necesaria, ello se puede traducir en una mayor confianza de los denunciantes. "Hasta entonces, la mejor manera de actuar en estos casos es realizar las denuncias de manera anónima", sostiene.

El informe global de la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados (ACFE), desvela detalles relevantes sobre cómo se levantan las alfombras en las empresas. De acuerdo con su reporte de 2022, más del 50% de los fraudes se destaparon gracias a los empleados, lo que hace que la denuncia se convierta en el método de detección más importante de una empresa.

También revela que el fraude aflora en un 42% de las veces gracias a los soplos, mientras que las auditorías internas únicamente identifican el 16% de los casos y las externas el 4%. Tan solo en el 5% de las veces se descubre corrupción en las mercantiles por accidente, el mismo porcentaje que por el estudio de las cuentas.

¿Desprotección del denunciante?

Precisamente salvaguardar los derechos del informante es clave. Por ello explica que el mejor canal interno será aquel que gestione el responsable de cumplimiento normativo. Las soluciones basadas en plataformas web, como es el caso de Trusty, también tienen muchas ventajas, puesto que permiten la comunicación cifrada, el diálogo con un denunciante anónimo y limitan el acceso de la denuncia únicamente al personal autorizado.

Ello hace que la figura del responsable de cumplimiento normativo se antoje determinante. Fuentes del sector consultadas por este medio aseguran que hay aspectos de la ley que les dejan en una tesitura comprometida en caso de que la empresa no quiera aflorar la problemática. En primer lugar, la ley determina que, ante visos de la comisión de un posible delito se está en la obligación de dar traslado de forma "inmediata" al Ministerio Fiscal o la figura de Autoridad Independiente que contempla la norma.

Y en este punto llega el primer problema, puesto que, a pesar de que la ley entró en vigor en marzo, esta figura todavía no ha echado a andar. Las voces consultadas advierten de la incongruencia de que a día de hoy no exista todavía dicha autoridad, máxime cuando la ley le otorga la facultad de estudiar estos expedientes y emitir el preceptivo informe sobre los mismos.

También genera cierto rechazo la obligatoriedad de informar a la Fiscalía. Este aspecto, que no contempla la directiva europea, abre una grieta para los responsables de trasladar lo recogido por el denunciante, ya que no existen directrices concretas de actuación y podría ocurrir que se incriminaran sin querer. "Esta obligación puede hacer que las empresas sean más reacias a promover la denuncia de irregularidades", avisa Dejan Jasnic.

Falta de criterio con la UE

Otros expertos sostienen que, al final, lo que tiene que conseguir la ley es generar todos los incentivos posibles para que los trabajadores no tengan reparos a la hora de denunciar. Por ello, lamentan que no incluya una exención de las multas para las empresas, en sintonía con lo que recoge la Ley Orgánica 14/2022 sobre la reforma del delito de desórdenes públicos, y que exime a los administradores de cualquier sociedad siempre y cuando cesen en las actuaciones irregulares o cooperen con las autoridades.

Otro de los defectos de la norma es la falta de armonía entre España y el resto de países de la Unión Europea. Esto puede suponer un verdadero problema para las empresas multinacionales a la hora de establecer un criterio único de actuación. Al respecto, el cofundador de Trusty avisa que las leyes difieren mucho y que mientras una persona puede gozar de protección en una jurisdicción, puede no ser el caso en otra.

Así, por ejemplo, explica que el ámbito material de la ley española está definido de forma relativamente amplia (infracciones del Derecho de la UE, delitos graves y muy graves) frente a la ley alemana que "tiene casi 30 grupos de diversas normativas incluidas en el ámbito material". Con todo, aplaude el conjunto de la ley y sentencia que, "definitivamente", está ayudando a que se asiente en España la cultura del Whistleblowing.

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